Publicado el 6 noviembre, 2020

Quemaron universidades y el Metro: quiénes son los que quedarán libres y sin antecedentes si avanza ley de amnistía “Navarro-PC”

Autor:

Emily Avendaño

Del 18 de octubre de 2019 al 18 de octubre de 2020 la Fiscalía formalizó a un total de 5.084 personas: 648 estaban en prisión preventiva, mientras que otros 725 fueron condenados. Por su parte, el Ministerio del Interior se ha involucrado en 534 querellas en las que hay 1.782 imputados. Desde la oposición buscan que todas estas personas no solo sean eximidas de sus condenas, sino también que se haga borrón y cuenta nueva con todos los implicados en hechos violentos, en los que se incluyen los atentados que afectaron 118 estaciones de Metro, de las 136 que componen la red, así como la quema de la Universidad Pedro de Valdivia, del Museo Violeta Parra, de iglesias. Lo mismo con el lanzamiento de molotov a carabineros y sus cuarteles policiales.   

Autor:

Emily Avendaño

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Una idea comenzó a rondar entre la oposición la semana pasada. El primero en decirlo en voz alta fue el senador del PRO Alejandro Navarro que el 27 de octubre anunció el ingreso de una Ley de Amnistía para presos asociados a delitos cometidos a partir del 18 de octubre de 2019. La idea fue calando entre los legisladores más inclinados a la izquierda del espectro político y ese mismo día fue respaldada por la bancada del Partido Comunista que demandó la tramitación de una norma de este tenor “para los jóvenes que participaron en las protestas iniciadas el 18 de octubre de 2019, y que hoy se mantienen en prisión preventiva o han sido condenados por distintos delitos vinculados al estallido social” y anunciaron su respaldo a la moción de Navarro, ya que este tipo de proyectos deben ser iniciados por el Senado.

No se trata de cifras menores. Del 18 de octubre de 2019 al 18 de octubre de 2020 la Fiscalía formalizó a un total de 5.084 personas. Al momento de entregar el balance, 648 estaban en prisión preventiva, mientras que otros 725 ya habían sido condenados. Por su parte, desde el Ministerio del Interior informaron que desde el 18 de octubre a la fecha esa cartera ha participado en 534 de estas querellas que involucran a 1.782 imputados. De estas, las causas en las que el Gobierno se querelló por la Ley de Seguridad del Estado fueron 219 (1.073 imputados). No obstante, por estos procesos en particular hay 3 personas en prisión preventiva, 61 tienen arresto domiciliario, 441 tienen otras medidas cautelares y 59 fueron condenados.

Sin embargo, tanto el Ministerio Público como el Ministerio del Interior advierten de la existencia de otros hechos de gravedad. Por ejemplo, 42 personas han sido formalizadas por los atentados perpetrados en contra de estaciones del Metro de Santiago -en este caso Interior se involucró en 21 querellas-; pero también hay presos por incendios o porte/tenencia de artefactos incendiarios, desórdenes públicos y violencia institucional.

En incendios distintos a los del Metro, la cartera que ahora dirige Rodrigo Delgado se querelló en 17 casos, en los que hay 10 imputados, 5 de ellos en prisión preventiva, 3 con arresto domiciliario y 2 condenados; ya que en los disturbios del 18 de octubre y los días posteriores hubo quemas de hoteles, iglesias y sedes de universidades. 

Otros delitos cometidos en ese contexto fueron desórdenes públicos, saqueos -4.004 personas formalizadas por la Fiscalía- y barricadas, entre otros. 

El Frente Amplio no quiso quedarse atrás y el 28 de octubre los diputados de Convergencia Social, Gabriel Boric, Gael Yeomans, Gonzalo Winter y Diego Ibáñez presentaron un proyecto de resolución en el que solicitan al Ministerio del Interior que desista de las querellas por vulneraciones a la Ley de Seguridad Interior del Estado, cometidas en el contexto de los desmanes iniciados el 18 de octubre de 2019 y solicitan la creación de una comisión para la elaboración de un proyecto de ley de indulto general para los condenados por delitos asociados a esos disturbios. 

En cuanto a la diferencia entre una y otra propuesta presentada por la oposición, los indultos generalmente se otorgan de forma individual y la amnistía es más bien un beneficio general. La otra diferencia entre estas medidas es que el indulto exime solo de la pena; mientras que la amnistía elimina el delito y la condena. 

Es por eso que la propuesta de Navarro luce con más respaldos de las bancadas opositoras. Ayer estuvo acompañado por los diputados Camila Vallejo (PC), Boris Barrera (PC), Emilia Nuyado (PS) y el senador Juan Ignacio Latorre (RD), además de familiares de algunos detenidos para referirse a la iniciativa en una manifestación en el frontis del ex Congreso. 

A continuación algunos de los delitos e imputados por esas causas que podrían favorecerse de la amnistía, si avanza este proyecto.

Atentados perpetrados contra el Metro: los condenados por saquear Del Sol

118 estaciones del Metro de Santiago, de un total de 136 resultaron con daños como resultado de las “evasiones masivas”, saqueos y quemas ocurridas durante la noche del 18 de octubre y los días posteriores. De ellas, 25 fueron incendiadas (7 estaciones completamente quemadas y 18 parcialmente) y 93 presentaron daños de diversa índole.

El primer condenado por uno de estos sucesos fue Marco Labra Canales (domiciliado en Pudahuel con 24 años de edad), quien antes ya había sido sobreseído por delitos vinculados a la Ley 20.000 referida al tráfico de estupefacientes. 

En esta oportunidad, el 14 de agosto de 2020, el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago lo condenó por violar la Ley de Seguridad Interior del Estado a tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, y por robo en lugar no habitado (saqueo) a 541 días de presidio menor en su grado medio. El mismo tribunal decidió sustituir la cárcel por libertad vigilada intensiva durante el tiempo que dure la condena. A la que hay que descontarle el tiempo que estuvo en prisión preventiva desde el 16 de noviembre de 2019. 

Labra Canales quedó grabado en un video en el que se observa a, al menos, 8 sujetos destruyendo a viva fuerza, con diversos elementos y patadas la zona denominada por el Metro como Centro de Preparación de Servicios de Seguridad (CPSS), que consta de una dependencia central blindada en donde se cobijan 28 revólveres, de uso reglamentario .38 y todos los aditamentos de seguridad como grilletes, esposas, credenciales, radios, atavíos de porta munición, cartuchos, cinturones, bastones. Los daños en esta dependencia fueron por el orden de $10.795.645. Los hechos ocurrieron el 21 de octubre de 2019 a esos de las 18:00 horas y cuando regía el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia

Labra Canales se apropió de un uniforme corporativo de vigilante de Metro, y de un chaleco antibalas, que fueron encontradas en su poder, luego de un registro en su domicilio. 

Durante sus acciones, Labra Canales vestía un uniforme del Metro, un gorro con una linterna adosada y un pañuelo rojo que utilizaba para cubrirse la mitad del rostro. Lo que no impidió que se le identificara porque en varias oportunidades se lo quitó para limpiarse el sudor. 

Del CPSS sustrajeron elementos tales como 50 credenciales, 32 equipos de radio, con sus cargadores, 50 chalecos antibalas, 36 grilletes de seguridad, 50 bastones de madera, 50 bastones retractil, 50 fornituras con funda para revólver, 50 cubrecabezas, 50 uniformes de vigilante, 2 computadores y un proyector. Después de esto prendieron fuego al lugar.

Por estos mismos hechos el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago condenó, una semana después, a los primos Williams Venegas y Sebastián Contreras. La sentencia fue de 5 años de presidio, divididos por 3 años y un día por infringir la Ley de Seguridad Interior del Estado y 729 días de presidio por robo en lugar no habitado. Pero, al igual que Labra Canales, deberán cumplir la pena bajo libertad vigilada intensiva.

En su caso fueron detenidos el 21 de mayo de 2020 y se les imputó por forzar las puertas e ingresar al sector de seguridad; lugar que destruyeron y se apropiaron de dos chalecos antibalas que sustrajeron de casilleros del personal.

Además, cuando la policía ingresó al domicilio de Venegas encontraron en su dormitorio seis cartuchos de escopeta, para los cuales no tenía los permisos correspondientes.

No fue hasta finales de septiembre de 2020 que Metro logró poner en operación el 100% del servicio, luego de una inversión de US$ 255 millones. 

A la fecha Metro ha interpuesto 93 querellas por los hechos de los cuales fue víctima. No obstante, la judicialización de estos casos sufrió un traspié esta semana cuando el Séptimo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago dictó un veredicto absolutorio para Daniel Morales Muñoz y B.E.S.M., sobrino y tío que estaban detenidos desde noviembre y diciembre del año pasado, respectivamente, y eran los únicos acusados por el ataque incendiario en la estación Pedrero. El Ministerio Público y los querellantes están a la espera de que se publique la sentencia el 10 de noviembre para introducir recursos de nulidad. 

Por este caso Metro dijo a El Líbero: “Las investigaciones por los casos de incendios y daños a las estaciones de Metro durante los hechos de violencia registrados en octubre de 2019, se encuentran actualmente en proceso. En el caso específico de Pedrero, se debe esperar la sentencia que informará el tribunal el 10 de noviembre. Con esos antecedentes, como Metro evaluaremos los pasos a seguir, al mismo tiempo que continuaremos trabajando de manera coordinada con el Ministerio Público… Esperamos que las investigaciones permitan encontrar y condenar a quienes destruyeron las estaciones que sirven a millones de chilenos”.

Con respecto a las otras estaciones afectadas, la Fiscalía Metropolitana Sur presentó una acusación en contra de Omar Jerez y Jeremy Ramírez, en prisión preventiva desde noviembre y diciembre del año pasado, respectivamente, por el incendio ocurrido en La Granja. Las respectivas audiencias de preparación de juicio oral se realizarán el 16 de noviembre y el 1 de diciembre próximos. La Fiscalía pide 15 años de cárcel para estos acusados. 

Por el siniestro en la estación San Pablo, Daniel Bustos Trabo se encuentra en prisión preventiva y Ariel Cifuentes Tapia está con arresto domiciliario. El 16 de octubre de 2020, la Fiscalía Centro Norte solicitó al Quinto Juzgado de Garantía de Santiago 12 años de cárcel para Bustos. 

En el caso de la estación San Joaquín, Roberto Campos se encuentra con la cautelar de arresto domiciliario nocturno. Mientras que por Las Parcelas solo Juan Manuel Castillo Castillo tiene prisión preventiva por delito de daños. 

La condena en suspenso por el incendio de la sede de la Universidad Pedro de Valdivia 

Alejandro Samuel Carvajal Gutiérrez, de 19 años de edad, fue condenado por el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, el 22 de septiembre de 2020, a la pena de 3 años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva. Esto, ya que se le consideró como autor del delito frustrado de incendio de la sede de la Universidad Pedro de Valdivia, ubicada en la Avenida Vicuña Mackenna N° 44, Providencia. 

El tribunal dio por establecido que alrededor de las 19:00 horas del 8 de noviembre de 2019, Carvajal Gutiérrez ingresó por la calle Ramón Carnicer a la universidad y “arrojó líquido acelerante sobre una cortina de la sala del primer piso, que se encontraba con fuego, avivándose éste y no propagándose, limitándose la acción del fuego a este punto focal, sin que se extendiera ni se conectara con el resto del inmueble”.

Luego abandonó el lugar, pero lo siguió un funcionario policial que presenció y grabó su accionar. Fue detenido ese mismo día a la altura de la Avenida del Libertador Bernardo O’Higgins con calle Lord Cochrane, y se le incautó entre otras pertenencias una mochila que, tras las pericias pertinentes, presentó residuos de líquidos inflamables.

De acuerdo con el Ministerio Público, Carvajal Gutiérrez antes de hacer esto participaba de una manifestación en los alrededores de Plaza Baquedano. Producto del incendio que afectó al edificio de la Universidad Pedro de Valdivia, se causaron daños al inmueble y mobiliario avaluados en cientos de millones de pesos.

Al calificar el delito como frustrado, pese a que el inmueble resultó completamente destruido, el tribunal valoró especialmente la declaración de unos de los peritos en incendios que compareció en el juicio oral, “quien afirmó que la sala en cuestión constituyó una segunda zona focal independiente y desconectada del foco ubicado en el segundo piso de la casona Schneider, que causó su destrucción”. 

El joven de 19 años fue defendido por abogados de la ONG Defensoría Popular reconocida por tener un historial en la defensa de personas acusadas violar la Ley Antiterrorista, por ataques incendiarios o envío de artefactos explosivos. En particular sus abogados fueron Lorenzo Morales Cortés quien en sus publicaciones en redes sociales ha dejado clara su simpatía rodriguista. “Brindo por el verdero (sic) ejército el que creó Manuel Rodríguez en la patria vieja con sus húsares formidables, por el ejército que defendió a Balmaceda de manera impecable y brindo por los rodriguistas el único ejército del pueblo con jóvenes admirables!!”.

El otro abogado relacionado con la ONG vinculado a este caso es Rodrigo Román, quien ha defendido a Manuel Olate Céspedes, un militante comunista chileno requerido por Colombia por su presunta vinculación con las FARC, a los comuneros imputados por la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay; y a Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco. Ambos abogados también representaron a los imputados por el incendio en la estación Pedrero que fueron absueltos el 3 de noviembre.

Actualmente tanto la defensa como el abogado querellante por la Universidad Pedro de Valdivia introdujeron recursos de nulidad contra la sentencia. La defensa busca que el caso sea acogido por la Corte Suprema y se absuelva a Carvajal. Mientras los querellantes por un lado apelan para que la pena sea cumpla efectivamente en prisión y por el otro piden la nulidad buscando un castigo más severo. La Fiscalía pedía una pena de 10 años y un día de cárcel. 

Este caso es mencionado en el proyecto de resolución presentado por los diputados de Convergencia Social que propone la creación de una comisión para la elaboración de un proyecto de ley de indulto general. “El caso de Alejandro Carvajal es una clara evidencia de la instrumentalización política que se le ha dado a la medida cautelar de prisión preventiva… Se logra observar una desproporción en la medida cautelar decretada a un punto que la prisión preventiva resulta ser más gravosa que la propia condena, lo cual se justifica en el afán de infundir temor y enviar ‘señales’ al resto de las personas que se manifiestan, contradiciendo lo expuesto en diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, argumentan.

La iniciativa de los parlamentarios no alude en ningún momento a los hechos de violencia ni a la sucesiva destrucción que hubo a partir del 18 de octubre. En su lugar, solo alude a “manifestaciones sociales” que fueron víctimas de la “represión policial”. 

La Universidad Pedro de Valdivia no fue la única sede destruida por el fuego. El Museo Violeta Parra fue incendiado dos veces en el mes de febrero de 2020. 

El 18 de octubre de 2020 el fuego nuevamente fue el protagonista, en especial por el incendio de la Parroquia de La Asunción -que ya había sido atacada en noviembre de 2019- y de la Iglesia institucional de Carabineros San Francisco de Borja. Sin embargo, por estos últimos eventos aún no se identifica a los responsables. 

Primera línea condenado: lanzó cinco bombas molotov a carabineros

A 5 años y un día de presidio efectivo fue condenado Francisco Andrés Hernández Riquelme el pasado 2 de septiembre por el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. El fallo fue unánime por el delito de arrojar artefactos incendiarios en la vía pública, y fue absuelto “por falta de pruebas” del delito de fabricación de artefactos incendiarios.

El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que el 10 de diciembre de 2019, Hernández Riquelme arrojó cinco molotov a carabineros. De acuerdo con la descripción de los hechos, alrededor de las 19:00 horas en la intersección de las calles Arturo Burhle con Ramón Carnicer, comuna de Providencia, “arroja un artefacto incendiario, del tipo bomba molotov, a un vehículo y personal policial, lanzamiento que luego replica, en el curso de la tarde-noche, en otras cuatro ocasiones, esto es, en segundo término en Vicuña Mackenna con Carabineros de Chile; en tercer lugar desde Vicuña Mackenna, entre Arturo Burhle y Almirante Simpson, hacia la calzada poniente de Vicuña Mackenna; luego, la cuarta vez, en la acera poniente de Alameda Bernardo O’Higgins intersección Ramón Corvalán y, finalmente, por quinta vez, aproximadamente a las 21 horas de ese día, en Bellavista al llegar a Bombero Núñez”.

Se trató de la primera sentencia contra un integrante de la llamada “primera línea”. Mientras arrojaba las bombas molotov, personal de Carabineros de Chile lo siguió en todo momento y logró su detención en la calle Curicó con Avenida Portugal. Al momento de la detención se le encontró en la mochila que portaba guantes, un trozo de tela color verde, máscara de gases color azul, 3 encendedores y una botella de vidrio vacía.

Hernández Riquelme tiene 21 años, reside en La Florida, estudió hasta primero medio y antes de ser detenido se desempeñaba como gasfiter. 

En este caso la Fiscalía buscaba una condena de 20 años, considerando que un lanzamiento de artefactos incendiarios tiene una pena dispuesta de tres años y un día a cinco años, y se pudo acreditar que Hernández Riquelme arrojó cinco. Sin embargo, el tribunal consideró que este no tenía antecedentes y que los cinco lanzamientos ocurrieron en un mismo contexto. 

Ataques a cuarteles de carabineros y los “Antiyuta 21”

El 11 de marzo de 2020 el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago en un procedimiento abreviado condenó a Nicolás Marigual y a un adolescente de iniciales R.A.E.M. por los delitos de maltrato de obra a Carabineros, y por arrojar elementos incendiarios contra la Comisaría de Renca. La pena fue de dos años de libertad asistida para el menor de edad, y tres penas de 60 días por maltrato a carabineros y 541 días por el lanzamiento de artefactos incendiarios para Marigual, quien fue considerado como “cómplice”.

De acuerdo con la sentencia,  el 7 de noviembre de 2019, a las 17:30 horas, los imputados, en compañía de sujetos no identificados, fueron hasta la sede de la comisaría y procedieron a lanzar objetos contundentes hasta el cuartel. Es entonces que Marigual entrega una molotov al adolescente que es quien la arroja a la comisaría. Debido a la explosión, hubo tres policías con lesiones. 

Sin embargo, hay ataques a cuarteles de Carabineros que alcanzan mayores niveles de gravedad y por los cuales hay imputados en prisión preventiva. Se trata de la banda los “Antiyuta 21” detenidos por ataques “constantes y reiterados” a la subcomisaría de Peñalolén, el cuartel más amenazado durante el último año: se trata de 153 ataques, que incluyen desde lanzamientos de piedras hasta disparos con armas de fuego.

Consigna La Tercera que en la transcripción textual de los mensajes de integrantes de la banda se lee que uno de ellos afirma: “Si tuviéramos el apoyo de los traficantes y los choros todo sería muy distinto en ves (sic) de pelear con los pacos, hay locos que le molesta los que protestan, como si no tuvieran hijos, mamás, abuelos. Este gobierno ql se aprovecha de nosotros wn, yo soy terrible piola pero me encanta pelar con la yuta pero pienso que hay que empezar a actuar más directamente, pero falta apoyo”.

Por estos hechos el OS-7 de Carabineros y la Fiscalía Oriente detuvieron a 10 personas, quienes fueron presentadas ante el 13° Juzgado de Garantía de Santiago el 15 de octubre de 2020 y se les acusó por asociación ilícita, confección y lanzamiento de artefactos incendiarios y disparos injustificados de arma de fuego, entre otros delitos. 

Un imputado adulto y otro menor de edad quedaron con arresto domiciliario total y arraigo. Otros dos adolescentes quedaron internación provisoria, y el resto de los adultos con prisión preventiva, mientras dure la investigación, que tiene un plazo de 120 días. 

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