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Publicado el 17 de octubre, 2018

La trastienda de cómo los grandes empresarios trabajarán para resolver la situación de los sectores vulnerables

Autor:

Sebastián Edwards

Bernardo Matte se concentrará en personas que en sus hogares hayan presenciado tráfico de drogas y balaceras; Luis Enrique Yarur se enfocará en jóvenes del Sename, y Roberto Angelini abordará la situación de menores que no asisten a un establecimiento educacional. Ellos son algunos de los representantes del mundo privado que colaborarán en el “Mapa de la Vulnerabilidad” que coordina el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno.

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Sebastián Edwards

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“Ustedes que están en el sector privado saben bien los talentos, recursos y capacidades que tienen. Esto significa que los teléfonos de muchos de ustedes van sonar, porque los vamos a llamar para colaborar”. Así se dirigió el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, a los principales miembros del sector empresarial en el foro de ICARE a solo tres días de haber asumido como jefe de la cartera. Hoy, siete meses después, los representantes del mundo privado ya están “sentados a la mesa” para trabajar con el sector público, el mundo académico y la sociedad civil.

Ayer, el secretario de Estado acompañó al Presidente Sebastián Piñera en la presentación de uno de los programas que se ha convertido en uno de los pilares del Ejecutivo: “Compromiso País”, mejor conocido como el “Mapa de la Vulnerabilidad”, bajo el lema “que ningún chileno se quede atrás”. Este proyecto consiste en identificar y priorizar los principales grupos vulnerables que presenten problemáticas sociales que requieren de una “solución eficiente y focalizada”.

Para esto, se detectaron 16 grupos vulnerables que serán abordados en mesas de trabajo que liderarán distintos ministerios que serán coordinados por un comité conformado por el ministro Moreno; el presidente de la CPC, Alfonso Swett; el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi; el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, y la directora ejecutiva de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, Alejandra Pizarro.

Las personas que son parte del mundo privado y empresarial, tendrán el rol específico de aportar en “convocar a que más personas sean parte del proyecto”, según explica el ministro Moreno a “El Líbero”.

Cada empresario está designado a una tarea específica, en las que deberán hacer equipo con integrantes del mundo social y el académico. De este modo, el “mapa de los privados” queda así: Paola Luksic (Personas que residen en una vivienda sin servicios sanitarios básicos); Esperanza Cueto (Mujeres víctimas de violencia intrafamiliar sin ingresos propios); Sandro Solari (Personas en campamentos y en hacinamiento crítico); Luis Enrique Yarur (Niños y niñas dependientes del Sename); Lázaro Calderón (Adultos mayores y personas con discapacidad de dependencia); Roberto Angelini (Niños y niñas que no asisten a un establecimiento educacional); Ignacio Cueto (Personas con consumo problemático de alcohol y drogas); Claudio Melandri (Personas de 18 años que no han completado la escolaridad); Cristián Arnolds (Personas en lista de espera del Auge); Bernardo Matte (Tráficos de drogas y balaceras); Bernardo Larraín (Personas mayores de 18 desempleadas); Daniel Hurtado (Familias que tienen un integrante con dependencia severa y que pertenenezca al 40% más pobre); Sergio Cardone (Personas en situación de calle); Cristián Goldberg (Personas pertenecientes a pueblos indígenas); Sergio Torretti (Personas en el sistema penitenciario sin acceso a rehabilitación) y Carola del Río (Localidades sin conexión a internet).

Según señala el ministro de Desarrollo Social a “El Líbero”, el proceso de contactar y convencer a los empresarios de participar en el proyecto fue “sencillo” y agrega que “no hay ninguna persona que llamamos -ni empresario, ni de la sociedad civil ni académico- que haya dicho que no o que le preguntáramos a otro”.

El proceso de selección consistió principalmente en convocar a figuras que el ministerio considerase “más eficientes” para cada tema en particular. “Los empresarios tienen una gran capacidad de organización y de convocar a la gente, si es necesario aportar con recursos. La idea es que todos los miembros colaboren en todos los aspectos”, afirma el secretario de Estado. A su vez, agrega que “buscamos personas de gran capacidad y que tuvieran características de liderazgo y reconocimiento en su sector. Y, también, que les interesara el problema que le teníamos que plantear”.

Y entrega algunos ejemplo: Bernardo Matte, fue convocado por su pasado como “vicepresidente de Paz Ciudadana durante muchos años. Él ha tenido una amplísima experiencia en esa materia, conoce bien cómo funcionan las policías y los tribunales”. Sobre el presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín, destaca que fue elegido por el ministerio para la “tarea de los ‘ni ni’, los que no estudian ni trabajan. “Parte de su labor como gremio es precisamente este grupo, por lo que queremos utilizar su experiencia y aprendizaje”.

En otros casos, se distribuyeron las tareas por los intereses de algunos privados sobre ciertas problemáticas o por el desafío que ellas significan. Explica el ministro. “Por ejemplo, Ignacio Cueto se enfocará en ‘personas con consumo problemático de alcohol y drogas’. Él no ha estado en este tema, pero lo que hemos conversado es que es un asunto sumamente complejo y difícil, y le parece algo atractivo y muy importante de enfrentar.

Si bien están designados y demarcados los empresarios que abordarán las distintas tareas, Moreno asegura que las puertas “están abiertas” a quien quiera aportar desde su sector. Así, si un empresario quiere colaborar en algún área específica, debe contactar y consultar con el representante del mundo privado de la mesa de trabajo que le interese. El mismo procedimiento se adapta también para el mundo académicos y la sociedad civil.

“Hace bastante tiempo en el mundo privado estaban esperando que los llamáramos”

Sobre esta relación del sector público-privado, el ministro asegura que “hace bastante tiempo en el mundo privado estaban esperando que los llamáramos”. Y agrega que “las empresas se dieron cuenta, particularmente las grandes empresas, que vivir aislados no era una cosa que fuera lógica y, por el contrario, que su tamaño les imponía un deber social importante con las comunidades que los rodean”.

Las distintas mesas conformadas funcionaran de manera independiente y  la periodicidad para presentar informes va a contemplar el plazo entre 6 meses y un año, con el objetivo de “mostrar cómo estamos avanzando. Creemos que esto tiene que ser totalmente transparente para la ciudadanía, cuáles son las dificultades y logros”, remata el secretario de Estado.

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