Publicado el 19 diciembre, 2021

¿Qué hacer a partir de mañana? Recuperar el empleo y curar cicatrices, según expertos

Autor:

Catalina Vila Parker

Marisol Peña, Sergio Muñoz, Mariana Aylwin, Hermann González y Sofía Salas reflexionan sobre el Chile que viene. Independientemente de quién resulte electo Presidente, destacan la importancia de la recuperación económica y la necesidad de que haya una alta disposición al diálogo y la cooperación.

Autor:

Catalina Vila Parker

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Los desafíos son múltiples. Hoy se vive la que ha sido catalogada como elección más importante de los últimos 30 años, y gane quien gane la Presidencia recibirá un Chile golpeado por la crisis social y sanitaria. Independientemente del candidato que salga electo, los problemas económicos, sociales, políticos y sobre todo sanitarios asociados a la pandemia van a seguir existiendo, por eso cinco expertos en diferentes áreas hacen una reflexión sobre los principales retos que el gobierno entrante deberá enfrentar, y cómo hacerlo.

¿Qué hacer el día después de los comicios? El Líbero contactó a Marisol Peña, abogada constitucionalista; Sergio Muñoz, analista político; Mariana Aylwin, exministra de Educación; Hermann González, coordinador Área Macroeconómica de Clapes UC; y Sofía Salas, docente e investigadora del Centro de Bioética de la Facultad de Medicina UDD y la Clínica Alemana; y cada uno entrega su respuesta.

Coinciden en la necesidad de que haya una alta disposición al diálogo “honesto”, que exista entendimiento y cooperación para llegar a consensos; y conversar para aunar voluntades. Otro punto que señalan es que hay que recuperarse de las cicatrices que dejó la pandemia y, en especial, retomar la generación de empleo. A continuación sus reflexiones.

Marisol Peña: “La determinación del próximo Presidente  impacta en la Convención Constitucional”

Hoy sabremos quién conducirá los destinos de nuestra Patria durante los próximos 4 años. El nuevo Presidente de la República hereda un país golpeado por la pandemia y por una crisis económica cuya magnitud ha puesto de relevancia el Banco Central en esta última semana. Resulta necesario recuperar sectores o actividades de la vida nacional como el turismo y la industria gastronómica y, lo que es aun más importante, debemos ser capaces de generar nuevas fuentes de trabajo para aquellos que la perdieron en estos dos últimos años o se han visto condenados a vivir del empleo informal.

Si hoy triunfa el candidato de las profundas transformaciones sociales con justicia social, tendremos derecho a cobrarle la palabra de lo afirmado en el último debate televisivo: no se puede gastar más allá de lo que tiene. Luego y, necesariamente, los cambios deberán ser graduales para no generar una espiral de inflación y de endeudamiento que nos coloque al nivel del vecino que un día fue el principal exportador de granos del mundo.

Si, por el contrario, triunfa el candidato cuyo lema ha sido el respeto de las tradiciones, tendrá que ser particularmente cauteloso en dar señales de cambio en aspectos que azotan directamente la billetera de los chilenos como son la previsión y la salud. Y no bastará cualquier señal: tendrán que ser señales de verdad que no queden simplemente subsumidas en aquellas más urgentes como el imperio del orden público y de la paz social.

Ahora bien, la existencia de un Congreso con fuerzas políticas bastante equilibradas es una garantía de que iremos “ni muy rápido ni muy lento” sino que, más bien, en forma equilibrada.

Y todo lo anterior, en tiempos de cambio constitucional. La determinación de quién sea el próximo Presidente de Chile impacta, indudablemente, en la Convención Constitucional. El Presidente tiene iniciativa exclusiva en todo proyecto de ley que importe gasto público como ocurriría si ésta persiste en realizar un plebiscito dirimente en el primer semestre del próximo año o si solicita prórroga del plazo constitucional para evacuar la propuesta de nueva Constitución.

Mi impresión es que puede llegar a existir un “choque de trenes”, como se sostiene en la jerga jurisdiccional; no entre el Presidente y la Convención, sino que entre ésta y el Congreso Nacional que sigue ejerciendo el Poder Constituyente derivado, o sea, la facultad de modificar la Constitución vigente. Por lo tanto, hay cambios constitucionales que podrían adelantarse o discurrir por derroteros distintos a los que se han evidenciado en la mayoría de los convencionales. Si éste fuera el caso, no es difícil pensar que el trabajo de la Convención se iría vaciando de contenido haciendo irrisorio el plebiscito de salida.

Sergio Muñoz Riveros: “El próximo Presidente tendrá que dialogar con las fuerzas opositoras”

El proceso de la segunda vuelta presidencial no terminará sino hasta la proclamación oficial del vencedor por parte del Tribunal Calificador de Elecciones en un plazo de 30 días. Por lo tanto, en el caso de un resultado estrecho, es indispensable que todas las fuerzas políticas actúen con gran prudencia para no generar un clima que pueda afectar la sólida tradición de civismo que tiene nuestro país.

Hay que atemperar las pasiones generadas por la campaña. Para ello, es útil recordar que, en las condiciones del régimen democrático, quienes ganan una elección, no lo ganan todo ni para siempre. Del mismo modo, quienes pierden, tendrán otras oportunidades. La experiencia muestra que las mareas electorales van y vienen: la minoría electoral de hoy, puede ser mayoría mañana, y viceversa.

Independientemente de cómo haya votado cada uno, no podemos perder de vista que formamos parte de un solo país, y que tenemos que entendernos para que el futuro sea mejor. Ello depende, en primer lugar, de que reafirmemos el compromiso con el régimen de libertades, que es lo que nos permite, entre otras cosas, tener elecciones limpias y periódicas. Por eso, es vital proteger el principio de la alternancia en el poder, que establece plazos y mecanismos precisos de renovación de los cargos de representación.

La democracia es, ante todo, el pacto que consagra la competencia pacífica por el poder, dentro de un marco legal que debe ser respetado sin ambigüedades. Quienes optan por la violencia, se ponen al margen de ese pacto, y deben asumir las consecuencias. Erradicar la violencia en todo el territorio es, probablemente, el mayor anhelo de la población.

El nuevo Presidente de la República tendrá que gobernar para todos y eso le impondrá la exigencia de actuar con sentido de Estado. Tendrá que dialogar con las fuerzas opositoras con vistas a propiciar grandes acuerdos en las áreas en las que se jugarán las posibilidades de progreso. Se dará cuenta de que sus poderes no solo están limitados por la Constitución y las leyes, sino también por la realidad. Son inmensos los retos, y quizás el mayor es despejar la incertidumbre constitucional generada por la Convención.

Una cosa es clara: el país no aceptará ninguna forma de desmesura. Y mucho menos, un proyecto refundacional. Quienes no tengan conciencia de ello, chocarán con la realidad. La mayoría quiere estabilidad institucional y respeto a la ley, que son los requisitos del progreso sostenible, y en ningún caso, aventuras dudosas. Habrá que atender las necesidades sociales más urgentes, lo cual está ligado al esfuerzo por alentar el crecimiento económico y la responsabilidad fiscal. Lo realista es construir sobre lo que existe, proteger lo mucho que el país ha creado en diversos ámbitos.

En los días que vienen, será crucial que los líderes políticos actúen con serenidad y altura de miras, con disposición de entendimiento y cooperación. Deben hacerlo por el bien de Chile.

Mariana Aylwin: “No tengo ilusión respecto de lo que viene en educación”

Chile es hoy un país profundamente dividido. Durante más de una década se fomentaron discursos que ahondaron las diferencias, nutridas por sus elites políticas y los movimientos sociales. El mundo académico y los intelectuales alimentaron una visión negativa de la estrategia de desarrollo de nuestro país. Se construyeron diagnósticos opuestos y las propuestas de soluciones fueron siendo cada vez más antagónicas.

Los jóvenes asumieron las banderas de un cambio rupturista y los viejos líderes de la transición se subieron al carro de la retroexcavadora. Los problemas reales de la gente dejaron de ser preocupación, se postergaron ante la incapacidad de la política de ponerse de acuerdo y la idealización de soluciones incompatibles. La educación se convirtió en el campo de batalla de visiones contrapuestas.

Desde el acuerdo del 2008 se implementaron numerosos cambios institucionales. Se cambió entera la estructura del sistema educacional, tanto en el sistema escolar como de educación superior. Se fueron abandonando las políticas de focalización, por las de universalización y garantía de derechos para todos. Se aumentaron significativamente los recursos y, sin embargo, no se avanzó una coma en la calidad educativa. Al contrario, después de una década de mejoramientos objetivos, Chile ha caído en las mediciones internacionales. Pero no importa, porque esas mediciones estandarizadas están cuestionadas, son evidencias inútiles.

Aún se sigue planteando un “cambio de paradigma”, que consiste en pasar de una educación de mercado a una de derecho garantizado. ¡Cómo si ese derecho no existiera!

El sistema escolar es gratuito, sin selección, sin lucro, pero aún tiene una alta participación del sector privado. Vamos entonces por terminar con esa participación, solo porque no le gusta a una parte del mundo político, aunque las familias lo valoren. Las reformas se han hecho desde la desconfianza, estableciendo cada vez mayores regulaciones y prometiendo ilusiones como condonación íntegra del CAE o la gratuidad universal en la educación terciaria.

Los padres quieren que sus hijos tengan un mejor futuro, las innovaciones en educación son indispensables, la formación de los profesores en una mirada más integral y ambiciosa es una necesidad impostergable, pero seguimos discutiendo de institucionalidad. No tengo ilusión respecto de lo que viene en educación.

Las próximas discusiones serán sobre libertad de enseñanza, derecho de los padres en la educación de sus hijos, sistemas de evaluación docente, pruebas estandarizadas y el foco seguirá en una dirección distinta de donde debiera estar: cómo mejoramos la formación de nuestros estudiantes.

No veo propuestas sólidas respecto a la infancia temprana, ni sobre apoyo a los educadores.  Los recursos, como ha sido la tónica de los últimos años, seguirán poniéndose donde hay más gritos y no donde hay más necesidad. Los problemas que enfrentamos en educación son de cambio de paradigma, es verdad, pero ese cambio tiene que ver con qué y cómo aprenden nuestros niños, niñas y adolescentes. La pandemia lo dejó en evidencia.

El problema es político. Mientras no se construya un ambiente favorable al encuentro, al diálogo honesto, a entender que abordar los desafíos requiere conocer la realidad y no enamorarse de las ideas, que buscar acuerdos significa dejar la pretensión de superioridad moral (“nosotros defendemos lo justo, ustedes sus intereses”) y no la imposición de unos sobre otros, veo pocas posibilidades de avanzar con racionalidad.

El gran desafío del próximo gobierno es, por lo tanto, generar las condiciones para una conversación que permita aunar voluntades y romper la grieta de los discursos prevalecientes.

Hermann González: “El desafío es recuperar los empleos perdidos durante los últimos dos años”

Los desafíos en materia económica del próximo presidente de Chile son diversos. Se enfrentará a una economía que, si bien se recuperó rápido de los efectos de la pandemia, acumuló importantes desequilibrios y se ha visto en la obligación de retirar rápido los estímulos fiscal y monetario. Este proceso deberá consolidarse el próximo año. Desde el punto de vista fiscal, el desafío es cumplir con la trayectoria de consolidación, que implica avanzar en la reducción del déficit estructural y estabilizar la deuda pública en niveles sostenibles.

De acuerdo con las proyecciones del último IPOM, el próximo gobierno enfrentará dos años de caída del ingreso per cápita y, al menos un año de caída de la inversión. De esta forma, uno de los principales desafíos será reimpulsar el crecimiento económico, para lo cuál se requiere, en primer lugar, reconocer la importancia de este tema, para luego avanzar en medidas que permitan reducir la incertidumbre, junto con entregar las señales adecuadas de certeza y los incentivos correctos al sector privado, sin el cuál ninguna reactivación es posible. Relacionado con lo anterior, está el desafío de recuperar los empleos perdidos durante los últimos dos años. Aún hay 600 mil empleos menos que antes de la pandemia y eso sin considerar que durante este período aumentó la población en edad de trabajar. Si no se crean las oportunidades, el riesgo de generar decepción y frustración en la población es muy alto.

Las amenazas externas también estarán presentes. El surgimiento de nuevas variantes del covid, alzas aceleradas de tasas de interés internacionales o una desaceleración mayor de la economía china pueden hacer aún más desafiante el escenario económico para el próximo gobierno.

En una mirada más allá de la coyuntura, el próximo gobierno tiene el desafío de lidiar con la baja sostenida de la productividad y del crecimiento económico de largo plazo y con las cicatrices que deja la pandemia en materia de trabajadores desplazados del mercado laboral por el avance de la tecnología, mujeres que han salido de la fuerza de trabajo; con el aumento de la pobreza y de la desigualdad y con las necesidades sociales que persisten en materia de salud, vivienda y pensiones.

Los riesgos externos y sanitarios escapan en gran medida del control de las autoridades, pero hay una serie de otros ámbitos, sobre todo en relación con las señales que se entregan al sector privado, en los incentivos para la inversión y la consolidación fiscal, que entran directamente en el ámbito de las responsabilidades del gobierno y del Congreso.

Un Congreso más equilibrado, especialmente en el Senado, permitirá moderar las visiones más extremas en diversos ámbitos, incluyendo el económico. Además, será necesaria una alta disposición al diálogo y a la búsqueda de consensos por parte de las futuras autoridades de gobierno.

Sofía Salas: “Un futuro Gobierno debiera potenciar aún más la capacidad de la atención primaria de salud”

La actual experiencia respecto de la gestión sanitaria durante la pandemia permite proyectar algunas ideas que el próximo Gobierno debiera potenciar en el área sanitaria. En primer lugar, la importancia de la integración público-privada, incluyendo la posibilidad de un seguro único de salud que asegure atención de calidad para todas las personas. A modo de ejemplo, durante el año 2020 el recurso más escaso fueron las camas de intensivo, las que fueron gestionadas a nivel central. Esto permitió que las personas fueran atendidas de manera independiente a su aseguradora, en cualquier lugar donde hubiese cupo disponible.

Otro ejemplo ha sido la exitosa campaña de vacunación, que permitió que las personas accedieran a vacunas gratuitas en tiempo oportuno y sin discriminación arbitraria, usando toda la red extendida, principalmente a nivel de atención primaria. Esto fue posible gracias a la capacidad de gestión que permitió hacer convenios precoces con distintos proveedores de vacunas, situándonos como líderes mundiales en la campaña de vacunación.

Dado que la actual pandemia reveló diferencias importantes en la salud de las personas según nivel socio-económico, un futuro Gobierno debiera potenciar aún más la capacidad de la atención primaria de salud, con acciones concretas que promuevan la prevención de las enfermedades y la promoción de la salud, por sobre lo que es meramente curativo. Se debe destacar el rol que han tenido los centros académicos en desarrollar nuevas tecnologías (por ejemplo, el aporte que han realizado para que existiesen test de PCR disponibles a nivel masivo) y en la generación de investigación de punta, que ha convertido a Chile en país líder en manejo de datos integrados.

Esto ha permitido generar publicaciones en revistas de primer nivel sobre la eficacia y seguridad de las vacunas y la importancia de las dosis de refuerzo. Un futuro Gobierno debiera potenciar la capacidad de investigación que se tiene en el país, promoviendo cambios legislativos que estén de acuerdo con los actuales desafíos, especialmente en lo que es la institucionalidad de los ensayos clínicos. Se debe fortalecer además la red de Comités Ético Científicos, que velan por la seguridad de los participantes en una investigación.

Por último, un tema de la mayor relevancia es cómo lograr que disminuyan las diferencias en los indicadores sanitarios que se observan según el NSE de las personas. Datos generados durante la pandemia han mostrado de manera evidente que el impacto de ésta no es igual para todos, reforzando el conocimiento que ya se tenía a partir de los resultados de las Encuestas Nacionales de Salud, que muestran dramáticas diferencias en casi todos los indicadores sanitarios entre los quintiles más altos y más bajos de la población.

Esto nos recuerda que la salud tiene un componente multifactorial y que los determinantes sociales de la salud, es decir, las condiciones sociales y económicas, influyen en las diferencias individuales y colectivas en el estado de salud. Si no se resuelven estos problemas estructurales, aumentará la vulnerabilidad hacia las enfermedades en ciertos grupos de personas.

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