Una semana después de que la Corte Suprema dejara en libertad a los ocho comuneros mapuches sindicados en la «Operación Huracán» por la quema de una iglesia, el Tribunal Oral de Temuco declaró por unanimidad la absolución de los 11 acusados por el crimen de Werner Luchsinger y Vivian Mackay, ocurrido en la madrugada del 4 de enero de 2013 en Vilcún, en la Araucanía.
Los jueces José Ignacio Rau, Luis Torres Sanhueza y Patricia Abollado estimaron que las pruebas eran “contradictorias e insuficientes para lograr la convicción de participación” de los imputados, que quedaron de inmediato en libertad tras más de un año en prisión preventiva.
Uno de los fiscales de la causa, Roberto Garrido, recriminó, en tono molesto, que los jueces exigen «que se presenten testigos presenciales, fotografías o videos de personas cometiendo estos delitos. Nos parece que no es ese el estándar que consagra el Código Procesal Penal y, en definitiva, lo que hace es consagrar la impunidad para cierto tipo de delitos».
Tras el juicio, un muy afectado Jorge Luchsinger, hijo del matrimonio, reclamó que “el sistema procesal no ha dado el ancho”, y que debe haber una “autocrítica del sistema procesal penal completo, y de cada una de las entidades que participan en el proceso”.
Los 263 medios de prueba que desecharon los jueces
En su fallo, el tribunal desechó el amplio trabajo que había hecho la Fiscalía para recopilar la mayor cantidad de antecedentes, que consistía en 263 medios de prueba. Dado su volumen, se subdividieron en 107 pruebas materiales, 73 testigos, 51 documentos y 32 peritos. En la nómina de testigos se incluyen funcionarios de Carabineros, de la Policía de Investigaciones, familiares de las víctimas y personas que también habían sufrido atentados y ataques incendiarios.
Las pruebas materiales allegadas incluyeron 84 discos compactos con intervenciones telefónicas; 15 celulares decomisados a los imputados; un pasamontañas, guantes, 114 panfletos de la causa mapuche y un bidón incautados a la machi Francisca Linconao; una escopeta y cartuchos calibre 16 que fueron encontrados en poder de Sabino Catrilaf, y un revólver y municiones calibre 22 que ocultaba José Córdova, entre otros elementos.
La fiscalía también incluyó 32 peritos, que habían participado en los análisis balísticos, de armamento, químicos, eléctricos, planimétricos, fotográficos, de audio y video, dibujantes, dactilares, expertos en alcoholemia, tanatólogos, psicólogos, expertos en tráficos de llamadas y en geolocalización. Estos últimos, según la acusación, lograron ubicar en el lugar del crimen los teléfonos de José Tralcal, Luis Tralcal, Francisca Linconao y José Peralino.
Y es que entre las pruebas aportadas estaba un disco compacto con el tráfico de llamadas de una antena telefónica, que permitió georeferenciar a los imputados que estaban precisamente en la casa de la machi Linconao, según mostró en su testimonio un analista de geolocalización de la PDI. El fiscal Garrido dijo que el dicho informe pericial permitió generar la convicción de la participación de los imputados en el crimen, ya que se pudo acreditar su presencia antes y después del atentado.
Otra prueba relevante que no fue considerada por la justicia fue el peritaje sobre un arma que se habría usado en el atentado, que fue trasladada desde Arauco a la Araucanía. A juicio del fiscal Luis Torres, se trataba de la primera prueba para acreditar la existencia del delito.
El testimonio clave que tampoco admitieron los jueces
La principal prueba sobre la que se basaron las acusaciones contra los imputados fue la detallada confesión que hizo uno de los involucrados, José Peralino, sobre la planificación del crimen, su concreción y la posterior huida. Con esa declaración se pudieron acopiar y contrastar una serie de pruebas que tampoco fueron consideradas.
Peralino describió una reunión realizada en la casa de la machi Francisca Linconao con “harta gente” horas antes del asesinato, en que se habló de “recuperar tierras», y «quemar la casa del campo del ‘gringo’», por los Luchsinger. «Se acordó entre las 11 de la noche y la 1 de la madrugada que era buena hora para hacerlo”.
También contó que “cuando estábamos adentro del fundo, saltamos los cercos por el portón principal, nos repartimos las armas; me recuerdo que una escopeta la tomó ‘El alcalde’, la otra el Sergio Tralcal y la otra se la llevó un cabro de pelo largo y barba de Cultrunco, no sé como se llama, y las armas chicas las llevó el Pato Quidel y el ‘Piteo’ Catrilaf y a mí me pasaron una boleadora”.
Peralino también confesó que no declaró antes porque “tenía miedo de que me mataran por contar lo que pasó, pero ahora no aguanto más el cargo de conciencia, duermo hasta mal, yo no quería que los viejitos murieran”.
Pero después se desdijo de toda su confesión y acusó que había sido presionado por los policías de la PDI que lo interrogaron, quienes negaron dicha acusación. Además, sus abogados defensores presentaron a un psiquiatra que dijo que Peralino era incapaz de haber entregado esa declaración, ya que tenía estudios precarios, dificultades de lectura, escritura y raciocinio y tenía la edad mental de un niño de 12 años.
Sin embargo, la fiscalía le realizó otro peritaje que entregaba otra conclusión, respecto de que su condición mental era normal, pero los jueces no lo aceptaron como prueba.