Marco Enríquez-Ominami ha aparecido en la papeleta presidencial en tres ocasiones (2009, 2013 y 2017) y luego del fallo dado a conocer por el Tribunal Constitucional (TC) durante esta jornada, el líder del Partido Progresista (PRO) podría llegar a concretar su cuarta candidatura, si el Servicio Electoral (Servel) se lo permite.

De manera unánime, el pleno del TC acogió una medida cautelar presentada por ME-O y optó por devolverle sus derechos políticos, con lo que podría inscribir su candidatura presidencial por cuarta vez, para lo que tiene plazo hasta este lunes 23 de agosto.

La resolución del TC declaró inconstitucional haberle quitado su derecho a sufragio en el marco de la Ley de Sistema de Inscripciones Electorales que se le aplicó por haber estado acusado por el Ministerio Público y arriesgar pena de cárcel. Aquello, debido a la investigación en su contra por el presunto delito de fraude en subvenciones, en medio del caso OAS de financiamiento ilegal de la política.

El fallo establece que mientras no se resuelva el fondo de un requerimiento presentado por el fundador del PRO, el Servel debe abstenerse de excluirlo del Registro Electoral de cara a los próximos comicios de noviembre.

El excandidato celebró en sus redes sociales asegurando que «hoy es un buen día para Chile y un buen día para la justicia. Hoy es un buen día porque finalmente puedo recuperar mis derechos civiles y políticos».


“Quiero agradecer al Tribunal Constitucional por esta decisión histórica, por haber hecho justicia y permitirme así continuar mi lucha por el cambio, por un Chile más justo y democrático. Por una nueva Constitución, la única capaz de hacer realidad una igualdad de oportunidades para todos los chilenos”, afirmó Enríquez-Ominami en la página de su partido.

Sin embargo, el Servel informó mediante un oficio este mismo miércoles que no podría incluir al periodista Cristián Warner, exasesor de MEO, debido a que no puede modificar el listado de personas inhabilitadas para ejercer sus derechos políticos en las próximas elecciones de noviembre, pues el listado ya está auditado en el plazo que establece la ley que es 140 días antes de los comicios.

El oficio del Servel señala que la Ley 18.556 establece, en su artículo 29, que las actualizaciones de la «suspensión del derecho a sufragio de una persona inscrita o el cese de dicha inscripción, se suspenderán a los 140 días anteriores a cada elección o plebiscito».

La información para Warner, quien también había recurrido al TC para recuperar sus derechos electorales, podría ponerle freno al decreto del pleno que le daba esperanzas a Enríquez-Ominami de llegar a la papeleta en noviembre.