Actualidad Informativa es presentado por:
Publicado el 08 de agosto, 2019

Qué es terrorismo, la discusión que se viene tras la aprobación de la ley corta en el Senado y que volverá a tensionar a la oposición

Autor:

Bastián Garcés

El gobierno anunció que pondrá urgencia a la reforma de la Ley Antiterrorista, horas antes de la Cámara Alta aprobara el proyecto que busca otorgar mayores atribuciones para la investigación de estos delitos. Si bien hay consenso en el mundo político sobre la necesidad de actualizar el concepto de terrorismo, a nivel académico e internacional hay diferentes enfoques sobre las características que lo definen. Este debate se llevará a cabo con una ex Nueva Mayoría dividida tal como se vio en la votación de ayer.

Autor:

Bastián Garcés

Recibe en tu correo Lo mejor de la prensa
Suscribirse

Horas antes de que el Senado aprobara en general ley corta antiterrorista, que busca aumentar las facultades de las policías y el Ministerio Público para la investigación de este tipo de delitos, el gobierno anunció que pondrá urgencia al proyecto que modifica la actual normativa y que aborda el fondo de la materia, y que fue ingresado en abril del año pasado.

Sobre esta decisión, el ministro del Interior Andrés Chadwick explicó que busca avanzar en la iniciativa y «tenerlo despachado fijando como plazo este año, obviamente nuestro compromiso es aprobarlo con las urgencias necesarias, como lo intentamos hacer el año pasado, que queríamos también avanzar y por eso tuvimos que dividir el proyecto, porque no se avanzó».

Si bien sus palabras ayudaron a sacar adelante la ley corta -que debe volver ahora a la comisión de Constitución-, dejó en evidencia la división de la oposición en un tema que lleva años en el debate y que se tomará la agenda, al menos, hasta diciembre.

Tras el fracaso del acuerdo de la centroizquierda en la tarde del día martes, se suponía que durante la jornada de ayer llegarían a un consenso. Algo que no ocurrió. Al momento de argumentar sus posturas, los legisladores de la ex Nueva Mayoría tuvieron dispares posiciones. Así, por ejemplo, en la DC, Yasna Provoste se abstuvo, Francisco Huenchumilla rechazó, mientras que Jorge Pizarro y Ximena Rincón apoyaron la iniciativa . La división también estuvo en el PS. Álvaro Elizalde y Carlos Montes optaron por abstenerse, mientras que Isabel Allende y José Miguel Insulza dieron su voto a favor tal como lo hizo también el ex candidato presidencial Alejandro Guillier. Y en el PPD se dio el mismo escenario de división.

Finalmente, la ley corta logró avanzar en el Congreso con 32 votos a favor, 6 en contra y 5 abstenciones. Pero ahora, y en paralelo a esta tramitación, los legisladores deberán ir al fondo del tema con la reforma a la Ley Antiterrorista.  

Algo que ya se anuncia será un complejo proceso, puesto que existen conceptos básicos que entrarán al debate. Un aspecto que es mencionado en el documento impulsado por el gobierno, en donde se señala que «la misma definición del delito terrorista de la ley N° 18.314 conlleva una dificultad para configurar el carácter de tal».

Ineficacia de la legislación actual

La actual legislación conceptualiza este tipo de hechos como aquellos que se realizan «con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie«, algo que puede ser causado por la naturaleza y efectos de los medios empleados, por obedecer a un plan premeditado de atentar contra un grupo determinado de personas o porque se hace para arrancar o inhibir resoluciones de la autoridad, o imponerle exigencias.

Mientras, la propuesta de La Moneda apunta a ampliar dicha definición al plantear que serán las acciones las que serán consideradas terroristas si cumplen con al menos una de cinco condiciones: producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie; desestabilizar el orden institucional democrático; arrancar o inhibir resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias; u, obedecer a un plan determinado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas.

Esta nueva definición que recogería estándares utilizados por instituciones internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea. Sin embargo, el proyecto del gobierno se encuentra estancado en la comisión de Constitución del Senado desde el 24 de abril del año pasado, cuando el Ejecutivo ingresó una serie de indicaciones sustitutivas -entre ellas, la modificación al concepto de terrorismo-, al texto que la ex Presidenta Michelle Bachelet presentó en noviembre de 2014. Pero, tras el anuncio de Chadwick, debiese avanzar.

Con la actual definición que contiene la Ley N° 18.314, entre 2002 y 2018 solo hubo tres condenas por delitos con carácter terrorista, dos de ellas contra una misma persona, Raúl Castro Antipán, por el caso Peaje Quino. Esto pese a que en dicho período  hubo 127 imputados por este tipo de hechos en 21 casos.

Sobre esta situación, en octubre del año pasado, El Líbero consignó la opinión de la doctora en Derecho e investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Myrna Villegas Díaz, quien señaló que «el fiscal formaliza por delito de terrorismo, toda la investigación se lleva a cabo por delitos de terrorismo, pero en 99% de los casos los condenados lo son solo por delito común«.

De esta forma, se ha instalado el consenso tanto en la oposición, el gobierno y el mundo académico de la necesidad de repensar qué es el terrorismo en Chile.

Los consensos internacionales sobre terrorismo

Pese a que hay acuerdo sobre la importancia de modificar las características que definen a un delito como terrorista, tanto a nivel internacional como chileno no existe una conceptualización única sobre este tema. Así lo hacía notar la cientista política Antonia Vinagre en el estudio «¿Terrorismo en La Araucanía? Una falsa interrogante«, que Libertad y Desarrollo publicó en junio de 2017, en donde afirmaba que «si bien no existe una definición unívoca sobre el concepto en cuestión, sí es posible identificar una nítida congruencia entre ella«.

En dicho texto, la experta cita a diversos autores que han propuestos distintas definiciones para terrorismo, como Alex Schmid y Albert Jongman quienes apuntan a que se trataría de «un método repetido de acción violenta que inspira ansiedad y miedo y que algunos individuos, grupos (semi) clandestinos o agentes estatales utilizan por razones concretas criminales o políticas, en el que al contrario del asesinato, el objetivo inicial del acto violento se elige generalmente al azar o de modo selectivo (simbolismo) entre una población dada y sirve para propagar un mensaje».

Otra definición  que cita Vinagre es la de Brian Jenkins, para quien este tipo de hechos se caracterizan por «el uso calculado de la violencia o de la amenaza para inculcar miedo; se propone forzar o intimidar a gobiernos o a sociedades en la búsqueda de metas que son generalmente políticas, religiosas o ideológicas». Mientras que Jean-Marie Balencie propone que el terrorismo es «una secuencia de actos de violencia, debidamente planificados y altamente mediatizados, que toma deliberadamente como blanco a objetivos no militares a fin de crear un clima de miedo e inseguridad, impresionar a una población con la intención de modificar los procesos de decisión y satisfacer unos objetivos  previamente definidos».

Si bien, son definiciones con distintos enfoques en su texto la experta afirma que «la mayoría de ellas contienen
elementos comunes» y cita un estudio realizado por Schimd y Jongman (1988) en el que revisaron más de 100 conceptualizaciones de terrorismo, encontrando puntos mínimos como: la utilización de la violencia; el carácter racional y concertado de los hechos, los que generalmente recaen en organizaciones; la sensación de fragilidad y vulnerabilidad que generan estos delitos; la necesidad de publicidad de este tipo de actos; y, su componente ideológico. Puntos mínimos que han sido considerados, en mayor o menor medida, en la forma en que organismos internacionales determinan este tipo de sucesos.

En ese sentido, el texto de la ley corta antiterrorista aprobada ayer destaca que la Unión Europea reconoce que «los delitos de terrorismo son fundamentalmente delitos de organización, y en ello se basa el incremento de su peligrosidad, porque se despliega una violencia que no es aislada, sino sistemática«. De hecho, en la directiva 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la lucha contra el terrorismo, la UE afirma que dicho tipo de actos apuntan a intimidar gravemente a una población; obligar indebidamente a los poderes públicos o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo; y, a desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas, constitucionales, económicas o sociales fundamentales de un país o de una organización internacional.

El texto legal impulsado por el gobierno además también releva acuerdos sobre esta materia que Chile ha suscrito a nivel regional. Uno de ellos es la Convención Interamericana contra el Terrorismo de la Organización de Estados Americanos, que fue ratificada por el ministerio de Relaciones Exteriores en noviembre de 2004, y en donde se señala que este tipo de hechos son un «grave fenómeno delictivo que (…), atenta contra la democracia, impide el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales, amenaza la seguridad de los Estados, desestabilizando y socavando las bases de toda la sociedad, y afecta seriamente el desarrollo económico y social de los Estados de la región».

Pese a estas coincidencias, los expertos en la materia señalan que es importante considerar que en este tipo de instancias tiene una mayor importancia los actos terroristas de carácter externo, al igual que legislaciones de países como Estados Unidos, Francia o Inglaterra, cuyas amenazas provienen desde fuera de sus fronteras. Razón por la cual las leyes en esta materias que más se asemejan a la chilena son las de Brasil, Colombia y España. De hecho, la normativa de este último país ha sido comparada con la chilena, tanto por personeros de gobierno como de oposición, porque responden a actos terroristas realizados por grupos internos del país.

Aspecto que se aborda en el documento «Evolución de la legislación antiterrorista: Chile y España«, elaborado por el Departamento de Estudios de la Biblioteca del Congreso por solicitud de la comisión de Constitución del Senado en el marco de la discusión de la ley larga impulsada por el Gobierno. Se afirma que cuando se realizó la definición de terrorismo, el país ibérico «era escenario de la actividad subversiva de bandas armadas como la ETA».

En 2015, España realizó la última modificación a la definición de terrorismo que es contenida en su Código Penal. En ella se añadieron, al artículo 573, cuatro características para conceptualizar este tipo de hechos. Así, además de poder señalar un hecho de este tipo cuando se busca subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, se añadieron: intentar suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado; obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo; desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional; y, provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella.

Las columnas de Opinión son presentadas por:
Ver más

También te puede interesar: