Las profesoras asaltadas en Ercilla durante la tarde del 14 de noviembre todavía tienen pesadillas. Ha transcurrido un mes y medio desde que fueron despojadas violentamente de sus vehículos y aún desconocen el desenlace de esa investigación. Tampoco tienen claridad de cuál será su futuro laboral -el colegio podría cerrar- y se encuentran en tratamiento para superar el trauma de la agresión.

En La Araucanía no logran retomar la calma desde el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca, y los propios miembros de ese pueblo han sido víctimas. Al lonco Aniceto Norín le quemaron una ruca en donde desarrollaría un proyecto turístico en beneficio de tres comunidades. Dice que ya se sabe quién fue el culpable, aunque todavía no se levantan cargos.

Otras noticias que tuvieron la violencia como telón de fondo fueron las vinculadas a los liceos emblemáticos de Santiago y una de sus víctimas fue un carabinero atacado y pateado en el suelo por un  grupo de estudiantes.

Un poco más temprano en el año ocurrió el cierre de una planta de la empresa Maersk en San Antonio. Seis meses después los ex trabajadores de la compañía se encuentran organizados en una cooperativa que presta servicios de logística portuarios. Mientras, en el ámbito internacional, fueron figuras el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien permanece en prisión, al no haber concretado sus aspiraciones de volver a competir por la presidencia de ese país, pese al apoyo que recibió de Michelle Bachelet y otras 40 personalidades de la izquierda chilena que firmaron una carta en respaldo a su postulación; y el boliviano Carlos Mesa portavoz de ese país en la demanda marítima ante La Haya, quien después de haberse retratado con Evo Morales, ahora lucha porque éste no pueda reelegirse.

Profesoras atacadas en Ercilla: autos fueron recuperados, no saben si seguirá la escuela y siguen con ayuda médica

No hay nada seguro con respecto al futuro de las cuatro docentes asaltadas, en el hecho previo que concluyó con la muerte de Camilo Catrillanca. Tampoco se sabe qué vaya a suceder con la escuela rural de Santa Rosa, perteneciente a la comunidad mapuche de Ancapi Ñancucheo.

El centro tuvo que adelantar el cierre de su año escolar, por temor a que se presentaran hechos de violencia en sus instalaciones tras los ánimos caldeados que dejaron los sucesos del 14 de noviembre.

Los niños, de 8 y 9 años de edad, que iban a bordo de uno de los tres vehículos asaltados, continúan en tratamiento psicológico. También lo están las cuatro profesoras a quienes, además, les dieron licencias médicas.

“Lo único que sabemos es que se han matriculado niños y que hay que seguir, pero la sostenedora verá si contrata a alguien, todo está en veremos”, afirma la directora de la escuela, que también iba en uno de los vehículos asaltados,de la escuela. “Estamos recién asimilando los medicamentos, jamás habíamos estado en tratamiento psiquiátrico, estamos todas con licencia. Además, que no se sabe nada tampoco, quiénes fueron, no hay detenidos, parece. Eso nos tiene intranquilas y qué va a pasar con nuestro trabajo, no tenemos nada, quedamos en el aire”, subraya.

Los tres autos robados, un Chevrolet, un Nissan y un Great Wall, fueron recuperados, pero permanecen en poder de las aseguradoras. El Chevrolet, que iba adelante al momento de la persecución con Carabineros, tuvo daños consistentes con pérdida total.

Cuesta mucho, estamos pendiente de las ventanas, quién anda fuera, siempre estamos pendiente de eso, con susto, tocan la puerta y uno abre con susto (…). Con temor a que nos reconozcan, no sé. Ya no es lo mismo, cambió la vida realmente”.

A mediados de diciembre tuvieron una reunión con la ministra de Educación, Marcela Cubillos, y con el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, pero del encuentro no salieron muchos avances, comentan; salvo que hay que continuar esperando por el resultado de las investigaciones que adelanta la Fiscalía de Collipulli.

Mientras tanto, ni las docentes ni los niños logran conciliar el sueño con tranquilidad. Continúan las pesadillas y los malos recuerdos de cuando fueron amenazadas con un hacha y una escopeta. Uno de los niños no puede dormir solo, tampoco se atreve a salir al patio a jugar.

“Cuesta mucho, estamos pendiente de las ventanas, de quién toca la puerta, quién anda fuera, siempre estamos pendiente de eso, con susto, tocan la puerta y uno abre con susto. No ha sido un tema muy normal que digamos, ha sido con más sobresaltos. Con temor a que nos reconozcan, no sé. Ya no es lo mismo, cambió la vida realmente”, concluye.

Aniceto Norín, el lonco mapuche que reconstruye su ruca

El lonco Aniceto Norín protagonizó una de las postales de este año. Él y el Presidente Sebastián Piñera se dieron un abrazo tras plantar un canelo, el árbol sagrado mapuche, en Temuco, el pasado 28 de junio.

Norín había sido condenado en 2003 por terrorismo y en 2014 la CIDH ordenó a Chile dejar sin efecto esa pena. La autoridad mapuche ha estado dispuesta a colaborar en las gestiones del Plan Impulso Araucanía, al punto que fue invitado a la firma del acuerdo; y también asistió al encuentro empresarial 3xi.

Tenemos información de quién fue el autor de los incendios. Sí se ha podido recuperar el terreno, pero no podemos comentar sobre eso. Esperamos la mano de la justicia. Hay una investigación de la PDI”.

Tres días después de la muerte de Camilo Catrillanca, el 17 de noviembre, desconocidos incendiaron su ruca ubicada en la comuna de Traiguén, allí se llevaría a cabo un proyecto turístico que beneficiaría a tres comunidades, se calcula que las pérdidas fueron de $50 millones.

Afirmó que no puede dar mayor información sobre este hecho, pues estarían en marcha las investigaciones. No obstante, dijo: “Tenemos información de quién fue el autor de los incendios. Sí se ha podido recuperar el terreno, pero no podemos comentar sobre eso. Esperamos la mano de la justicia. Hay una investigación de la PDI”.

Con respecto al futuro del Plan Araucanía señaló: “Creo que por tantas cosas que ocurren todo ha estado un poco tenso y esperamos mejorarlo lo antes posible. Sí creo que el plan debería seguir en marcha”.

Sindicato N° 1 de Maersk: los trabajadores que se convirtieron en una cooperativa de servicios portuarios

Un balde de agua fría le cayó a los 1.209 trabajadores de la fábrica de contenedores de Maersk Container Industry San Antonio (MCIS) el pasado 14 de junio. Ese día el gerente general de la empresa, Ronnie Jensen, anunció que la firma terminaría sus operaciones en Chile en esa misma jornada. El anuncio estuvo precedido por una pugna entre las dos agrupaciones gremiales de la empresa: el Sindicato N° 1, dirigido por Carlos García; y el Sindicato N°2 a cargo de Alejandro Villatoro.

Esta idea nace después del cierre de la fábrica, como una manera de integrarse a las dinámicas sociales de la ciudad-puerto, dar una solución efectiva al mundo de los transportistas y, de paso, solucionar los problemas de cesantía”.

García, representante de la primera organización, se reinventó y empujó consigo a varios de sus afiliados. Constituyó una cooperativa de servicios logísticos extraportuarios y busca mejorar la calidad de vida de sus ex compañeros en Maersk así como de los transportistas en San Antonio.

Explica: “Esta idea nace después del cierre de la fábrica, como una manera de integrarse a las dinámicas sociales de la ciudad-puerto, dar una solución efectiva al mundo de los transportistas y, de paso, solucionar los problemas de cesantía”.

Una vez que estaban constituidos como cooperativa contaron con el apoyo de la ONG El Otro Capital para educarse acerca de las implicancias de este tipo de organización y formarse en aspectos como gestión de negocios, planificación estratégica, evaluación de proyectos, ventajas económicas locales, liderazgo y comunicación efectiva.

“No existe un regulador de frecuencia en San Antonio, una estructura que ordene el flujo de los camiones hacia el puerto. La gente no tiene en dónde estacionarse, tienen que esperar cinco o seis horas para que le puedan bajar la carga u obtener carga. El conductor se ve en un escenario muy estresante, así que tomamos el modelo de Valparaíso, con la zona de extensión de apoyo logístico, y el antepuerto de Los Andes; para que el camionero sepa exactamente cuándo entrar al puerto, que tenga servicios básicos como una ducha decente, un área recreativa, baños, servicios técnicos, carga de combustible, para que tenga una mejor calidad de vida en su trabajo”, explica García.

A propósito del cierre de Maersk hay una demanda por despido injustificado por parte de 150 trabajadores. Además, unos 180 trabajadores de la empresa forman parte de la cooperativa. Ahora que ya tienen una figura jurídica, buscan el apoyo del Estado, a través de Corfo, para lograr el financiamiento de sus proyectos.

Quintanilla, el cabo agredido que volvió a sus funciones; y la calma de la inspectora del Instituto Nacional

La imagen de un carabinero en el piso, siendo pateado –incluso en la cabeza– por los estudiantes del Internado Nacional Barros Arana corrió como pólvora. El cabo 2° Raúl Quintanilla fue el atacado. Sin embargo, a tres meses del incidente el oficial de Fuerzas Especiales ya retomó sus funciones en la 40ª Comisaria de Lo Espejo, después de haber pasado algunos días de licencia médica tras el hecho.

Otra víctima de la violencia escolar que tomó a algunos de los liceos emblemáticos de Santiago fue la inspectora del Instituto Nacional Marlene Ángel. La docente presenció en junio a varios alumnos manipulando nueve bombas molotov debajo de un bus, y cómo habían cortado la manguera de combustible del vehículo. Su colega, María Teresa Cortés, fue rociada con combustible, en otro hecho.

La inspectora asegura que tras la tramitación de Aula Segura, el Instituto Nacional tuvo más calma, y que en su caso ha logrado superar el estrés.

Lula Da Silva, ex Presidente de Brasil, enfrenta un nuevo proceso judicial

Está detenido en la prisión de la Policía Federal de Curitiba. El 25 de diciembre, Luiz Inácio Lula da Silva dirigió una carta a sus seguidores que fue difundida a través de su cuenta oficial en Twitter. “Esta Navidad no podré estar junto físicamente con mi familia, mis hijos y nietos. Pero no estoy solo. Yo estoy con ustedes de la vigilia, que han sido mi familia, y con todos aquellos que han venido pasar la Navidad”, escribió en alusión a un grupo de seguidores del movimiento Lula Libre que organizaron varias actividades en el Estado de Paraná.

Lula da Silva fue condenado por corrupción a 12 años de cárcel. En julio de este año, estando ya en prisión, 43 personalidades de la izquierda chilena, encabezados por la ex Presidenta Michelle Bachelet, firmaron una declaración de apoyo a la inscripción de su candidatura presidencial. Sin embargo, el Tribunal Superior Electoral de Brasil zanjó que no podía participar en los comicios, por lo que en septiembre Lula declinó a su postulación en favor de Fernando Haddad, quien perdió frente a Jair Bolsonaro.

Esta Navidad no podré estar junto físicamente con mi familia, mis hijos y nietos. Pero no estoy solo. Yo estoy con ustedes de la vigilia, que han sido mi familia, y con todos aquellos que han venido pasar la Navidad”.

A finales de noviembre, un tribunal del Distrito Federal de Brasil abrió un nuevo proceso judicial en su contra, que esta vez también involucra a la ex Mandataria Dilma Rousseff, y a varios miembros de la cúpula del Partido de los Trabajadores (PT). Se les acusa de haber desviado dinero de las arcas públicas, a través de la red de corrupción que se tejió alrededor de la estatal petrolera Petrobras.

El 26 de diciembre, la justicia brasileña le negó al ex Presidente un pedido para acudir al funeral de su amigo y abogado Luis Carlos Sigmaringa Seixas. La ley de ese país prevé el derecho de que un encarcelado pueda dejar la prisión en caso de muerte o enfermedades graves de familiares. No obstante, el tribunal consideró que en la legislación no está tipificado el parentesco entre Lula y el fallecido.

Carlos  Mesa, de portavoz de la demanda marítima boliviana en La Haya a candidato presidencial

Carlos D. Mesa Gisbert anunció su candidatura a la Presidencia boliviana el 6 de octubre pasado. A una semana de que la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, decidiera que Chile “no tiene obligación de negociar con Bolivia una salida soberana al mar”.

Mesa y Evo Morales estuvieron juntos en La Haya. En 2014, el primero fue designado como Representante Oficial de Bolivia para la Demanda Marítima y además recibió una amnistía –cuando ni siquiera había sido juzgado, ni condenado– de Morales para que no tuvieran ningún «tipo de obstáculo administrativo o político” en su gestión ante el tribunal internacional.

Ambos fueron protagonistas del proceso al otro lado de la frontera, pero reaccionaron diferente. Si bien Morales relativizó el resultado, Mesa reconoció el fallo de la CPI. Sin embargo, ratificó que el mar para Bolivia es un “objetivo irrenunciable”. Desde entonces enfocó sus esfuerzos en su campaña presidencial y ha estado en una cruzada porque se respeten los resultados del referéndum del 21 de febrero del 2016, en el que los bolivianos manifestaron no estar a favor de la reelección indefinida del Presidente.

Por otro lado, Mesa está siendo investigado desde noviembre por una comisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (equivalente al Congreso), por supuestos sobornos de la empresa Camargo Correa –de origen brasileño– a su gestión de gobierno, cuando fue Presidente entre los años 2003 y 2005. Proceso que forma parte de la investigación por el caso Lava Jato y la trama de corrupción de Petrobras. Mesa ha negado las acusaciones.