Publicado el 04 de julio, 2019

Gobierno por informe de Michelle Bachelet: «Permite asentar el consenso acerca de la insostenible situación humanitaria de Venezuela»

Autor:

Sebastián Edwards

El canciller Teodoro Ribera, a través de su cuenta de Twitter, señaló que valora el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, en el cual se constatan una serie de violaciones a los DD.HH. por parte del régimen de Nicolás Maduro.

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Sebastián Edwards

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La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, entregó un informe en el que señala que el régimen de Nicolás Maduro  ha cometido «numerosas violaciones de los derechos humanos». 

En 18 páginas, la oficina de  la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU publicó el escrito que mañana dará a conocer en el 41 período de sesiones del Consejo de DD.HH. de las Naciones.

Entre sus conclusiones, la oficina de Bachelet considera que «existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud, en Venezuela. El Gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas. Conforme se agudizaba la crisis económica, las autoridades empezaron a utilizar los programas sociales de forma discriminatoria, por motivos políticos, y como instrumento de control social. Las recientes sanciones económicas están agravando la crisis económica, lo que en último término aumentará el impacto negativo en el disfrute por la población de los derechos económicos y sociales». 

En la misma línea, agregan que «Venezuela ha adoptado e implementado una serie de leyes, políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático, debilitado las instituciones públicas y menoscabado la independencia del poder judicial. Aunque estas medidas se han adoptado con la finalidad declarada de preservar el orden público y la seguridad nacional contra presuntas amenazas internas y externas, han aumentado la militarización de las instituciones del Estado y el empleo de la población civil en tareas de inteligencia y defensa».

En este sentido, «todo ello ha permitido al Gobierno cometer numerosas violaciones de los derechos humanos. Las autoridades han atacado especialmente a determinadas personas y grupos, entre ellos a miembros de la oposición política y a quienes se considera que constituyen amenazas para el Gobierno por su capacidad para articular posiciones críticas y movilizar a otras personas. Esta represión selectiva se manifiesta en una multitud de violaciones de los derechos humanos, que pueden constituir persecución por motivos políticos. Estas violaciones requieren más investigación para determinar la pertinente responsabilidad del Estado y la responsabilidad penal individual».

«El Estado ha denegado sistemáticamente los derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos a la verdad, la justicia y la reparación. La impunidad ha permitido que se repitan las violaciones de los derechos humanos, ha envalentonado a los autores, y ha dejado de lado a las víctimas», sostiene el documento.

Además, la ex Mandataria entrega en su informe una serie de recomendaciones al régimen de Maduro. Entre ellas destacan: 

-Adopte todas las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad y la accesibilidad de alimentos, agua, medicamentos esenciales y servicios de atención de la salud, incluidos programas amplios de atención de la salud preventiva, prestando especial atención a los servicios maternos e infantiles, incluida la atención de la salud
sexual y reproductiva.

Adopte de inmediato medidas para cesar, subsanar y prevenir las violaciones de los derechos humanos, en particular las violaciones graves, como la tortura y las ejecuciones extrajudiciales. 

– Lleve a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes de las violaciones de los derechos humanos, incluidas las muertes de indígenas, y lleve a los responsables ante la justicia.

Ponga en libertad a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad. 

Detenga, condene públicamente, castigue y prevenga todos los actos de persecución y represión selectiva por motivos políticos, incluidas la retórica estigmatizadora y las campañas de desprestigio. 

– Adopte medidas efectivas para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos y a las personas profesionales de los medios de comunicación.

– Cese toda intimidación y ataques contra los pueblos indígenas, incluidos/as sus líderes y lideresas, y garantice su protección y adopte todas las medidas necesarias para proteger sus derechos individuales y colectivos, incluido su derecho a la tierra.

– Detenga y prevenga el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones.

Disuelva las FAES y establezca un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad, asegurar que sus responsables rindan cuentas, así como que las víctimas sean reparadas.

– Adopte medidas efectivas para restablecer la independencia del sistema judicial y garantizar la imparcialidad de la Fiscalía General y del Defensor del Pueblo.

Garantice el derecho de las víctimas a interponer recursos y obtener reparaciones con un enfoque sensible al género, así como su protección contra la intimidación y las represalias. 

– Garantice que todos los programas sociales se implementen de manera transparente, no politizada y no discriminatoria, con la aplicación de medidas eficaces de supervisión y rendición de cuentas.

– Revoque las clausuras de medios de comunicación y ponga fin a otras medidas de censura contra los medios de comunicación; garantice el acceso a Internet y a las redes sociales, incluidos los sitios web de noticias, y la imparcialidad de los órganos oficiales en la asignación de las frecuencias del espectro radioeléctrico.

Desarme y desmantele a los grupos armados civiles progubernamentales (los llamados “colectivos armados”) y garantice la investigación de sus delitos.

La respuesta del régimen

Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro señala que  «el informe señala diversos factores que supuestamente inciden en la situación del derecho a un nivel de vida adecuado en Venezuela. En dicha referencia, omite incluir el impacto generado por las medidas coercitivas unilaterales adoptadas por el Gobierno de los Estados Unidos contra el país».

En el mismo tono, agrega que rechazan las acusaciones injerencistas levantadas en su contra en relación con el respeto de los derechos humanos, especialmente desde el Gobierno de EE.UU., que ha cometido innumerables faltas a la dignidad humana en el mundo entero».

Cancillería chilena valora informe

En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera, señaló que «valoramos el informe de la Alta Comisionada, porque permite asentar el consenso acerca de la insostenible situación humanitaria de Venezuela que ha devenido en una crisis migratoria sin precedentes que requiere de un abordaje regional».

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