La ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, justificó la decisión del Gobierno de no firmar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú.   «Se considera inconveniente la suscripción del Acuerdo de Escazú, atendida la ambigüedad y amplitud de sus términos, su eventual autoejecutabilidad y la obligatoriedad de sus normas que prevalecerían por sobre la legislación medioambiental interna, todo lo cual generará una creciente judicialización de los procedimientos ambientales», dijo este martes en la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.

Se trató de una decisión unánime en el Gobierno. El pacto ya cuenta con 9 de las 11 ratificaciones que necesita para entrar en funcionamiento. Hasta el próximo sábado se podrá subscribir el pacto. Pese este plazo no es determinante y tampoco impide adherirse posteriormente, según el canciller Andrés Allamand. «Aquí no estamos ante ningún plazo fatal, ya que con posterioridad al 26 de septiembre cualquier país puede suscribirlo -Acuerdo de Escazú- y someterlo a ratificación», explicó en su intervención durante la sesión.

Según Allamand, «Chile ya tiene una legislación moderna y muy completa en relación a los derechos a los que se refiere Escazú«. Expuso que «señalar que solo de la lectura de este tratado queda en evidencia que, en muchos casos, se refiere a materia de gran importancia de manera vaga y ambigua y particularmente en forma indefinida e imprecisa en término de las obligaciones a las que se compromete el Estado que lo suscribe y ratifica».

La decisión dividió la opinión de los diputados, los oficialistas apoyaron al Ejecutivo y los opositores consideraron como un retroceso no suscribir el acuerdo.​ Chile está suscrito al Acuerdo de París, y el Presidente Sebastián Piñera en su discurso de este martes ante la Asamblea General de Naciones Unidas enfatizó en el medioambiente.