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Publicado el 26 de noviembre, 2019

Ocho querellas en 20 días: la nueva amenaza opositora contra el Gobierno

Autor:

Emily Avendaño

Las acciones legales tienen como objetivo al Presidente Sebastián Piñera, al ex ministro Andrés Chadwick y al actual titular de Interior, Gonzalo Blumel. Entre los querellantes figuran la ex candidata presidencial por el partido Igualdad, Roxana Miranda, que se desvinculó del Frente Amplio tras rechazar el acuerdo para una nueva Constitución; Carlos Margotta, ex rector de la Universidad Arcis -casa de estudios controlada por el PC-; Esteban Silva, asiduo de las reuniones del Foro de Sao Paulo e integrante de la mesa de Unidad Social; un abogado rodriguista, y Ramiro Gutiérrez Acuña, hijo del diputado comunista Hugo Gutiérrez.

Autor:

Emily Avendaño

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En el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago reposan tres querellas contra el Presidente Sebastián Piñera y otras autoridades de Gobierno. La primera ingresó el 1 de noviembre y acusa al Mandatario y al ex ministro del Interior Andrés Chadwick por homicidio calificado. La segunda es del 4 de noviembre -solo contra el Mandatario- por crímenes de lesa humanidad, y la tercera es del 19 de noviembre y además de al Jefe de Estado incluye a Chadwick y al actual ministro del Interior Gonzalo Blumel por delitos contra la vida y la privacidad de las conversaciones. 

Pero así como llaman la atención los acusados, también lo hacen los nombres de los querellantes, quienes se encuentran, según describió al abogado penalista que asesoró al Ministerio del Interior y ahora es defensor de Chadwick en el proceso de acusación constitucional Luis Hermosilla, con un “domicilio político desde el Partido Comunista y hacia la izquierda”.

Así, entre los acusadores aparece, por ejemplo, la ex candidata Presidencial por el Partido Igualdad Roxana Miranda; abogados que pertenecen a organizaciones como la Defensoría Popular -que tiene historial en la defensa de personas señaladas por violar la Ley Antiterrorista, debido a ataques incendiarios o envío de artefactos explosivos-, el Comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo y la Cooperativa Jurídica; Carlos Margotta Trincado, ex rector de la Universidad Arcis -controlada por el PC y que recibió fondos del chavismo-; y Esteban Silva, asiduo a las reuniones del Foro de Sao Paulo, presidente de la Fundación Constituyente XXI y representante de la Plataforma de organizaciones de Chile Mejor sin TLC en la Mesa de Unidad Social. 

También hay una querella que involucra a Chadwick, a Carabineros y a la PDI ingresada el 29 de octubre; tres sobre la Dirección Nacional de Carabineros de Chile y el ex ministro del Interior  -ingresadas también el 29 de octubre- y una más que abarca al ministro Blumel y el general director de la policía uniformada Mario Rozas. 

«Hay otro camino que se ha ejercido sibilinamente, que es el camino de las acciones penales, a través de la institucionalidad chilena y, en paralelo, de forma sigilosa se está utilizando y avanzando en esa materia con acciones penales tanto contra el Presidente de la República, contra el Ministro Chadwick, contra el Ministro Blumel, contra el director general de Carabineros, contra distintas autoridades. Eso, a mi me parece que es de una gravedad extrema”, advirtió Hermosilla en el programa Mesa Central.

Para el abogado no están funcionando «los filtros» del Poder Judicial, lo cual permite el ingreso de querellas que son infundadas. «Hay una parte del sistema que se está mal utilizando (…). Se nos repite un nombre: el juez Daniel Urrutia, el mismo que se constituye en Baquedano -donde se denunció la existencia de un centro de tortura que resultó ser falso-, el mismo que no acepta una querella contra un joven trotskista que hace un llamado al derrocamiento del gobierno y él dice que es un ejercicio de la libertad de expresión, el mismo juez que cuando admite a tramitación otra querella la asigna de manera ilegal directamente a una fiscal en particular. Eso no es atribución de un juez de garantía”.

En este último ejemplo Hermosilla se refiere a la querella contra Blumel y Rozas, la cual es admitida por Urrutia y remitida a la fiscal Ximena Chong -misma que ha llevado la arista chilena del caso OAS, aún sin resultados- y que según juristas constituye un hecho inédito que un juez designe al fiscal que deba investigar, ya que eso es prerrogativa del fiscal regional. 

En los juzgados, tal como publicó El Líbero, Urrutia es conocido por su “activismo”. El magistrado ha fallado en varios casos de ataques contra autoridades buscando disminuir su gravedad. Por ejemplo, se le recuerda por haber considerado como una falta de respeto a una autoridad pública y no como un delito de atentado a la autoridad, el escupitajo que la dirigenta de las Asambleas Populares de Puente Alto, Catalina Castillo Jara, le lanzó al Presidente Sebastián Piñera el 6 de diciembre de 2013; el ataque a pedradas al vehículo de la ministra Gloria Ana Chevesich en 2007, cuando dijo sobre el acusado: “En una sociedad democrática es un valor luchar por los ideales, aunque se haya equivocado en la forma”; o la agresión al ex presidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica. Estas actitudes han obligado a la intervención de la Corte de Apelaciones, que ha ordenado en diversas oportunidades medidas cautelares más severas que las establecidas por Urrutia; y también le han generado al juez diversos sumarios administrativos e, incluso, sanciones; por sus posturas que muchas veces causan ruido en los juzgados. 

Quiénes son los querellantes 

En el caso de la qurella contra el Presidente por crímenes de lesa humanidad aparecen como querellantes 16 abogados. Uno de ellos es Ramiro Gutiérrez Acuña, hijo del diputado comunista Hugo Gutiérrez; y Washington Lizana, integrante de la organización Defensoría Popular, que representa a ciudadanos sin que tengan que “justificar las tácticas políticas que les impulsaron a desarrollar sus acciones de disidencia”. Es así como la organización ha estado ligada a la defensa de causas de origen mapuche, o a los “casos bombas”. Lizana es ex defensor de Mónica Caballero, absuelta en el caso bombas, y luego detenida por un ataque explosivo en España, registrado en la Basílica del Pilar en Zaragoza el 2 de octubre de 2013.

En 2015 esta organización sufrió una escisión. Por lo que hay dos perfiles en Facebook con ese nombre. En uno de ellos -al que pertenece Lizana- se explica que en 2015 los miembros fundadores expulsaron al abogado Rodrigo Román Andoñe -quien ha defendido a un militante comunista chilenos requerido por Colombia por su presunta vinculación con las FARC, a los comuneros imputados por la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay; y a Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco- por ejercer “violencia machista en contra de dos de las abogadas del colectivo”. 

“Pese a su expulsión, el abogado Román se negó expresamente a abandonar su puesto de ‘defensor popular’, señalando que ‘no me sacan ni con los pacos’, siendo apoyado por algunos miembros del colectivo, quienes siguieron atribuyéndose el nombre de ‘Defensoría Popular’», se lee en Facebook.

Sería desde los abogados de esta ala que se impulsa la querella contra el Presidente Piñera, para la cual el fiscal nacional Jorge Abbott designó a la persecutora regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, para investigar el pasado 11 de noviembre. Abbott se refirió ayer al tema a su salida de una reunión en el Palacio de La Moneda con representantes de los otros poderes del Estado. “Efectivamente se designó a la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, quien ya está realizando labores de instrucción de esa investigación. Ha citado a algunas personas en calidad de testigos, que en los próximos días prestarán declaración con el objeto de avanzar en dicha investigación y poder establecer si es que hay antecedentes serios para formular alguna acusación”, dijo el fiscal nacional. 

Según la querella, en el contexto del Estado de Emergencia “las Fuerzas Policiales y Armadas procedieron a cometer una serie de acciones que tuvieron por finalidad la restricción ilegal de derechos y libertades, como así también la perpetración organizada, generalizada y sistemática de delitos que se concentraron en un período de tiempo de 17 días que va desde el día 19 de octubre del presente año a la fecha de la presentación de este libelo”, señalan la existencia de homicidios, torturas, abusos sexuales, violaciones, detenciones selectivas, mutilación de miembros importantes, entre otros.

Desde la otra ala de la Defensoría Popular, donde se encuentra el abogado Román, también han emprendido querellas, en las que figura como abogado patrocinante Lorenzo Morales Cortés, quien fue candidato a alcalde de San Ramón por la coalición de partidos de izquierda Pacto Pueblo Unido, que agrupaba al Partido Igualdad, Partido Frente Popular (Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez) y quien ha dejado clara su admiración por Manuel Rodríguez al escribir en su twitter: “#MilicosSinGloria. Brindo por el verdero (sic) ejército el que creó Manuel Rodríguez en la patria vieja con sus húsares formidables, por el ejército que defendió a Balmaceda de manera impecable y brindo por los rodriguistas el único ejército del pueblo con jóvenes admirables.!!”.

El 29 de octubre aparecen tres querellas patrocinadas por Morales en contra de la Dirección Nacional de Carabineros y Chadwick por los delitos de abusos contra particulares; en las figuras del estudiante de Literatura Martín Torres; el estudiante de Sociología Matías Jara; y la estudiante de Medicina Eileen Mac-Adoo, que fueron admitidas por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Morales patrocina una cuarta querella el 29 de octubre contra Chadwick, Carabineros y la PDI por homicidio frustrado y abuso contra particulares, que se encuentra en el 15º Juzgado de Garantía de Santiago, esta vez en la figura del estudiante Carlos Vivanco. 

Después del hackeo a Carabineros

A finales de octubre el servicio informático de Carabineros sufrió un hackeo que expuso miles de sus archivos. Entre ellos, documentos que hablarían del seguimiento que realizaban la algunos de los dirigentes de la Mesa de Unidad Social. Este es el contexto de la querella contra el ministro Blumel y el general director Rozas y la denuncia es delitos contra la vida y la privacidad de las conversaciones, pues los querellantes afirman haber sido víctimas de espionaje “al participar el día 30 de agosto de este año 2019, en la actividad de la Casa Central de la Universidad de Chile, en que personal de la policía de carabineros, asistió a la conmemoración del ‘Día Internacional del Detenido y Detenida Desaparecida’, con una lista de ‘blancos de interés’ a quienes vigilar, entre los que se encuentra la Vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Faride Zerán, además de la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos y Detenidas Desaparecidas, Lorena Pizarro; y de la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Emilia Schneider”.

Varias de estas organizaciones actualmente figuran como “organizaciones convocantes” de Unidad Social, que rechazó el “Acuerdo por la Paz Social y una Nueva Constitución” y ha mantenido activa una agenda de movilizaciones y llamados a paro nacional. Por otra parte, es desde el PC que se ha impulsado la acusación constitucional contra el Mandatario. En este caso la abogada patrocinante es Julia Urquieta Olivares, quien también aparecería como un “blanco de interés” para Carabineros. La jurista es militante del Partido Comunista; y trabajó en la propuesta del PC para impulsar la asamblea constituyente en 2015. 

Carlos Margotta Trincado, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, denunció presuntas escuchas telefónicas ilegales, contra Esteban Silva. Margotta fue rector entre 2006 y 2013 de la Universidad Arcis. Durante su administración, entre marzo y octubre de 2009, recibió US$ 13 millones del gobierno de Venezuela, presidido entonces por Hugo Chávez, a través del Banco Nacional Económico de Venezuela (Bandes), por lo que hubo una investigación en el Congreso en 2014. Silva estuvo en Caracas en la edición de este año del Foro de Sao Paulo; y es un activista en defensa del régimen de Nicolás Maduro. 

La otra querella contra el Mandatario la firman Roxana Miranda Meneses y Mónica Araya Flores, dirigente social de Andha Chile y abogada, respectivamente. En agosto de 2013, cuando la postulante a La Moneda del Partido Igualdad (PI), Roxana Miranda, fue a oficializar su candidatura ante el Servicio Electoral (Servel), el abogado Rodrigo Román la acompañó, pues él mismo se estaba postulando a diputado. Con Román, Miranda visitó la cárcel de Angol con el objetivo de entregar el apoyo a tres comuneros mapuche que se encontraban en huelga de hambre en 2014 y ambos terminaron siendo parte de la toma del penal ocurrida a principios de mayo de ese año por las «condiciones deplorables» de los presos. Recientemente, el Partido Igualdad acaba de anunciar que se separa del Frente Amplio, al no estar de acuerdo con la firma del acuerdo por una nueva Constitución.

De regreso al juez Urrutia, tuvo una investigación disciplinaria abierta por la decisión del 3 de marzo de 2016 de dictar el sobreseimiento definitivo de un caso por desórdenes públicos de una causa vinculada con un acto de protesta del colectivo “Andha Chile”. En esta oportunidad la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la decisión y presentó una denuncia penal por prevaricación en contra de Urrutia.

La querella es contra el Presidente Piñera por homicidio calificado, pero hace un repaso histórico de lo que ha sido el accionar de las fuerzas de seguridad del Estado, desde la década de 1970.

Debido a una confusión en la que Araya Flores apareció como querellada y no como querellante, Miranda escribió una airada carta contra la jueza. “A través de la juez, Sra. Tatiana Escobar Meza, nos acaba de insultar como a todo el pueblo de Chile, doliente por las vilezas cometidas por este gobierno en contra de su población asesinada, perseguida, torturada, detenida, violada, secuestrada y robada. En efecto, como si no bastara lo indicado en nuestra extensa querella, tal jueza condiciona el curso de nuestra acción penal, a que debemos exponer, circunstanciadamente, el hecho en que han tenido participación los querellados Piñera y Chadwick”, reclamó. Al tiempo que acusó al Poder Judicial de cobarde y de encubrir violaciones a los DD.HH.

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