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Publicado el 19 de noviembre, 2019

Juez que desestimó querella por subversión acumula siete sumarios y varios fallos cuestionados

Autor:

Emily Avendaño

El magistrado Daniel Urrutia declaró indamisible la querella presentada por abogados de la Intendencia contra Dauno Tótoro, dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionarios. El juez ha fallado en varios casos de ataques contra autoridades buscando disminuir su gravedad. Por ejemplo, la agresión al ex presidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica el año pasado; el escupitajo al Presidente Sebastián Piñera en 2013; o el ataque a pedradas al vehículo de la ministra Gloria Ana Chevesich en 2007. 

Autor:

Emily Avendaño

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El tránsito del juez Daniel Urrutia en el Poder Judicial no ha estado exento de polémica. Sus resoluciones y opiniones le han generado diversos sumarios administrativos e, incluso, sanciones; y sus dichos muchas veces causan ruido entre los ministros. El pasado 18 de noviembre escribió una nueva página al declarar inadmisible una querella presentada por la Intendencia Metropolitana contra Dauno Tótoro Navarro, dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionarios, trotskista y candidato a diputado en 2017.

“Queremos que caiga Piñera, queremos que caiga este gobierno, y sobre sus cenizas, como bien han dicho muchos compañeros y compañeras, levantar una asamblea constituyente libre y soberana, que no haya ninguna institución del Estado por sobre ella”, afirmó Tótoro durante una asamblea hecha en octubre. Para el juez, a cargo del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, esas palabras “se enmarcan en el legítimo ejercicio de la libertad de expresión”. La querella era por incitación a subversión, el gobierno ya anunció que apelará y los abogados solicitaron, además, la inhabilitación del magistrado. 

Recientemente estuvo en la palestra cuando se constituyó en la estación de Metro Baquedano -que no correspondía a su jurisdicción- a comienzos del estallido social tras una denuncia -que aún no se ha comprobado- con respecto a que allí había un centro de tortura. Comentan que en la ocasión el magistrado ni siquiera  estaba de turno.

Tras ello, el juez señaló que no encontraron detenidos, sin embargo, señaló que la denuncia «está en investigación porque otra de las cosas que pudimos percatarnos por la observación es que en este punto ciego se encontraron 7 cartuchos percutados de escopeta —con características disuasivas— y además se encontraron dos amarradas utilizadas por el Ejército para inmovilizar a los detenidos».

Por esos mismo días Urrutia dio una entrevista a DW en español en la que señaló que «desde el estado de emergencia decretado por el gobierno se ha producido un patrón de violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos». Se refirió, incluso, a «terrorismo de Estado». 

Esta situación fue descartada, días después por el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco: «Si me preguntas a mí, como director del INDH, yo te diría que no, y quien afirme lo contrario tiene que probarlo”, respondió ante la pregunta de si en el país existe una violación sistemática a los DD.HH.

Urrutia, en su rol de director de la Asociación Regional de Magistrados de Santiago, leyó una declaración pública de la Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial de Chile -el 12 de noviembre- sobre la crisis que atraviesa el país; titulada “Por un nuevo rumbo”. 

“No podemos finalmente soslayar la necesidad imperiosa de que se aborde con celeridad el cambio constitucional y normativo que permita avanzar hacia un nuevo orden inclusivo, socialmente equitativo y legitimado por todos y todas”, dice el texto. De acuerdo con lo reseñado por El Mercurio, al ser consultado sobre este punto, Urrutia afirmó: “Lo que se apoya es el llamado del pueblo a un proceso constituyente, y esto es que efectivamente el pueblo se organice a través de una asamblea constituyente”; y añadió: “De hecho, lo que efectivamente se ha señalado por parte de todo el pueblo que está en la calle es que por una vez y por todas Chile se pueda dotar de una Constitución efectivamente nacida de las personas, de los ciudadanos, plurinacional. Nunca más una Constitución que sea hecha entre cuatro paredes”.

Urrutia también habría sido parte del movimiento de magistrados de primera instancia Jurisdicción y Democracia que en octubre de 2013 invitó a Fernando Atria, académico de la U. de Chile y para ese entonces miembro del equipo de Constitución de Michelle Bachelet, y a José Francisco García, académico de Libertad y Desarrollo, para debatir si era necesaria o no una nueva Constitución. Al movimiento en algunos sectores se le asociaba con el activismo político, con una interpretación más garantista del derecho y promotora de la necesidad de modernizar el Poder Judicial.

Las palabras de Urrutia generan ruido no solo en lo político, sino también en los juzgados. Se le recuerda por haber considerado como una falta de respeto a una autoridad pública y no como un delito de atentado a la autoridad, el escupitajo que la dirigenta de las Asambleas Populares de Puente Alto, Catalina Castillo Jara, le lanzó al Presidente Sebastián Piñera el 6 de diciembre de 2013, cuando el Mandatario asistió al velatorio del ex vicario de la Pastoral Obrera, Alfonso Baeza. Según la querella, “fue abordado imprevistamente por la imputada Catalina Castillo Jara, quien acometió en su contra lanzándole un escupitajo que impactó en la chaqueta que vestía el Presidente de la República», además de insultarlo con garabatos. 

Si bien el juez desestimó el delito al dejar en libertad y sin medidas cautelares a la mujer, no hizo lo mismo la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que un par de días después determinó que Castillo quedara sujeta a firma mensual y con prohibición de acercarse a actos donde participara Piñera.

También estuvo a cargo de la audiencia en que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte formalizó por el delito de atentado y amenaza a la autoridad a Ingrid Ugarte y Cecilia Ibáñez, integrantes del Colectivo contra el Olvido, tras ser acusadas de la agresión al entonces presidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, ocurrida el 19 de diciembre de 2018. Las imputadas quedaron con prohibición de acercarse a la víctima. La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la medida cautelar impuesta por Urrutia, y ordenó una cautelar de firma mensual en dependencias del Ministerio Público durante los 60 días de la investigación.

En otra ocasión, Urrutia dejó en libertad a Jorge Lizama, de 19 años en ese momento de abril de 2007, anarquista que participaba en una protesta por el Día del Joven Combatiente. Lizama fue detenido tras atacar con piedras el vehículo de la ministra Gloria Ana Chevesich. En vez de condenarlo por el delito de atentado contra autoridades, como solicitaba el Ministerio Público, la sanción fue por atentado contra vehículos en movimiento, quedó libre y debía ir a firmar mensualmente, por un año, en dependencias de Gendarmería. Urrutia indicó sobre el imputado: “Ha dado muestras de arrepentimiento. En una sociedad democrática es un valor luchar por los ideales, aunque se haya equivocado en la forma”.

En mayo de 2014, tras la formalización de Bryan Seguel Gutiérrez por el delito de maltrato de obra a carabineros, Urrutia aseguró que no existían las pruebas suficientes para determinar la participación del joven en la agresión. Seguel era estudiante universitario y ex alumno del Instituto Nacional, fue detenido por su presunta participación en una brutal golpiza que sufrió el teniente de Carabineros Felipe Vidal Pérez el 1 de mayo de ese año. Ese mismo mes la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago le impuso al estudiante medidas cautelares de firma mensual y el arraigo. 

Historial de medidas disciplinarias 

Para el año 2016, Urrutia enfrentaba siete investigaciones disciplinarias abiertas durante un período de dos años. La primera se vinculaba con una decisión de agosto de 2013 de solicitar que se garantizase el derecho de voto de personas detenidas en prisión preventiva, que dejó sin efecto la Corte Suprema. El tribunal remitió la información a la Corte de Apelaciones de Santiago para que decidiese sobre la imposición de eventuales sanciones al juez. La segunda corresponde a una orden emitida en marzo del 2015, al ser Presidente del Comité de Jueces del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, solicitando a los funcionarios del tribunal transcribir ciertas resoluciones dictadas en audiencia, lo que dio origen a denuncias de maltrato de algunos funcionarios. 

La tercera investigación obedecía a la denuncia interpuesta por otro magistrado del Juzgado de Garantías de Santiago en relación con la asignación de una causa. El cuarto sumario correspondía con la decisión de Urrutia del 17 de octubre del 2015 de garantizar a 12 internas adolescentes del Centro de Internación Provisoria de Santiago que visitaran a parientes y parejas, que se encontraban detenidos en diversos penales de la capital. El quinto caso fue por la decisión del 3 de marzo de 2016 de dictar el sobreseimiento definitivo de un caso por desórdenes públicos de una causa vinculada con un acto de protesta del colectivo “Andha Chile”. En esta oportunidad la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la decisión y presentó una denuncia penal por prevaricación en contra de Urrutia. 

El sexto sumario fue abierto cuando en 2016, Urrutia insistió en que los imputados en prisión preventiva podrían votar en las cárceles y ordenó al Servicio Electoral realizar todas las acciones pertinentes. La Corte de Apelaciones de Santiago decidió revocar la decisión y abrir un nuevo sumario. Finalmente, la Corte de Apelaciones de Santiago decidió en un pleno extraordinario solicitar a la Corte Suprema el traslado del juez argumentando que buscaban mejorar la gestión y el clima laboral del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Por estos casos, Urrutia se exponía a ser removido del Poder Judicial y en marzo de 2017 solicitó autorización para irse en comisión de servicio como juez internacional por la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras de la Organización de Estados Americanos (OEA), durante doce meses.

En una ocasión previa, en 2007, el abogado se mudó durante tres años a Chiapas, en México, también en medio de sumarios administrativos.

El 8 de abril de 2004, la Corte Suprema le concedió un permiso a para asistir a un diplomado sobre derechos humanos en la Universidad de Chile, en Santiago -en ese momento ejercía como juez de garantía en Coquimbo-. Al final del curso elaboró el trabajo académico “Propuesta de Política Pública de Introducción del Enfoque de Derechos Humanos en el Trabajo del Poder Judicial de la República de Chile”, que el 30 de noviembre de 2004, remitió a la Corte Suprema de Chile. En el texto criticaba la posición del Poder Judicial frente al gobierno militar de Augusto Pinochet, lo que le valió primero una censura por escrito, que luego fue rebajado a amonestación privada. 

El caso escaló hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que resolvió a favor de Urrutia y este año pasó a la Corte Interamericana de DD.HH.

Ha llevado otros casos ante el sistema interamericano. En marzo de 2014 generó molestias ante los magistrados del país cuando denunció «hostigamiento» de autoridades políticas del gobierno a jueces y cómo esto afectaba su independencia, lo que generó que la instancia internacional citara a representantes del Ejecutivo y del Poder Judicial a una audiencia. Sin embargo, hubo controversia entre los afiliados a la Asociación Nacional de Magistrados que alegaban que Urrutia, que estaba a cargo de la comisión de Derechos Humanos y Género, no consultó al directorio y se desmarcaron del caso. El juez debió continuar con la acción solo como coordinador de la Red Iberoamericana de Jueces. 

Casos más recientes relacionados con liceos emblemáticos

En julio de este año, el juez declaró inadmisible la querella que interpuso la entonces intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar, en contra del presidente del centro de alumnos del Instituto Nacional, Rodrigo Pérez, a quien acusó de haber «amenazado de muerte» al alcalde Felipe Alessandri. En cambio, el juez criticó a Rubilar por haber divulgado por redes sociales el rostro y nombre del alumno. La ex intendenta respondió llevando el caso a la Corte de Apelaciones. “Aspiramos profundamente a que la Corte una vez más revoque las sentencias de este juez en particular”, enfatizó Rubilar en sus declaraciones posteriores. La novena sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en forma unánime, acogió la querella. 

En la previa, un día después de que se aprobara en el Congreso el proyecto de Ley de Aula Segura, Urrutia denunció la detención de un estudiante de 15 años del Liceo Darío Salas, realizada por personal de Fuerzas Especiales de Carabineros. El magistrado declaró ilegal la detención del menor de edad y denunció a los policías que participaron del operativo por supuestos golpes que recibió el joven. 

En 2010, el magistrado estuvo a cargo de la formalización de ocho ex funcionarios públicos por la falta de alerta del maremoto que dejó 156 muertos y 25 desaparecidos, ocurrido el 27-F. En ese caso, el juez llamó la atención más que por su decisión, que consistió en la medida cautelar de arraigo nacional para todos los imputados, sino por su actitud durante la audiencia que duró cuatro días: sacó de la sala a un periodista porque le sonó el celular, pidió que se tomaran fotografías solo durante los primeros cinco minutos de cada presentación de los defensores en el caso, y «paró en seco» al abogado Luciano Fouillioux, defensor de Carmen Fernández. El juez le espetó: «abogado, temas de denuncia política en otro lugar (…) Aquí estamos hablando sobre (medidas) cautelares (…) lo que usted está señalando no se puede resolver en esta audiencia». En ese período llamó la atención de la prensa que tomara mate durante la audiencia. 

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