Publicado el 14 de marzo, 2020

La “primera línea” es un peligro para la sociedad, según sentencia de la Corte de Apelaciones

Autor:

Sofía Del Río

Un vuelco judicial en el caso de los 44 formalizados -y dejados en libertad a comienzos de marzo- se vivió ayer. El tribunal de alzada acogió la apelación del Ministerio del Interior y decretó prisión preventiva para los 28 adultos, mientas que los 16 menores quedaron sujetos a la vigilancia del Sename. En la apelación, la Fiscalía insistió con la medida cautelar de firma mensual, pero fue descartada por el tribunal. “El Ministerio Público no está dispuesto a pagar los costos que implica actuar con la severidad que la violencia imperante exige, por eso es que las decisiones de persecución penal que adopta son las más débiles posibles”, señala el penalista Gabriel Zaliasnik.

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Sofía Del Río

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“Existió una alteración de la tranquilidad y seguridad de la población viéndose involucrados en estos hechos todos aquellos por los que concurren las defensas, fueron detenidos en el momento mismo de ocurrencia de estos eventos, descritos en la formalización, en plena vía pública donde se desarrollaban, turbándose la tranquilidad del lugar y vulnerándose también garantías constitucionales del resto de la población“. Esta es parte de la argumentación que se lee en el fallo de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago respecto a los formalizados de la “primera línea”.

De esta forma el tribunal de alzada decretó prisión preventiva para todos los adultos mientras que para los adolescentes resolvió que quedaran sujetos a la vigilancia del Sename. Con ello revocó la decisión del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que el 4 de marzo había decidido dejarlos en libertad.

En la decisión señalan que “se dan los supuestos previstos en la letra c) del artículo 140 del Código del Procedimiento Penal”. Esto es, “que prisión preventiva es indispensable para el éxito de diligencias (…), o que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido, o que existe peligro de que el imputado se dé a la fuga”.

Así, tras la apelación del Ministerio del Interior, que realizó la abogada Sofía Hamilton, ayer se vivió un nuevo capítulo de la historia que comenzó con el cambio de estrategia de Carabineros. Fue el 3 de marzo, cuando las fuerzas policiales activaron una “encerrona” en el sector de Plaza Italia que les permitió aprehender a 44 integrantes de la “primera línea”.

En esa ocasión, la Fiscalía no solicitó prisión preventiva sino que firma mensual para los detenidos, algo que pesó para que la jueza de garantía terminara dejándolos en libertad, con firma bimensual, en el caso de los adultos. Ayer la Corte de Apelaciones dijo otra cosa. “Estamos conformes con la resolución de la ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, vamos a seguir trabajando en esta línea tal y como nos ha instruido el Ministerio del Interior”, señala a El Líbero la abogada representante de la cartera, Sofía Hamilton.

La resolución fue valorada en el gobierno. Desde La Moneda, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, señaló: “El fallo hace justicia. Da una señal clara de que quienes cometen actos graves, vandálicos, tienen que asumir las consecuencias de sus actos”. 

Estamos conformes con la resolución de la ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, vamos a seguir trabajando en esta línea tal y como nos ha instruido el Ministerio del Interior”, señala a El Líbero la abogada representante de la cartera, Sofía Hamilton.

Distintos eran los ánimos hace poco más de una semana cuando quedaron en libertad los formalizados. En ese momento, mientras el gobierno y destacados penalistas cuestionaban tanto la decisión del juzgado como el actuar de la fiscalía, el Ministerio Público se mantenía en una línea, incluso, desafiante. Dijo en ese momento el fiscal nacional, Jorge Abbott: “La forma de resolver estos conflictos, la mirada distinta entre el Ministerio Público y quienes actúan como querellantes, está precisamente en los instrumentos que el proceso le entrega a los intervinientes. ¿Cuáles son? Los recursos que se pueden interponer. Veamos el resultado de los recursos para ver si efectivamente teníamos o no razón en los planteamientos que hemos hecho”. 

El Ministerio Público no está dispuesto a pagar los costos que implica actuar con la severidad que la violencia imperante exige, por eso es que las decisiones de persecución penal que adopta son las más débiles posibles”, señala el penalista Gabriel Zaliasnik.

Y ayer se vieron los resultados. Sobre este tema comenta el penalista Gabriel Zaliasnik: “El Ministerio Público no está dispuesto a pagar los costos que implican actuar con la severidad que la violencia imperante exige, por eso es que sistemáticamente, porque acá es sistemático, ha pasado con los saqueos, ha pasado con la primera línea, las decisiones de persecución penal que se adoptan son las más débiles posibles. En vez de optar por las opciones más severas, optan por las opciones más débiles”. De hecho, ayer en la apelación, por parte del Ministerio Público estuvo presente el fiscal Nicolás Calvo, quien solicitó, sin éxito, la firma mensual como medida cautelar.

Sobre la “primera línea”, el penalista Samuel Donoso, subraya: “Se trata de sujetos que actúan en grupo, que tienen total desprecio por la autoridad y por la ley, que han destruido e incendiado todo un barrio, se justifica plenamente la prisión preventiva, es importante investigar quiénes están detrás del financiamiento de estos grupos”. En este caso, 13 de los 44  detenidos tienen antecedentes que incluyen homicidio, robos y desórdenes en la vía pública. 

Se justifica plenamente la prisión preventiva, es importante investigar quiénes están detrás del financiamiento de estos grupos”, plantea el abogado penalista Samuel Donoso.

Los ministros integrantes de la sala que falló por la prisión preventiva son Elsa Barrientos Guerrero, Inelie Durán Madina, y Miguel Eduardo Vázquez Plaza. Este último fue el voto de minoría. Según se lee en la resolución: “Si bien comparte que no puede obviarse que hay un contexto generalizado de violencia en una buena parte de las manifestaciones que se vienen produciendo desde el 18 de octubre de 2019 a la fecha, lo cierto es que tales datos no son recogidos en los hechos de la formalización, por lo cual estima excesiva la medida más intensa (…)”.

El magistrado Vázquez ha tenido otros casos de connotación pública relacionados con causas de Derechos Humanos como el asesinato de Víctor Jara en 1973. También condenó a seis ex miembros de la DINA por su responsabilidad en los secuestros calificados de 11 integrantes del Comité Central del Partido Socialista y estuvo a cargo de la sentencia contra siete militares (r) por el secuestro y homicidio de 23 colaboradores del gobierno de Salvador Allende.

Lea acá el fallo de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago sobre la “primera línea”

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