Actualidad Informativa es presentado por:
Publicado el 12 de octubre, 2018

La olvidada cuenta pendiente de la senadora Yasna Provoste con la ministra Marcela Cubillos

Autor:

Javiera Barrueto

La senadora DC ha sido una de las más críticas al proyecto Aula Segura, incluso ella fue quien solicitó la revisión de la constitucionalidad del texto, lo que la llevó a enfrentarse con la secretaria de Estado. Sin embargo, no es la primera vez que se encuentran. En 2008, cuando Provoste era ministra de Educación enfrentó la acusación constitucional que lideró la entonces diputada Cubillos.
Autor:

Javiera Barrueto

Recibe en tu correo Lo mejor de la prensa
Suscribirse

“Lo que hace esa iniciativa es eliminar el debido proceso (…). Además, al revisar el proyecto -que, insisto, es de artículo único-, se observa que no contiene medidas pedagógicas. Porque expulsando a un estudiante se traspasa el problema a la sociedad, pero ¿qué pasa con ese alumno? Por eso, señor Presidente, quisiera que nuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia se pronunciara, precisamente, sobre lo relativo al debido proceso, antes de que el proyecto iniciara su tramitación en la Comisión de Educación”.

Con estas palabras en su intervención en la sala del Senado, el 25 de septiembre, la senadora Yasna Provoste (DC) dio la primera estocada al proyecto de ley Aula Segura, que busca reducir de 25 a 5 los días de plazo para expulsar a estudiantes involucrados en hechos de violencia y que esa jornada iniciaba su tramitación legislativa, proceso liderado por la ministra de Educación, Marcela Cubillos.

En estos días, el tema se ha convertido en una prioridad para el Ejecutivo. Ayer el ministro del Interior, Andrés Chadwick -tras conocerse nuevos hechos de violencia en el INBA-, señaló: “Necesitamos con urgencia el proyecto de ley Aula Segura (….). Le pedimos al Congreso Nacional que nos respalde”.

Pero, el proyecto comenzó enfrentando obstáculos. Los senadores acogieron la solicitud de Provoste y se derivó la iniciativa a la comisión de Constitución para su revisión. Y debido a las dos semanas con las que contaba la instancia, Cubillos manifestó su preocupación por el retraso de la tramitación.

“Lamentamos que no se inicie la tramitación, esperamos que sea solo una postergación corta y que podamos tener en el corto plazo una ley. El proyecto no aborda problemas generales de convivencias escolares, de falta de respeto a profesores o entre estudiantes. Lo que nosotros hemos hecho es una medida extrema”, dijo la ministra.

Tras ello, el pasado lunes desde el Ejecutivo advertían la posibilidad de un bloqueo legislativo desde la DC. Se indicaba a Provoste como una de las principales responsables del retraso de la iniciativa. Y un día después la comisión de Constitución del Senado declaró, por tres votos contra dos, como inconstitucional el proyecto de Aula Segura. Sin embargo, el informe redactado por la instancia no es vinculante, es decir, no frena la iniciativa del Ejecutivo.

Pero ante la posibilidad de un rechazo, la secretaria de Estado anunció el ingreso de una nueva indicación, la que señala que el estudiante tendrá un plazo de dos días para realizar sus descargos.

Pero Aula Segura no es la primera instancia que pone frente a frente a la ministra de Educación y a la senadora. Fue hace 10 años que la, por esos días diputada UDI Marcela Cubillos, lideró la acusación constitucional contra la entonces titular de Educación, Yasna Provoste, que terminó con su salida del gabinete.

En 2008, Provoste fue destituida de su cargo tras aprobarse la causal de haber dejado la Constitución, y las leyes, sin ejecución fundada en la no corrección de las infracciones e irregularidades cometidas por la Seremi de Educación de la Región Metropolitana en materia de recursos públicos. Si bien la acusación fue votada por los senadores -que actúan como jurado- fue Cubillos, como diputada, la impulsora del mecanismo.

En marzo de ese año, la entonces parlamentaria UDI señalaba a revista Cosas que “en los fundamentos de nuestra acusación está que existe una obligación legal por parte de las autoridades de ejercer fiscalización y control de los recursos que administran y de las carteras que tienen a su cargo. Existe una cantidad de incidentes en todo este episodio que demuestra que la ministra, inexplicablemente, dejó leyes sin ejecutar”.

Como consecuencia del proceso, Provoste quedó inhabilitada para ejercer cargos públicos por 5 años.

La “confabulación” que acusó Provoste en 2012

Un año antes de la acusación, el senador Andrés Allamand publicó el libro “El desalojo. Por qué la Concertación debe irse el 2010”. Texto que apuntó, entre otras cosas, a que parlamentarios de la Alianza -la entonces oposición- evidenciaran el deterioro de la Concertación en el poder. Estrategia que, finalmente, se dijo en su momento, habría influido en la fiscalización y una postura dura en contra del gobierno.

De hecho, luego de que la ex ministra de Educación fue destituida del cargo, acusó a Allamand de impulsar y liderar una “confabulación” en su contra para sacarla del cargo. En entrevista con Via X, en 2012, la ex secretaria de Estado dijo que su salida fue “parte de la teoría del desalojo, de llegar al poder como dé lugar” y agregó que “se juntaron dos hechos: deseos de la derecha de llegar al poder y ambiciones personales de militantes de la Concertación que abandonaron la Concertación”.

Ahora, cada una desde distintas posiciones, se deberán reunir periódicamente debido a que el proyecto Aula Segura está en la comisión de Educación, instancia que preside la senadora DC. 

Las columnas de Opinión son presentadas por:
Ver más

También te puede interesar: