Publicado el 16 de junio, 2020

La dimensión política de los procesos judiciales del micro estallido de mayo

Autor:

Emily Avendaño

El 18 de mayo hubo protestas en El Bosque, también en Estación Central y en Huechuraba; y en los días que siguieron se reportaron saqueos y desórdenes en Melipilla y Puente Alto. En esas semanas el Ministerio de Interior y la Intendencia Metropolitana introdujeron 7 querellas; por saqueos, desórdenes y porte de artefactos incendiarios. Un ex gobernador de Bachelet I defiende a uno de los imputados por el saqueo a una dependencia de Coca Cola y uno de los abogados de un involucrado al asalto a Lipigas es un activo antipiñerista y afín al PC.

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En la semana que siguió al “mini estallido” del 18 de mayo, el Ministerio de Interior y la Intendencia Metropolitana introdujeron 7 querellas: 5 fueron por saqueos, 1 por desórdenes y otra más por porte de artefactos incendiarios. En total involucran a 32 personas, de las cuales 28 permanecen en prisión preventiva.

En la ocasión el subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, declaró: “Estos hechos no solo son graves en sí mismos, sino que lo son aún más pensando en que estamos en época de pandemia”. El tiempo le dio la razón, uno de los involucrados en el saqueo a una empresa de distribución de gas ubicada en la comuna de El Bosque, ocurrido el 18 de mayo, se realizó el examen de PCR para descartar coronavirus tres días antes de este suceso. Su abogado, de la Defensoría Penal Pública, informó que se enteró del resultado positivo el 21 de mayo y alertó que durante la audiencia de control de detención hecha el 19 de mayo, el imputado de iniciales L.A.G.R. estuvo con los otros 9 imputados.

La querella en este caso detalla que un grupo indeterminado de personas fracturó las puertas de acceso a las dependencias de Lipigas y sustrajo cilindros de gas licuado, que arrojaban desde el interior del inmueble, hacia la calle. Al ser detenidos, las autoridades informaron que no contaban con salvoconducto ni permiso temporal que los autorizara a salir de sus domicilios en medio de la alerta sanitaria. 

De los 10 detenidos, 9 permanecen en prisión preventiva. El único en libertad de iniciales R.P.S.M. quedó con arresto domiciliario nocturno y se ofició al Servicio Médico Legal para que emitieran un informe con respecto a la imputabilidad del señalado, y si es peligroso para sí mismo u otras personas por razones psiquiátricas. 

En este caso hay cuatro defensores privados involucrados: José Miguel Ferrada, Juan Pablo Mardones Manosalva, Diego Bahamondes y Francisco Langer; cada uno a cargo de representar a distintos involucrados. Destaca el perfil de Mardones, quien en su Facebook se inclina hacia la izquierda y en algunos casos hace publicaciones que pudieran ser polémicas. Por ejemplo, el 22 de febrero compartió una entrevista al alcalde de Recoleta Daniel Jadue Junto a la nota escribió el mensaje: “el título se explica por sí mismo”. Y el título era: “El pueblo tiene todo el derecho a defenderse de las fuerzas de orden”. El abogado tiene otras publicaciones en las que aparece asistiendo a las concentraciones en Plaza Baquedano, realizadas el año pasado; en noviembre compartió una convocatoria a paro nacional; y en diciembre compartió un afiche que mostraba las fotografías de los diputados del Frente Amplio que votaron a favor de la llamada “Ley anti-protesta”; en la imagen se lee: “Desde ahora son cómplices de cada nueva bala que reciba el pueblo”.  

El 27 de marzo de este año Mardones compartió un afiche de la Asociación Intersindical de Trabajadores y Trabajadoras Clasistas, que dice: “¡Cuarentena total con garantías sociales ahora! O no hay otro camino: todos y todas a la huelga general”. 

Los abogados han oficiado al tribunal solicitando audiencias para solicitar que se considere la prisión preventiva, alegando que varios de los imputados han sufrido agresiones por parte de otros reclusos. 

El ex gobernador de Bachelet que defiende a imputado por saqueo en Puente Alto

Este no es el único abogado defensores con un perfil más político. A la 1:00 am del 26 de mayo alrededor de 120 personas participaron en el saqueo de las dependencias de Coca Cola ubicadas en Puente Alto. Por este hecho fueron imputadas 14 personas y todas permanecen en prisión preventiva, desde el mismo 26 de mayo. Uno de los imputados, de iniciales J.L.F.S., designó para su defensa a Nicolás Pavez Cuevas y María Fernanda Castro, pertenecientes al estudio jurídico Pavez & Quagliotti. 

Pavez fue gobernador de la Provincia de Chacabuco, entre enero de 2009 y marzo de 2010; designado por la ex Presidenta Michelle Bachelet. El ex militante de la Democracia Cristiana (DC), fue además concejal de Colina, Jefe del Departamento de Asistencia Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entre 2014 y 2015; y abogado de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos. En una carta a El Mercurio publicada el 17 de diciembre de 2012 defendió al Partido Comunista debido a los cuestionamientos surgidos por su apoyo a regímenes autoritarios de Corea del Norte y Siria. 

“Este test de coherencia y altura moral jamás lo he visto para condenar similares vulneraciones a los más básicos de los derechos humanos ocurridos en China, o la propia actuación de Estados Unidos en el mundo entero. Si levantaremos la bandera de que no existen ‘dobles discursos’ y criticaremos al PC, por qué nadie abre la boca cuando firmamos tratados comerciales con esos países”, escribió.

El defendido de Pavez en este caso es trabajador de una industria de alimentos, con una antigüedad de más de 8 años en su puesto de trabajo, como operador de grúa; no tiene antecedentes penales y padece de diabetes, argumentos que fueron utilizados en la apelación. Sin embargo, el juzgado decidió mantener la prisión preventiva. 

Otro de los involucrados en este caso tiene las iniciales A.O.C.V. El diario Puente Alto al Día publicó el 14 de febrero de 2015, que esta persona fue detenida en la Villa San Miguel por tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. 

Con antecedentes

Algunos de quienes están recluidos por otras causas también tenían expedientes abiertos en el Poder Judicial. M.A.L.O. fue imputado por el saqueo a la obra de construcción de la futura estación de Metro Lo Martínez, en la comuna de El Bosque, el 27 de mayo. Fue hallado  transportando una carretilla con herramientas y artículos de aseo, y detenido cuando intentaba huir. 

M.A.L.O. había sido presentado en tribunales un mes antes, el 30 de marzo, pues en horario de toque de queda fue detenido en la vía pública participando de una barricada, “obstaculizando la calzada, con el uso de palos, bolsa de basuras, obstruyendo el libre tránsito por dicha arteria, momento en el cual llegaron funcionarios policiales, y el imputado procede arrojar objetos contundentes contra ellos, específicamente piedras”, de acuerdo con esa formalización. Entonces solo quedó con una medida de arraigo nacional. 

Por otro lado, C.F.T.S., imputado por el saqueo a un Líder en Melipilla, tenía un “exhorto” por una causa previa ocurrida en enero; y actualmente se encuentra en libertad. 

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