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Publicado el 08 de abril, 2019

Los hitos que revelan cómo la oposición endureció su postura ante la reforma tributaria

Autor:

Javiera Barrueto

Desde propuestas de la centroizquierda para enriquecer el proyecto hasta un ultimátum al gobierno. Esa ha sido la tónica que ha marcado los últimos cuatro meses en los que se ha intensificado el debate. En diciembre la DC y el PPD le entregaron al Ejecutivo sus lineamientos y, desde entonces, han sido recurrentes las reuniones entre Hacienda, los parlamentarios de oposición y sus equipos técnicos. Finalmente los diputados esperan recibir hoy un nuevo texto del gobierno para aprobar la iniciativa el miércoles y que así se comience a discutir en el Congreso.

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Javiera Barrueto

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Hoy podrían comenzar a despejarse las dudas en torno a la reforma tributaria. El gobierno le entregará a la oposición sus últimas observaciones con miras a que el miércoles se vote la idea de legislar el proyecto impulsado por el Ejecutivo. Así lo corroboró ayer el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, en Mesa Central de T13: “Estamos analizando una propuesta para mañana (lunes). Podría haber novedades”.

El escenario se genera a una semana en que la centroizquierda se reuniera con el ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, para entregarle un documento de ocho páginas.

Este podría ser el último intercambio entre el oficialismo y la oposición para que se logre destrabar la reforma, puesto que las conversaciones se han intensificado durante estos cuatro meses. Desde diciembre se identifican al menos 10 hitos donde se aprecia cómo la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio han endurecido el tono del diálogo y han aumentado el nivel de exigencias.

Diciembre, días en que la DC y PPD se abrieron a enviar sus propuestas

Ya a mediados de diciembre surgió una de las primeras diferencias entre el gobierno y la oposición. Mientras el ministro de Hacienda planteaba como fecha el 8 de enero para votar la idea de legislar el proyecto, la oposición se inclinaba por aplazar la decisión para fines de ese mismo mes. La centroizquierda comenzaba a manifestar sus primeros reparos, que se convirtieron en los principales nudos del debate en ese momento: boleta electrónica, compensación recaudatoria, modificación al concepto de gasto rechazado, y cambios a la norma antielusión y a las atribuciones del SII.

Pero el 20 de diciembre, la idea de terminar el periodo legislativo con el primer paso de la reforma tributaria zanjada se veía cada vez más alejada. El presidente de la comisión de Hacienda Pablo Lorenzini, sostuvo entonces que por la carga de proyectos y las más de 30 audiencias aún pendientes para discutir el proyecto impulsado por el gobierno, lo más probable era que se discutiera en marzo. “Hay muchos proyectos que la Sala está enviando a la comisión y que vienen con urgencias, como la Ley de Migraciones. El gobierno puede ponerle urgencia a los proyectos, pero tiene que conversar con nosotros qué es más urgente”, advirtió por esos días Lorenzini.

El 27 de diciembre los acercamientos entre el Ejecutivo y la oposición comenzaron a concretarse. Específicamente las conversaciones se generaron de la mano de la DC, quienes le entregaron al gobierno el documento titulado “Análisis del proyecto de ley de modernización tributaria” de 141 páginas, elaborado por un equipo técnico ligado al partido. El texto se estructura torno a 4 ejes: No reducir la recaudación fiscal permanente; no empeorar la progresividad del sistema tributario; no debilitar la institucionalidad tributaria para perseguir la evasión y la elusión; e impactar positivamente en el crecimiento económico.

A pesar que aún no había claridad en torno a la fecha que se votaría la idea de legislar, en la DC ya se barajaban algunos puntos que eran de mayor consenso. Por esos días, desde la colectividad sostenían que era en torno a las pymes, la figura del “defensor del contribuyente” y el financiamiento regional, donde se existía posibilidad de lograr un acuerdo. De este modo, se percibía un buen ánimo en las conversaciones para destrabar una de las reformas “clave” del gobierno, especialmente en el último año sin una elección de por medio.

Paralelamente, la comisión técnica del PPD también desarrolló una minuta con una serie de medidas que pusieron como condición para aprobar la iniciativa del gobierno que se mantuviera la idea de integrar el sistema tributario. La centroizquierda se mostraba dispuesta al diálogo y a plantearle sus puntos de acercamiento a Hacienda. Así, el 2018 concluía con un escenario favorable para el Ejecutivo y ya se mostraban las primeras luces de lograr un acuerdo.

Un zigzagueante verano de conversaciones

Sin embargo, al poco avanzar enero la relación entre el gobierno y la oposición se empezó a poner “cuesta arriba”. El lunes 14 de enero se retomaron las conversaciones entre los integrantes de la oposición de la comisión de Hacienda y el ministro Larraín. Ello, luego que los parlamentarios suscribieron un documento interno en el que fijaron ocho condiciones que el Ejecutivo debía asumir para destrabar la reforma. Entre los ejes principales estaban: mejorar el régimen tributario de las pymes; no reducir la recaudación fiscal actual y no retroceder en el combate de la elusión y evasión; no aumentar la regresividad del sistema; fomentar el crecimiento de largo plazo; nuevos impuestos regionales; valorar los avances de la desintegración, y esperar la implementación completa de la reforma de 2014 antes de iniciar cambios.

Esos puntos ya no eran una sorpresa para el gobierno, puesto que fueron los lineamientos estructurales que exigía la oposición desde que comenzaron las conversaciones. Incluso, estaban dentro del petitorio que la Democracia Cristiana presentó. “Nosotros tenemos la mejor de las disposiciones para entrar a este diálogo, y entendemos que para algunos parlamentarios de esta comisión (de Hacienda de la Cámara) no ha sido fácil suscribir un documento como este, pero es un documento que es un aporte porque establece bases sólidas para poder dialogar”, dijo el titular de Hacienda.

Así, en el “ir y venir” de propuestas que ya quedaban en evidencia, el Ejecutivo se abría a escuchar a la oposición. Tal era así, que se creó una mesa de trabajo durante el periodo de enero y febrero, conformada por los asesores de los parlamentarios y técnicos de Hacienda, quienes fueron coordinados por su jefe de asesores y coordinador macroeconómico, Hermann González. Ante este nuevo escenario, Larraín asumió que se votara la idea de legislar los primeros días del año. “Que se vote a fines de enero o a comienzos de marzo, en términos legislativos, no hace una gran diferencia y nos va a permitir trabajar en construir un acuerdo”, sostuvo Larraín.

Aunque las diferencias persistían, ya comenzaba a cerrarse el periodo legislativo con la idea que sería fácil destrabar la reforma en marzo, a la vuelta del receso parlamentario. De hecho, el 22 de enero se gestó el primer encuentro entre Ejecutivo y el equipo asesor de la oposición, donde se fijó un cronograma de cuatro sesiones de tres horas cada una para destrabar la idea de legislar.

A fines de febrero, las conversaciones se retomaron. Sin embargo, los asesores de la ex Nueva Mayoría dejaron sus dudas sobre la mesa: qué tipo de contribuyentes se benefician con la reintegración del sistema que propone la reforma y cómo se llega a los US$ 1.100 millones de recaudación por año de la boleta electrónica. Además pidieron que se cuantificara el impacto en recaudación por cambios a la norma de gastos necesarios para producir la renta, las modificaciones en el pago de impuestos por herencias y el tributo sustitutivo a la venta de acciones.

El jueves 28 de febrero se volvieron a sentar en la mesa en el gabinete de la Segpres con las ideas claras para lograr la firma de un protocolo de acuerdo. Las partes lograron acercar posiciones, puesto que el Ejecutivo se abrió a explorar en la reforma más recursos para regiones, un futuro proyecto de ley de responsabilidad fiscal regional y rentas regionales -que se enviaría a mediados de año-, y abrirse a buscar mecanismos que sean más progresivos para compensar la reintegración del sistema tributario que plantea la iniciativa.

“El gobierno entiende que esta reforma tenemos que hacerla entre todos, y también ha sido una buena señal para las reformas previsional y laboral. Si aquí nos entrampamos, en las otras dos reformas también”, aseguró uno de los protagonistas del debate, Pablo Lorenzini. Por su parte, el titular de Hacienda, Felipe Larraín, admitió la apertura a perfeccionar el corazón de la reforma. “Estamos dispuestos a considerar elementos para una mayor progresividad del proyecto, de tal manera de fortalecer la reintegración del sistema”.

Marzo entrampado con la idea de rechazar la idea de legislar

Si durante los primeros días de marzo el debate se tornaba auspicioso para el oficialismo y la oposición, todo cambió luego que el equipo asesor de los parlamentarios no quedaran satisfechos con las exposiciones que hizo Hacienda, y además acusaron que no hubo nuevas propuestas que permitieran replantear su posición. Incluso, los expertos anticiparon que le recomendarían a los diputados rechazar la idea de legislar. Hernán Frigolett, economista representante del PS y vocero de la instancia técnica señaló que “para nosotros la situación no es clara y por lo tanto no están dadas las garantías para legislar”.

Ante eso, los parlamentario se plegaron a la idea de los técnicos y la votación para aprobar la idea de legislar el proyecto se volvió a entrampar. Sin embargo, el 5 de marzo la oposición acordó la idea de desarrollar, por los equipos técnicos, una nueva propuesta para presentarle al gobierno. Por esos días se marcaba el 18 de marzo como el día en que se día en que se le debía dar luz verde a la reforma tributaria, para que se iniciara el debate en el Congreso.

Los parlamentarios acordaron fijar entre 5 y 7 ejes para una propuesta tributaria: como establecer nuevos mecanismos para compensar la integración del sistema, que en régimen le costará al Fisco US$ 840 millones por año; eliminar exenciones fiscales que beneficien a los contribuyentes de más altos ingresos; limitar la extensión de la rebaja del crédito fiscal del IVA en la construcción de viviendas para propiedades entre 2 mil y 4 mil UF para que no beneficie a propietarios de altos ingresos; mejorar el régimen 14 ter para las pyme; entre otras.

Con todo, el gobierno renovó la urgencia simple al proyecto de ley de la reforma tributaria el 12 de marzo, y se empezó a barajar la idea que la votación se postergara para abril. Y un día después la oposición volvió a entregarle al gobierno un petitorio. Los diputados de la ex Nueva Mayoría y del Frente Amplio firmaron el documento que incluía seis condiciones para aprobar la idea de legislar.

Lorenzini acudió hasta Teatinos 120 para entregarle el texto al ministro Larraín, donde se abrían a la posibilidad de apoyar la reintegración del sistema, a cambio de que las compensaciones al costo de esa medida -US$ 833 millones en régimen- se enfocara en los contribuyentes de más altos ingresos. “Vi al ministro más abierto, más receptivo. Antes estaba más cerrado. Creo que entendió que necesita nuestros votos y que tiene que aceptar los planteamientos que estamos haciendo, que son razonables y tiene respaldo”, afirmó el diputado DC.

Casi una semana después, el 18 de marzo, fue el turno del Ejecutivo para presentar sus planteamientos. “Estamos acogiendo la globalidad de los puntos planteados”, dijo Larraín, tras haberle entregado a los diputados de la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio, la minuta de cuatro páginas que responde a cada una de las condiciones del bloque para hacer viable la iniciativa. En el documento planteaban las nuevas fuentes de recaudación que analizaba el Ejecutivo para compensar el costo fiscal de la reintegración total del sistema tributario.

La oposición suma nuevas exigencias

A fines de marzo, el equipo técnico de la oposición se reunió para entregarle su propuesta a los diputados de la oposición. De este modo, el último documento de la centroizquierda titulado “Análisis respuesta de Hacienda del 18 de marzo de 2019 a propuesta de diputados sobre reforma tributaria”, finalmente, se le entregó el martes pasado al ministro Segpres Gonzalo Blumel.

Tras el encuentro, la oposición dio como plazo hasta hoy para recibir la contrapropuesta del Ejecutivo, con miras a por fin votar la idea de legislar el proyecto de la reforma tributaria este miércoles. Y si bien los cambios que proponían desde de la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio apuntaron durante los últimos cuatro meses de debate en la misma línea, la semana pasada agregaron: una norma antielusión específica para las family office; limitar las pérdidas de arrastre a un máximo de 3 años hacia adelante -carryforward-, y eliminar el mecanismo de los Pagos Provisionales por Utilidades Absorbidas.

Y tantas idas y vueltas se han generado durante estos meses que, incluso, se ha generado cierto escepticismo y desconocimiento en torno al proyecto final. Así por ejemplo, el presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín, afirmó que algunos preferirían “mejor no hacer nada”. Y ayer el ex presidente del Banco Central, y actual investigador el CEP, Rodrigo Vergara, señaló en El Mercurio: “No es evidente que se esté cumpliendo con los objetivos iniciales. Esta cosa se ha desdibujado tanto, que podría no valer la pena”.

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