Publicado el 24 de septiembre, 2019

Acusación constitucional contra ministra Cubillos será votada el próximo martes en la Cámara

Autor:

Sebastián Edwards

De ser acogida, esta avanzará hacia el Senado en donde los parlamentarios operarán como jueces para ver si la secretaria de Estado es destituida de su cargo o no.

Autor:

Sebastián Edwards

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La Cámara de Diputados fijó el próximo martes 1 de octubre como la fecha en que la Sala votará la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos.

De ser acogida, esta avanzará hacia el Senado en donde los parlamentarios operarán como jueces para ver si la secretaria de Estado es destituida de su cargo o no. En caso de ser destituida, no podrá ejercer cargos públicos por un período de cinco años. 

Esta tarde, Cubillos afirmó que no asistirá a la comisión revisora y que tampoco hará uso de la palabra en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, aseguró que «nosotros hemos sido muy insistentes en que este es el momento de la defensa jurídica. Una acusación constitucional se interpone por infringir la Constitución y la ley. Nosotros nos queremos hacer cargo de cada una de las imputaciones que se hacen en la acusación constitucional, y por lo tanto para esa defensa, la ley permite que una sea representada por un abogado y que la defensa se haga de la manera que uno estime conveniente».

En la misma línea, agregó que «entiendo que hay una confusión cuando se dan los argumentos para interponer la cuestión previa. La ley es expresa en señalar que cuando se acoge la cuestión previa, la acusación se tiene por ‘no presentada».

Ayer a las 23:00 horas, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, presentó su contestación a la acusación constitucional que un grupo de parlamentarios de oposición levanto en su contra.

Entre sus principales argumentos destaca que la acusación «no respeta el carácter de ultima ratio que debe tener por su envergadura, toda Acusación Constitucional, no se verifican las causales establecidas en la Constitución para que proceda la Acusación Constitucional; la acusación contiene imputaciones por hechos que no son responsabilidad de la ministra y no se cumple con los estándares mínimos del debido proceso que permitan conducir un procedimiento racional y justo».

El escrito apunta a que la ministra «ha dado cabal cumplimiento a las leyes que la regulan en todo aquello que cabe dentro de su ámbito de competencia y , no sólo eso, sino que ha procurado con celo que tenga éxito, fiscalizando la implementación de la primera etapa, que tuvieron a su cargo autoridades designadas a fines del Gobierno anterior, con auditorías cuyos hallazgos se encuentran hoy en el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público”.

Acusada en parte por infracción a la vida privada y datos personales por correos enviados a apoderados, la defensa afirma que «la alegada infracción ha sido expresamente descartada por los órganos competentes para pronunciarse al respecto: la Contraloría General de la República y el Consejo Para la Transparencia”.

“No se entiende cómo podría imputarse a esta ministra de Estado el que haya operado el mecanismo que la ley previó expresamente para los casos en que falta el titular y que, por lo demás, opera de forma automática, por el solo ministerio de la ley….La Acusación Constitucional supone una intencionalidad sin aportar ni un atisbo de evidencia de su existencia”, sostiene el documento.

Además, agrega que «el presupuesto del Ministerio de Educación asignado por la Ley de Presupuestos 2019 se encuentra ejecutado de acuerdo a lo previsto a esta fecha, sin que en ningún caso sea posible observar diferencias con respecto a Administraciones anteriores que puedan servir de fundamento para imputar conductas omisivas”.

El abogado defensor de la secretaria de Estado, Francisco Cox, señaló en entrevista con Radio Duna que «creemos que no se cumplen los requisitos de admisibilidad para presentar la acusación”.

En la misma línea, agregó que “fundamentalmente porque se está violando el carácter de ultima ratio en dos sentidos, como no se han agotado instancias anteriores que, si bien la doctrina está divida en que si eso es necesario o no, pero en este caso parece muy evidente ya que no hay interpelaciones sobre estos temas ni comisiones investigadoras. Lo que demuestra que no estamos frente a hechos graves que hayan de ninguna forma entorpecido”.

“Yo encuentro que ayer, y no sé si se le tomó el peso en el momento que ocurrió, se produjo un poco lo que nosotros dijimos y lo que yo dije particularmente de por qué tomaba la defensa de la ministra Cubillos. Yo creía que, sin compartir su ideario político, estar en contra de muchas de sus ideas, justamente lo tomaba porque creía que aquí estaba en juego la institucionalidad”, sostuvo Cox.

En tanto, el Vicepresidente de la República, Andrés Chadwick, señaló que «distintas voces del mundo jurídico, muy autorizadas, de distintos sectores, han señalado y han sido muy explícitos en afirmar que la acusación constitucional en contra de la ministra carece de todo fundamento legal, y por consiguiente, eso es lo principal y lo que la Cámara de Diputados debe reflexionar”

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, señaló que «a diferencia del Tribunal Constitucional, donde hemos reclamado siempre que debería ceñirse a la cuestión jurídica y no política, nosotros somos una cámara política, y quien no lo tenga claro no entiende el rol de la política o del Parlamento, y tenemos que apegarnos a la norma evidentemente”.

En este sentido, hizo un llamado a que “bajemos el tono, ha habido un poquito de soberbia en las respuestas de la ministra”. Y añadió que “siempre hay que entender cuál es el rol y alcance del otro, y en ese escenario poder llegar a la mejor decisión. Yo creo que ha faltado un poquito de humildad, para que lo hablemos con claridad”.

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