Un grupo de diputados , liderados por el Partido Comunista, presentaron el libelo acusatorio en contra del Presidente Sebastián Piñera, medida que no cuenta con el respaldo completo de la oposición.
Según señaló la diputada Carmen Hertz (PC), al Mandatario se le acusa por su presunta responsabilidad en «las graves y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos cometidas por agentes del estado en el ultimo mes».
En la segunda parte del documento que cuenta con 101 páginas, se abordan las declaraciones emitidas por el Jefe de Estado durante el comienzo de la crisis social.
Entre los diputados que fimaron el libelo figuran: Carmen Hertz (PC), Camila Vallejo (PC), Daniel Núñez (PC), Emiliana Nuyado (PS), Jaime Naranjo (PS), Carolina Marzán (PPD), Tomar Hirsch (PH), Gael Yeomans (CS), Claudia Mix (Comunes), Jorge Brito (RD) y Vlado Mirosevic (PL) y Pedro Velázquez (FRVS).
El diputado Jaime Naranjo (PS), afirmó que «esta acusación constitucional no es una amenaza a la democracia, por el contrario, la fortalece».
En esa línea, la diputada Camila Vallejo (PC), agregó que esta «es una acusación que no solamente se presenta de manera transversal sino que es acompañada por organizaciones de la sociedad civil».
La presentación constitucional liderada por el PC es coherente con el plan que delineó la colectividad y que está registrado en diferentes documentos internos. En ellos plantean la «politización del descontento», la utilización del movimiento estudiantil y sindical para «interrumpir» la agenda del Ejecutivo, además de llamados a paros y movilizaciones que «pueden trazar camino en la pérdida de conducción del gobierno, en el debilitamiento de su iniciativa y agenda legislativa».
Se necesitan 78 votos a favor en la Cámara de Diputados para que esta acusación prospere, y luego 28 en el Senado. De ser aprobada, el Presidente Piñera se vería inhabilitado para ejercer cargos públicos por un período de cinco años y se deberá llamar a elecciones anticipadas.
Sin embargo, el libelo no cuenta con el respaldo de un sector de la oposición, quienes han criticado la presentación de esta acusación.
El senador José Miguel Insulza (PS), señaló que «una salida prematura del Presidente significaría ciertamente una decisión muy grave en este país. Me temo que eso pueda desencadenar situaciones mucho más complejas».
En el mismo tono, el senador Francisco Huenchumilla (DC), recalcó que «una acusación constitucional contra un Presidente, la pregunta que tengo que hacerme es si eso contribuye o no a los grandes objetivos que tenemos como país».
En este sentido, el diputado y presidente de la DC, Fuad Chahin, afirmó que «lo que necesitamos es más bien concentrarnos en que el Gobierno de una vez entienda que tiene que apurar la agenda social más que desconcentrarnos en acusaciones que sabemos que no tienen ninguna posibilidad de ser aprobadas».
En paralelo, se están desarrollando audiencias y sesiones en el Congreso, con el fin de revisar y analizar la acusación constitucional en contra del ex ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick.
Segpres: «No hay fundamento»
Consultado por este hecho, el ministro Secretario General de la Presidencia, Felipe Ward, señaló que «si uno analiza lo que está ocurriendo en la ciudadanía, en lo que ocurre en la calle, cuesta determinar cómo sintoniza esta decisión política, esta decisión de personas de personas que toman esta determinación contra el Presidente, con lo que está ocurriendo en la calle».
En esa línea, añadió que «no sé cómo una acción de esta naturaleza mejora las pensiones, reduce el precio de los medicamentos, no sé cómo les ayuda a las familias a llegar a fin de mes. No hay una sintonía entre esta acción fiscalizadora y lo que está pidiendo la ciudadanía. Y, tampoco, hay una sintonía en relación a esta acción fiscalizadora y lo que ocurrió la semana pasada. Si estamos hablando de un acuerdo por la paz, suscrito por la inmensa mayoría de las fuerzas políticas en Chile, creo que de alguna forma esto no conversa con aquello”.
“No veo cómo esta acción fiscalizadora puede colaborar en ese aspecto, dado ya hay investigaciones en curso, que ya se ha señalado que debe haber un respeto total en materia de DD.HH. y cuando ha habido casos donde han existido abusos se ha llamado a que eso se investigue y resuelva, y obviamente a ser muy cautelosos en el uso de la fuerza. Y no ha habido dos discursos, no ha habido dos opiniones en el gobierno, por eso nos parece que aquí no hay fundamento en lo que se está haciendo”, sostuvo el secretario de Estado.