Publicado el 30 diciembre, 2020

Indulto para los detenidos del 18-O podría favorecer a imputados con antecedentes de homicidio, abuso sexual a menores de edad y narcotráfico

Autor:

Emily Avendaño

Cuando se cumplió un año del llamado “estallido social”, 648 de los imputados estaban en prisión preventiva, mientras que otros 725 fueron condenados. Todos ellos se beneficiarían por la moción que concede un indulto general y que pretende extinguir la responsabilidad penal de los señalados por estos sucesos. No obstante, 232 de quienes se encuentran en prisión preventiva por esos hechos tienen antecedentes previos a los ocurridos en el contexto del 18-O: nueve por homicidio, uno por femicidio, otro por abuso sexual de un menor de 14 años, 134 por robo, 22 por incendio, 14 por tenencia ilegal de armas, 13 por tráfico de drogas, entre otros delitos, de acuerdo con datos de la Subsecretaría de Interior.

Autor:

Emily Avendaño

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Luego de que la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, fallara el cálculo y planteara erróneamente la existencia de 800 personas en prisión preventiva sin haber tenido un debido proceso, como resultado de los actos de vandalismos ocurridos el 18 de octubre de 2019 y en los disturbios posteriores, el ruido causado por la moción que concede un indulto general y que pretende extinguir la responsabilidad penal de personas imputadas o condenadas debido a tales sucesos se fue apagando. Hasta este fin de semana, cuando el Presidente Sebastián Piñera firmó el proyecto de ley contra el crimen organizado y emplazó al Legislativo a agilizar la agenda de seguridad ciudadana, “la cual o parte de la cual se encuentra hace meses e, incluso, hace años en trámites en el Congreso”, dijo. Eso hizo que varios senadores se reunieran y acordaran pedir una sesión especial por las críticas del Ejecutivo. 

A esto se suma la preocupación provocada por los dos tiroteos en menos de 24 horas que se registraron en la comuna de Maipú, además de otros sucesos violentos como la muerte de una adolescente de 15 años en La Pintana tras ser alcanzada por una “bala loca”; un tiroteo en la comuna de El Bosque que tuvo saldo de dos niños, menores de 8 años, heridos; o el funcionario de seguridad municipal baleado en Vitacura al tratar de detener a dos asaltantes. 

Ayer el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, se refirió a estos hechos violentos y lo relacionó con la moción que se encuentra en primer trámite constitucional en el Senado. El subsecretario advirtió que además de realizar mejoras operativas a las policías y de contar con mejores instrumentos legales que faciliten la labor investigativa, “lo que necesitamos es un respaldo claro a la labor que realizan nuestras policías. Por eso la señal de indultar a personas que cometen delitos violentos, indultar a personas que saquean, indultar a personas que lanzan artefactos incendiarios es una mala señal hacia lo que tienen que hacer nuestras policías en el combate del delito”, enfatizó.

Cifras de la Subsecretaría de Interior dan cuenta de que cientos de los detenidos por actos vandálicos ocurridos el 18 de octubre y en las protestas posteriores ya tenían prontuario antes de relacionarse con con el llamado “estallido social”, algunos por delitos graves como homicidio, femicidio o abuso sexual.

La Fiscalía formalizó a un total de 5.084 personas por los actos de vandalismo ocurridos en el país del 18 de octubre de 2019 al 18 de octubre de 2020. Al momento de entregar su balance -a un año del estallido-, el Ministerio Público contabilizaba a 648 personas en prisión preventiva, y a otras 725 con condenas. Las estadísticas de Interior dan cuenta de que 232 de los sujetos que se encontraban en prisión para esa fecha tenían antecedentes por delitos cometidos previamente a los que los llevaron nuevamente a prisión en el contexto del estallido social.

Es así como, por ejemplo, el 14 de marzo de 2020 volvió a ingresar a la cárcel una persona que ya había sido imputado previamente por abuso sexual de un menor de 14 años. O el 20 de octubre de 2020 le correspondió nuevamente la entrada a prisión de un sujeto con prontuario por femicidio, lesiones menos graves, y amenazas simples contra personas y propiedades. Ambos en la Región Metropolitana.

Asimismo existen nueve imputados que ya tenían antecedentes por homicidio en distintos grados: una persona en Maule que ingresó a prisión el 23 de octubre de 2019 que antes tenía registros penales por posesión, tenencia o porte de armas sujetas a control, homicidio, y daños simples. En Antofagasta ingresó a prisión el 22 de noviembre de 2019 un sujeto ya había enfrentado a la justicia por homicidio; en esa misma región encarcelaron el 17 de diciembre de 2019 a un sujeto con historial por desórdenes en espectáculos públicos; homicidio y por colocación de bombas o artefactos explosivos.

En Valparaíso el 11 de noviembre de 2019 también ingresó a prisión preventiva un sujeto que ya tenía prontuario por crímenes y simples delitos contra la Ley de Seguridad Interior del Estado, y por homicidio frustrado. También en la V Región el 26 de noviembre de 2019 entró a la cárcel un sujeto por hechos relacionados con el estallido social que en la previa ya tenía antecedentes por homicidio y por robo en lugar no habitado.

En Biobío hay un caso del 12 de noviembre de 2019 con prontuario por homicidio y disparos injustificados en la vía pública

Mientras, en la Región Metropolitana hay tres casos de este tipo. Uno del 22 de octubre de 2019, otro del 31 de enero de 2020, que además de los antecedentes por cuasidelito de homicidio también tenía registros por apoderamiento o atentado al transporte público; y el último detenido en esta área, solo con antecedentes por homicidio ingresó a prisión el 20 de octubre de 2020.

El delito que más se repite entre el prontuario de los detenidos es el robo, en distintas variantes. Por este delito hay 134 casos, bien sea por robo con intimidación (24), robo en lugar no habitado (93), robo con fuerza en lugar no habitado (2), robo con fuerza en cajero automático (1) o robo por sorpresa (6). Existen algunos de los detenidos a los que se les imputa por varias de estas variables. Por receptación, 21 registros y por hurto existen 10 casos. 

En cuanto a delitos como tráfico ilícito de drogas son 13 de los detenidos post-estallido con prontuario por este crimen. Estos hechos habrían ocurrido en la Región Metropolitana, Antofagasta, Biobío, Los Ríos, Aysén y Maule. 

Asimismo, por hechos que transgreden la Ley de Armas hay 19 registros de personas detenidas por actos vandálicos posteriores al 18 de de octubre, que antes ya tenían antecedentes por este delito. 

Además, se tienen antecedentes por incendio en 22 casos, sea con peligro para las personas, la mayoría, o solo con daños y sin peligro de propagación; y por atentado explosivo o incendiario en 8 ocasiones. Por desórdenes hay 26 registros penales previos al 18-O. 

El balance post 18-O hasta el 16 de diciembre

Desde la oposición buscan que todas estas personas no solo sean eximidas de sus condenas, sino también que se haga borrón y cuenta nueva con todos los implicados en hechos violentos, en los que se incluyen los atentados que afectaron 118 estaciones de Metro, de las 136 que componen la red, así como la quema de la Universidad Pedro de Valdivia, del Museo Violeta Parra, de iglesias. Lo mismo con el lanzamiento de molotov a carabineros y a sus cuarteles policiales. 

Al respecto, en su declaración de ayer, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, ejemplificó:Escuchamos en la Comisión de Derechos Humanos -en donde está radicada la moción de indulto-, hace una semana, el relato de una de las personas que está privada de libertad. Y ¿por qué está privada de libertad?, se le imputa hacer uso de armas de fuego en contra de cuarteles de la PDI y de oficinas del Ministerio Público. Resulta que por un lado condenamos el uso de armas de fuego, que termina con personas heridas, pero por otro lado proponemos indultarlos. Creo que esas señales contradictorias no son efectivas para respaldar el rol que cumplen las policías, el Ministerio Público y los tribunales de justicia y para avanzar en darle seguridad a la ciudadanía”. 

En esa línea desde el Ejecutivo insisten en que se dé celeridad a proyectos de ley como el que moderniza a Carabineros, el que crea un nuevo Sistema de Inteligencia Nacional, la Ley de Control de Armas, la Ley contra el Narcotráfico (que permite la enajenación temprana de bienes de quienes se hayan involucrado en los delitos de tráfico de drogas), la Ley contra el Terrorismo, la Ley o el Estatuto de Protección de las Policías, y la Ley de Protección de la Infraestructura Crítica.

Desde el 18 de octubre de 2019 al 16 de diciembre de 2020 el Ministerio de Interior ha interpuesto un total de 541 querellas: 448 en la Región Metropolitana y 93 en regiones, contra un total de 1.809 imputados. De estos, existen 57 causas con 140 imputados en prisión preventiva.

El desglose de las 448 querellas presentadas en la RM indica que 219  son por la Ley N° 12.927, de Seguridad del Estado; contra 1.073 imputados. De estas, solo un imputado en prisión preventiva.

Por la quema de estaciones del Metro, Interior se ha querellado en 21 oportunidades, contra 13 imputados. En las causas de incendio de las estaciones La Granja y San Pablo hay 3 imputados en prisión preventiva. Además, por otros cargos hay otros 2 imputados en prisión preventiva por afectaciones al subterráneo. 

Existen otras 17 querellas por incendios, contra 10 imputados. Por los casos del Hotel Principado y de la Iglesia San Francisco de Carabineros, 4 imputados en prisión preventiva.

Adicionalmente por delitos que violan la Ley N° 17.798, sobre Control de Armas, y la Ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de drogas, y por delitos cometidos contra funcionarios de Carabineros de Chile en ejercicio de sus funciones hay 93 causas contra 186 imputados, de los cuales 74 están en prisión preventiva. Por saqueos se presentaron 42 querellas contra 221 imputados. Por esto último están en prisión preventiva 49 imputados.

También, 9 querellas por el delito de instalación de barricadas contra 67 imputados. Por esto, nadie se encuentra en prisión preventiva; entre otros. 

En regiones hay 93 querellas interpuestas por el Ministerio del Interior, pero ningún imputado en prisión preventiva.

Ya el Presidente Sebastián Piñera adelantó a mediados de diciembre que vetará el proyecto de indultos a detenidos para impedir su aprobación en el Senado, al considerar que “atenta contra el orden público, la seguridad ciudadana, la democracia y el Estado de derecho” en el país. “Entre los delitos que se pretenden indultar se incluyen delitos tan graves como el homicidio frustrado, el tráfico de armas, la tenencia ilegal de armamento bélico, el incendio, el uso de bombas molotov, los saqueos, los atentados al Metro y al transporte público, las lesiones graves a carabineros y muchos más” dijo el Jefe de Estado sobre la iniciativa presentada por los senadores Adriana Muñoz (PPD), Yasna Provoste (DC), Isabel Allende (PS), Juan Ignacio Latorre (RD) y Alejandro Navarro (PRO).

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