es presentado por:
Publicado el 23 de enero, 2019

La crisis de la jibia tiene dos papás: Víctor Torres (DC) y Daniel Ñúñez (PC)

Autor:

Bastián Garcés

El texto legal que elimina la pesca por arrastre para extraer este recurso fue presentado por los diputados durante el pasado gobierno de Bachelet. Sin embargo, durante esos cuatro años el proyecto no avanzó en su tramitación ni tuvo apoyo de La Moneda. Con Piñera en el poder, la iniciativa fue aprobada en menos de un año, sin el apoyo del Ejecutivo. La nueva ley desató protestas que pusieron en veredas opuestas a trabajadores del sector industrial y a los artesanales, en las que incluso hubo corte caminos y enfrentamientos con Carabineros. A pesar de la mesa de negociación de ayer, un grupo de pescadores anunció que seguirá movilizándose.

Autor:

Bastián Garcés

Recibe en tu correo Lo mejor de la prensa
Suscribirse

El veto se hace innecesario en la medida que acordemos perfeccionamientos a la ley actual, que van más allá de las materias que consideraba este veto”, afirmó durante la mañana de este miércoles el ministro de Economía, José Ramón Valente, sobre la decisión del gobierno de presentar el veto, por lo que la Ley de Extracción de la Jibia pronto será promulgada. La decisión generó que los pescadores del sector industrial abandonaran la mesa de diálogo levantada por el Ejecutivo, anunciaran nuevas movilizaciones y recriminaran a los artesanales.

La propuesta legislativa fue presentada el 7 de agosto de 2014 por los diputados Víctor Torres (DC) y Daniel Núñez (PC), a pocos meses que asumiera la administración de la Nueva Mayoría. En el preámbulo del texto, los legisladores argumentaron la iniciativa señalando que «en su programa, este gobierno ha propuesto ‘asegurar un tratamiento sustentable de los recursos pesqueros’ y ‘la eliminación progresiva de la pesca de arrastre’, para lo cual, dentro de otras medidas, se necesita favorecer el empleo de las artes y aparejos de pesca más selectivas«.

Incluso citaron el discurso del 21 de mayo de ese año de la entonces Presidenta Michelle Bachelet, en el que se lee «en materia de pesca, se requiere que apostemos por el fortalecimiento de la pesca artesanal, la sustentabilidad de los recursos del mar y el desarrollo productivo de esta actividad» y que se «requiere una respuesta urgente es la caída en las cuotas de captura para la merluza común».

Pese a que los diputados presentaron el proyecto afirmando que estaba enmarcado dentro del programa de gobierno de la Nueva Mayoría, durante los cuatro años de la administración del extinto bloque de centroizquierda la iniciativa quedó estancada en la comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, sin recibir ningún tipo de respaldo del Ejecutivo. Y tampoco fue tramitado por sus autores. Situación que cambió el año pasado: tan solo 303 días después de que Sebastián Piñera asumiera como Presidente, el texto fue despachado por el Congreso para su promulgación, sin contar con el respaldo del Ejecutivo.

Esta situación provocó una crisis social en la que los pescadores del sector industrial protestaron contra la iniciativa y protagonizaron cortes de carreteras, barricadas y enfrentamientos con Carabineros. Mientras que los artesanales, al surgir la posibilidad de un veto presidencial, lideraron también desmanes. Esto obligó al gobierno a interceder creando una mesa social de diálogo para acercar posiciones.

El gobierno intercede en medio de amenaza de crisis social

Tan solo un artículo contiene la ley que desató una crisis que obligó al gobierno a intervenir en los trabajadores del sector pesquero. «La especie Dosidicus gigas o jibia solo podrá ser extraída utilizando potera y/o línea de mano como arte y/o aparejo de pesca. Se prohíbe cualquier otro tipo de arte y/o aparejo de pesca», indica el proyecto de ley que fue aprobado el pasado 8 de enero y que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura. Además, la iniciativa instaura una multa de 500 Unidades Tributarias Mensuales -poco más de $24 millones-, para quienes infrinjan la nueva normativa.

Lo que en la práctica se traduce que las empresas pesqueras industriales no puedan continuar extrayendo la jibia, debido a que ellos utilizan el sistema de arrastre para obtener este tipo de recurso. Situación que motivó que los trabajadores de este sector se movilizaran en contra de la aprobación del texto legal porque afectaba puestos de trabajo, puesto que toda la industria relacionada con el recurso peligra con cerrar.

Mientras que los trabajadores artesanales se opusieron a la idea que la semana pasada esbozó el gobierno de vetar la iniciativa legal. Finalmente, el gobierno llamó a una mesa de diálogo para conversar con ambos sectores. La instancia se quebró ayer luego que el Ejecutivo decidiera no aplicar el veto aditivo y los trabajadores industriales decidieran dejar de participar de ella, además de anunciar nuevas movilizaciones. Con esta decisión la ley pronto debiera ser promulgada.

Ayer el ministro Valente señaló que «es el diálogo el que nos lleva a soluciones, y creemos que hay espacio para soluciones«. Algo que ya encuentra en evaluación en el gobierno, a través de opciones que busquen abordar problemas que quedaron al descubierto en el debate de esta ley. Como, por ejemplo, regular situaciones de pequeñas pesqueras artesanales que utilizan la pesca por red para extraer otros recursos y que durante el proceso puedan capturar jibias, razón por la cual tendrían que pagar multas de hasta $24 millones, o posibles apoyo social a pescadores industriales para solventar la situación de dejar de contar con este tipo de recurso. Aunque no hay fecha para el envío de las propuestas y se han evaluado hacerlo a través de a través de una Ley Complementaria o Integral de la Jibia.

Aunque este no es el único aspecto que preocupa al Ejecutivo, debido a que a nivel internacional la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur -instancia en la que participan países como Chile, Perú, Australia y Nueva Zelanda-, se encuentra evaluando la instauración de una cuota global para la extracción de Jibia. Una iniciativa en la que el Estado chileno ha propuesto que está se defina por criterios históricos.

Actualmente, en el país se pueden pescar 200 mil toneladas de este recurso, los cuales hasta la aprobación de la ley se dividían en un 20% para el sector industrial y un 80% para el artesanal -este último durante la vigencia de la cuota no ha tenido la capacidad para extraer dicho porcentaje-, razón por la cual hay preocupación de que al eliminar la participación del sector industrial se pueda ver mermada la capacidad de negociación de Chile en la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur.

Las columnas de Opinión son presentadas por:
Ver más

También te puede interesar: