Este martes el Consejo de Defensa del Estado informó sobre una querella criminal presentada contra el exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa y el subcomisario Eduardo Villablanca por «delitos reiterados de malversación de caudales públicos».

La acción legal imputa a Espinosa además por «delitos de falsificación de instrumentos públicos y de lavado de activos», hecho por el cual también acusan a su cónyuge María Neira Cabrera, funcionaria del Servicio de Impuestos Internos y al subcomisario Villablanca.

Según la información publicada por el CDE, los antecedentes reunidos en la investigación del Ministerio Público permiten deducir que el querellado Héctor Espinosa, entonces director general de la PDI, y su ayudante Eduardo Villablanda «sustrajeron cuantiosos caudales públicos provenientes de gastos reservados, los que este último depositó en efectivo en cuentas corrientes de Espinosa y de su cónyuge». 

La misma acción penal describe la forma en que se falsificaron las declaraciones juradas para justificar el uso y destino de los referidos gastos reservados otorgados por Ley de Presupuestos de la Nación a la PDI, que entre junio de 2015 y diciembre de 2018 ascendieron a más de $1.300 millones. «Mediante certificados dolosos firmados por Espinosa» se habrían justificado «egresos periódicos de fondos que, en promedio, ascendían a 30 millones de pesos mensuales». 

El CDE sostiene que con los dineros sustraídos «los imputados, a sabiendas del origen ilícito de estos fondos, realizaron distintas operaciones que tuvieron por finalidad su introducción en el sistema económico formal, ocultándolo mediante el fraccionamiento en diversas cuentas». A la fecha, según la querella del Consejo, los imputados habrían adquirido vehículos, un departamento en la comuna de Las Condes, entre otros bienes.