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Publicado el 20 de octubre, 2018

Luis Bates y acusaciones contra los supremos y el Fiscal Nacional: «El efecto que producen es aumentar la desconfianza de la ciudadanía en su democracia»

Autor:

Javiera Barrueto

Luego de que el máximo tribunal desestimara la solicitud de diputados del Frente Amplio de remover a Jorge Abbott de su cargo, su abogado señala que estas acciones «socavan el Estado de Derecho». Como ex presidente del CDE, se refiere al caso de Javiera Blanco. «Fui abogado, consejero y presidente del Consejo de Defensa del Estado durante 35 años, y que se cuestione su funcionamiento por un incidente, que es la vida política de una consejera designada por la señora Bachelet, lo lamento».

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Javiera Barrueto

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Hace solo tres días triunfó en la Corte Suprema tras defender al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, ante la solicitud de remoción que presentaron diputados del Frente Amplio. Los magistrados, de manera unánime, descartaron el recurso. Y si bien eso a Luis Bates lo tiene satisfecho, no lo deja tranquilo. El ex presidente del Consejo de Defensa del Estado y ex ministro de Justicia de Ricardo Lagos ve con preocupación cómo el caso del persecutor se suma a la acusación constitucional -también fracasada- contra tres ministros supremos y los cuestionamientos que han surgido contra el CDE tras la renuncia de Javiera Blanco de la entidad.

El penalista cree que estas situaciones van «socavando el Estado de Derecho». Y plantea la necesidad de que «el mundo político conozca mejor cómo funciona el sistema de justicia legal del país».

-Este año se ha cuestionado a los ministros de la Corte Suprema, al Consejo de Defensa del Estado, la Contraloría pasa por un momento complejo, y el Fiscal Nacional debió enfrentar una solicitud de remoción, que finalmente fue rechazada. ¿Por qué cree usted que está pasando esto?

-Se ha ido produciendo gradualmente en nuestra sociedad un componente de desconfianza y de sospecha en el funcionamiento de las instituciones que hace un enorme daño al Estado de Derecho que es reconocido en todos los demás países de América Latina. Nuestro país goza de una institucionalidad legal que incluso es la envidia de muchos otros países. En mi opinión, este tipo de actuaciones, como la solicitud de remoción del Fiscal Nacional y las demás que me menciona, fundamentalmente lo que hacen es ir socavando este Estado de Derecho. Y eso es muy dañino para el bien común del país.

-¿Considera que no ameritaban pasar por los procesos que enfrentaron?

-El ejercicio del derecho a las acciones obviamente existe, el tema es que se ejercen acciones con alto grado de irresponsabilidad y ahí se produce el daño. Esas acciones tienen que ser serias, responsables. Las responsabilidades de los funcionarios públicos claro que hay que hacerlas efectivas cuando infringen las leyes y actúan de manera inadecuada, pero eso tiene límites. Esos límites son los que se han transgredido en la acusación a ministros de la Corte Suprema y en la acusación al Fiscal Nacional. Aparentando velar por el interés público finalmente se daña al país con acusaciones de esta naturaleza.

El ejercicio del derecho a las acciones obviamente existe, el tema es que se ejercen acciones con alto grado de irresponsabilidad y ahí se produce el daño».

-¿Considera que hace falta una modernización de las instituciones?

-Las instituciones naturalmente que tienen que modificarse y adaptarse a las nuevas circunstancias sociales y políticas que se van produciendo en el país y en el mundo. Pero eso tiene que ser, a mi juicio, con efectos en mediano y largo plazos, y que no respondan a situaciones coyunturales que buscan impacto político o público, ganancias de corto plazo que son negativas para el país.

-¿Por lo tanto cree que las instituciones pueden terminar perdiendo libertad y politizándose al quedar expuestas al debate político diario?

-Hay un tema que hay que entenderlo bien: el derecho que aplican las instituciones son expresión de la política y por esa razón cuando se atacan las instituciones como este caso, el Fiscal Nacional, porque no coincide con los intereses momentáneos de la política, se desprestigian las instituciones. Si lo que están haciendo las instituciones no es otra cosa que aplicar el derecho y el derecho es expresión de la política. En consecuencia que los políticos cuestionen la aplicación del derecho es un tremendo error y eso es lo que creo que es parte del daño que se ocasiona a la sociedad.

El ejercicio del derecho a las acciones obviamente existe, el tema es que se ejercen acciones con alto grado de irresponsabilidad y ahí se produce el daño».

-Luego de que la solicitud del Frente Amplio no prosperara en la Corte Suprema, sus representantes dijeron que seguirían por ese mismo camino…

-Hay que plantear acusaciones serias, en este caso quedó demostrado que carecía de la relevancia necesaria para pedir, nada menos, la remoción de una persona que está entre los seis cargos más altos del país. En consecuencia, los motivos para destituirlo, o para hacerlo responsable, tienen que ser gravísimos, de lo contrario lo van a estar acusando todos los días por cualquier cosa. Esperamos que el fallo que va a leerse el 6 de noviembre explique pormenorizadamente las razones que tuvo la Corte para esa unanimidad.

-¿Pero dónde está el límite entre el rol fiscalizador que tienen los parlamentarios y las críticas que se pueden hacer?

-Nadie discute que en Chile hay libertad de expresión y en política se ve todos lo días, pero el problema es que este tipo de actuaciones aunque no se lo propongan, el efecto real que producen es aumentar la desconfianza de la ciudadanía en su democracia. Hay que hacer esfuerzos para que el mundo político, o algunos, conozcan mejor cómo funciona el sistema de justicia legal del país. En el caso del señor Abbott fue impresionante la presentación que se hizo en los tribunales de la solicitud de destitución, un verdadero espectáculo, eso no lo había visto nunca. Sin embargo ayer para los alegatos que hubo no había ningún político. Lo que se busca más es el aspecto comunicacional y ahí hay que adoptar ciertas precauciones y medidas para no afectar el sistema legal de todo Chile.

Fui abogado, consejero y presidente del Consejo de Defensa del Estado durante 35 años y que se cuestione su funcionamiento por un incidente que contamina al consejo, que es la vida política de una consejera designada por la señora Bachelet, lo lamento».

-El Presidente Piñera anunció una modernización al Consejo de Defensa del Estado, una de las opciones es que el cargo de consejero dure un tiempo más acotado, y no hasta que se cumpla 75 años, y que tengan dedicación exclusiva. ¿Cómo los evalúa?

-Lamento todo este episodio. Fui abogado, consejero y presidente del Consejo de Defensa del Estado durante 35 años y que se cuestione su funcionamiento por un incidente que contamina al consejo, que es la vida política de una consejera designada por la señora Bachelet, lo lamento. Las instituciones tienen que mejorar y avanzar, pero el consejo tiene 123 años de existencia en Chile, se creó en 1895, ha estado al servicio de todos los gobiernos, del país, incluso a mí me tocó ser presidente del consejo en el periodo de Pinochet. Entonces, si se empieza a hacer un proceso de reformas por este episodio como el de la señora Blanco, hay que tener mucho cuidado en las medidas que se adoptan. No vaya a ser cosa que ese buen comportamiento que se le ha reconocido siempre, se afecte por medidas apresuradas que se puedan tomar ahora. Tienen que ser medidas muy cuidadosamente analizadas y con la participación del consejo, la presidenta y sus consejeros.

Si se empieza a hacer un proceso de reformas por este episodio como el de la señora Blanco, hay que tener mucho cuidado en las medidas que se adoptan. No vaya a ser cosa que ese buen comportamiento que se le ha reconocido siempre, se afecte por medidas apresuradas que se puedan tomar ahora».

-La presidenta del CDE, María Eugenia Manaud,dijo que las propuestas anunciadas pueden desincentivar que abogados de prestigio y experiencia se interesen en ser consejeros…

-Cuando cumplió 100 años, un gran escritor que era consejero, Gonzalo Vial Correa escribió la vida del consejo a sus 100 años y efectivamente siempre han sido abogados de muy buen nivel en términos generales, siempre. Y si se toman medidas inadecuadas claro que puede afectar los servicios profesionales que otorga a todos los chilenos.  Esto sí puede ser una oportunidad para darle al consejo otras atribuciones que a mi juicio deberían dársele como la defensa de los intereses de Chile ante los organismos internacionales. El CDE, en el caso de La Haya y en otros casos similares, debería tener participación en la defensa de esas causas y, a lo mejor, eso redundaría en menores costos para el país.

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