Publicado el 13 de junio, 2020

La insólita y kafkiana historia de la tramitación de un proyecto que busca declarar kinder como obligatorio

Autor:

Sofía Del Río

La iniciativa del Ejecutivo, que lleva dos años en el Congreso, busca dar cumplimiento a un mandato constitucional de la reforma aprobada en 2013, que aumenta de 12 a 13 los años de escolaridad obligatoria. Pero la tramitación del proyecto, que tuvo un amplio consenso al comienzo, ha sido dilatada entre comisiones, informes e indicaciones por parte de la oposición, que aún no puede ver la luz. Luego que decidieran no votar en sala del Senado, se espera que este lunes, nuevamente, sea visto en la comisión de Educación.

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«Yo voy a votar en contra del numeral 8, no sé ni lo que dice, no me interesa. Este ha sido un proyecto que ha sido creado en los tiempos de la ministra Cubillos para privatizar la enseñanza parvularia, esa es la realidad, el resto son historias» dijo el senador José Miguel Insulza (PS) mientras se discutía en el Senado, vía telemática, el proyecto de ley que modifica la Ley General de Educación con el objeto de establecer la obligatoriedad del segundo nivel de transición, kínder.

La ex ministra de Educación, Marcela Cubillos, le respondió por su cuenta de Twitter al parlamentario socialista.

«El presente proyecto de ley aumenta de 12 a 13 años la escolaridad obligatoria, sumando un año de educación parvularia, a los de educación básica y media actualmente exigibles«, es el objetivo de la iniciativa legal que modifica la Ley General de Educación.

El proyecto contiene normas orgánicas constitucional, cuyo quórum es de 4/7 de los senadores en ejercicio. Se esperaba que en estos dias ya pudiera ver la luz tras dos años de tramitación. Pero el miércoles pasado se decidió no votarlo en sala y enviar el proyecto nuevamente a la comisión de Educación del Senado -instancia donde ya ha estado-. De hecho, en un inicio esto sería votado nuevamente mañana domingo, pero finalmente se habría apalazado para el lunes 15 de junio.

Según estadísticas, en países de la OCDE como Alemania, Países Bajos y Reino Unido, el segundo nivel de transición (kínder) es obligatorio. Por otra parte, países de la región, como Brasil, Perú y Colombia, exigen este nivel educativo en rango constitucional. Por otro lado, según la Casen 2017, un 62% de los que declaran no mandar a sus hijos a los niveles de transición, con hijos entre 4 y 5 años, señala que no lo hacen pues los cuidan en el hogar; en tanto que un 10% responde que no le parece necesario que asistan a esa edad.

El Ejecutivo ha explicado que mediante este proyecto se verían beneficiados cerca de 6.350 niños que se debieran incorporar a kínder, de los cuales la mayoría proviene de los hogares pertenecientes a los dos quintiles de más bajos ingresos.

Pero la iniciativa ha sufrido una larga e incluso a veces insólita tramitación en el Congreso que aún no tiene desenlace. De hecho, el proyecto ingresó el 25 de septiembre de 2018 al Congreso.

En la Cámara se aprobó en general y particular el 9 de enero de 2019, por 135 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. En la comisión de Educación de la instancia solo se introdujeron 3 indicaciones presentadas por la diputada Cristina Girardi, todas acogidas.

Luego partió la odisea en el Senado. Primero pasó a la comisión de Educación y Cultura. El 9 de octubre de 2019 se aprobó  en general en el Senado -26 a favor, 0 rechazo y 2 abstenciones de los senadores Juan Ignacio Latorre (RD) y Adriana Muñoz (PPD). Posteriormente se discutió en la comisión de Hacienda del Senado y se hizo presente la urgencia de discusión inmediata, que fue renovada en cuatro oportunidades.

El 20 de mayo de 2020 vuelve a la Comisión de Hacienda desde donde se entrega un informe sobre el proyecto. Y hace unos días, el 10 de junio, estaba todo listo para ser votado en la sala del Senado, pero los legisladores optaron por devolverlo, de nuevo, a la comisión de Educación para un nuevo informe, abriéndose plazo para indicaciones.

La oposición, de esta forma, optó por no darle el paso a un proyecto que aborda un tema ya tratado en gobiernos anteriores.

Durante la sesión, entre los discursos más duros estuvo en manos de la senadora Yasna Provoste (DC) quien afirmó: «Este proyecto lo que está diciendo es que para entrar a 1° básico es obligatorio estar en kínder y como lo dijimos en reiteradas oportunidades esto afecta a las familias que viven en los sectores más alejados, más pobres. Los países que han tenido esta medida han tenido que revisarla en el corto plazo porque ha generado desescolarización».

Pero quienes han llevado la tramitación señalan que, además, Provoste ha dicho que este proyecto daría pie a la «existencia de entidades privadas que certificarían haber cursado el nivel». Pero el texto legal, comentan, establece expresamente que solo los establecimientos reconocidos oficialmente por el Estado pueden certificar válidamente estudios.

Por su parte, el senador Carlos Montes (PS) sostuvo durante su intervención que «es muy curioso este proyecto porque lo que dice ya es obligatorio de acuerdo a la Constitución. El 97 % de los niños de Chile ya está en Kínder. Entonces, toda esta discusión es por el 3%. Le hemos pedido al gobierno que nos diga cuál es el propósito. ¿Este proyecto qué sentido tiene? Hemos preguntado esto una y otra vez en la comisión. En Hacienda no voté a favor».

Desde el oficialismo, miran con «extrañeza» esta demora para aprobar una ley que tiene como objetivo aumentar de 12 a 13 años la escolaridad obligatoria, sumando un año de educación parvularia, a los de educación básica y media actualmente exigibles. Y materializa la reforma constitucional de 2013.

En la misma sesión del miércoles, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, señaló que la norma explicó que la norma «da cumplimiento a un mandato constitucional que indica que el kínder debe ser obligatorio y que una ley debe fijar el mecanismo. Esto sella el andamiaje que es la educación. Hoy hay amplia cobertura de la educación parvularia, pero los pocos no la usan porque la consideran inútil”.

Es más, desde el Ejecutivo recuerdan los dichos de la ex Mandataria Michelle Bachelet cuando el 2 noviembre de 2015 sostuvo que  Chile debía comprometerse a asegurar «a un alto estándar, la existencia de una provisión educacional pública en el contexto de nuestro sistema mixto. Por un lado, se trata de dar cumplimiento al mandato constitucional que expresa el consenso social en torno a la obligatoriedad de la educación, desde el segundo nivel de transición de educación parvularia hasta el final de la educación media (…). Lo anterior supone el deber del Estado de financiar y administrar un sistema gratuito destinado a asegurar el acceso y derecho a la educación de toda la población en todo el territorio”.

Pero ahora es la oposición la que no permite el avance de la iniciativa y, desde el oficialismo recuerdan las palabras de la senadora Isabel Allende (PS), quien durante su intervención para la reforma constitucional en el año 2013 señaló: «A mi juicio, es una mirada correcta, con especial preocupación en que la educación obligatoria en Chile sea ya no de 12 años sino de 13, desde kínder hasta el último año, incorporando el nivel previo. Ello, además, contribuye a ahondar más en la importancia de la educación preescolar, fundamentalmente la parvularia».

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