Publicado el 03 de abril, 2020

Estados Unidos estrecha el cerco sobre Nicolás Maduro

Autor:

Emily Avendaño

Comenzó el Departamento de Estado el 26 de marzo, cuando puso precio por la cabeza de Maduro y lo acusó de narcoterrorista. Luego, el secretario de Estado, Mike Pompeo, presentó un “Marco para la transición democrática de Venezuela”, el 31 de marzo. Al día siguiente, el Presidente Donald Trump anunció una de las mayores acciones militares de Washington en las costas de Latinoamérica desde la invasión a Panamá en 1989. 

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Emily Avendaño

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Un informe de las Naciones Unidas publicado este 2 de abril reporta que en Venezuela existen fallas en los servicios públicos como electricidad y agua, en al menos 10 estados lo que dificulta que las personas puedan adoptar las recomendaciones de higiene preventivas del Covid-19. Cita los resultados de una encuesta nacional de impacto del Covid-19, elaborada por una comisión de expertos de la salud, que reflejan fallas en la disponibilidad de insumos médicos. Según los datos, el nivel de desabastecimiento de guantes en el sector salud sería de 25%, de mascarillas es de 45% y de jabón de 65%. La encuesta también resaltó que la disponibilidad es a menudo intermitente cuando estos insumos existen. Y, aunque Venezuela es un país petrolero, subraya que se ha reportado mayor escasez de combustible en el país, incluyendo Caracas. 

Cuando el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, anunció la presentación de cargos criminales por narcotráfico contra Nicolás Maduro, defendió hacerlo en medio de la actual crisis sanitaria mundial que ha causado la expansión del coronavirus. «Es lo mejor que podemos hacer en este momento: hacer lo posible para que el pueblo de Venezuela pueda salir de esta gente», dijo Barr.

Ese fue el primer golpe que asestó EE.UU. esta semana en contra de Nicolás Maduro y varios de altos funcionarios o ex funcionarios del régimen venezolano. El Departamento de Justicia anunció cargos penales por conspiración narcoterrorista; conspiración para importación de cocaína; posesión de ametralladoras y artefactos destructivos; y conspiración para la posesión de armas de guerra y explosivos. Cada uno de estos delitos tiene pena máxima de cadena perpetua. Pero EE.UU. no se detuvo allí. En primer lugar actuó pese a la recomendación de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien el 24 de marzo pidió que se atenuaran las sanciones sectoriales que aplican a Venezuela entre otros países, en vista de su posible repercusión negativa sobre el sector de la salud y los derechos humanos y para facilitar la lucha contra el Covid-19. La acusación del Gobierno de Trump ocurrió el día 26. 

Y una semana después, el 1 de abril, el Presidente de EE.UU., Donald Trump, ordenó “duplicar” el número de militares en Latinoamérica para luchar contra el tráfico de drogas en el este del Océano Pacífico y el Caribe, lo que incluye Venezuela. En una conferencia de prensa, el Mandatario anunció la operación militar -que ya comenzó- y que cuenta con el apoyo de 22 naciones. La acción incluye el despliegue de buques de la Armada hacia Venezuela.

“Hoy Estados Unidos está fortaleciendo sus operaciones contra las drogas en Latinoamérica para proteger al pueblo estadounidense del azote mortal de las drogas. No dejaremos que los carteles del narcotráfico se aprovechen de esta pandemia para amenazar la vida de los estadounidenses”, anunció Trump. 

Destructores navales, barcos de combate, helicópteros, aviones de la fuerza aérea para labores de vigilancia y patrullas de la Guardia Costera se cuentan entre los equipos desplegados por Trump, quien calificó la operación como “la más grande de Occidente”.

“En este punto ya todos saben que esto es en serio. Urge un Gobierno de Emergencia Nacional, que impida que el narcorégimen usurpador siga cometiendo desmanes”, comentó en Twitter el Presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó. El Gobierno interino, además, emitió un comunicado en el que consideran el despliegue militar como “una acción positiva para frenar las redes narcoterroristas que ha impulsado el régimen de Nicolás Maduro, con sus aliados del ELN, la disidencia de las FARC y otros grupos, en toda la región” y subrayan que todas estas medidas “abonan el camino para una Venezuela libre”. 

El senador estadounidense Marco Rubio consideró que esta operación antinarcóticos «debería ser un motivo de grave preocupación para el dictador Nicolás Maduro y miembros de alto rango de su régimen, que fueron recientemente acusados por delitos incluyendo el narcotráfico».

El secretario de Defensa de EE.UU., Mark Esper, publicó un mapa en el que se detallan las rutas del narcotráfico que van a combatir; y el consejero de Seguridad Nacional de EE.UU., Robert O’Brien, explicó que con la operación antinarcóticos esperan limitar aún más los fondos que ingresan al régimen de Maduro provenientes del narcotráfico.

Maduro respondió ese mismo día, en un contacto telefónico en el programa semanal de televisión del número dos del chavismo, Diosdado Cabello -por quien también se ha ofrecido recompensa-, dijo: “Al terminar esa rueda de prensa todas las preguntas eran sobre la crisis humanitaria. (Trump) trató de desviar (la atención) hoy creando una escalada de declaraciones contra Venezuela, pero no lo van a lograr”, y acusó -como reiteradamente hace el chavismo- que “todo es una campaña de manipulación miserable, horrorosa”.

La cadena alemana DW destacó que “se trata de una de las mayores acciones militares de Washington en la región desde la invasión a Panamá en 1989 para derrocar al general Manuel Antonio Noriega y llevarlo a Estados Unidos para que enfrentara cargos por drogas”.

Ya en enero el buque de la Armada USS Detroit estuvo haciendo operaciones de navegación frente a la costa de Venezuela, también como una muestra de presión a Maduro.

La transición sin Maduro y sin Guaidó

Otra acción tomada por la administración de Donald Trump esta semana fue publicar un Marco para la transición democrática de Venezuela el 31 de marzo. Lo presentó el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, y allí se definen 14 puntos para instalar un gobierno de transición en el cual tanto Nicolás Maduro como Juan Guaidó “se hagan a un lado” y el Ejecutivo lo asuma un «Consejo de Estado». EE.UU. se compromete a levantar las sanciones que pesan sobre algunos funcionarios y fija como una de las garantías que el Alto Mando Militar se mantenga.

Esta propuesta ya había sido llevada por Guaidó a la mesa de negociación en Barbados a mediados de 2019; y pretendía la creación de un consejo de gobierno que incluyera a todos los sectores políticos y las Fuerzas Armadas hasta lograr una elección, «sin presos políticos, sin inhabilitaciones, bajo un nuevo sistema»; el ingreso inmediato de ayuda humanitaria; un acuerdo económico; garantías para todos los funcionarios que participen en el proceso electoral, y protección a la zona del Esequibo, sin que él o Maduro participaran.

La propuesta reciente de Estados Unidos prevé el pleno retorno de todos los miembros de la Asamblea Nacional (AN) con la inmunidad de los parlamentarios restaurada; así como la disolución de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC); liberación de los presos políticos; la salida de todas las fuerzas de seguridad extranjeras; la elección de nuevos miembros en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Supremo de Justicia; el establecimiento de una Comisión de la Verdad y la Reconciliación que investigue actos de violencia graves ocurridos desde 1999; y que el Consejo de Estado fije un plazo de 6 a 12 meses para celebrar elecciones simultáneas de la Presidencia y la Asamblea Nacional, entre otras. 

Pompeo precisó que las sanciones solo se levantarían después de que este gobierno de transición fuese establecido y las «fuerzas de seguridad extranjeras» salieran de Venezuela, en referencia a la actuación de Cuba.

El planteamiento de EE.UU. llegó después de que el 28 de marzo Guaidó presentara la conformación de un Gobierno de Emergencia Nacional “para atender la pandemia del coronavirus en Venezuela y salvarla de una catástrofe humanitaria sin precedentes”.

A través de un video difundido en sus redes, Guaidó señaló que “por razones obvias”, no podrá ser encabezado “por alguien acusado de narcotráfico”, pero tampoco, ni únicamente por las fuerzas de oposición al régimen. Este Gobierno de Emergencia delegará en el Consejo de Estado paritario las decisiones fundamentales en manejo del Estado, atención de la emergencia, estabilidad y reconciliación del país.

Se propone también abrir un canal humanitario y solicitar un préstamo inicial de 1.200 millones de dólares para atender la emergencia. 

El régimen rechazó la propuesta de Estados Unidos y la calificó como un “adefesio”. “El Gobierno Bolivariano reitera que Venezuela es un país libre, soberano, independiente y democrático, que no acepta, ni aceptará jamás tutelaje alguno, de ningún gobierno extranjero”, dice el comunicado difundido por la Cancillería.

“En una semana ha divagado entre constantes contradicciones: transita desde la extorsión y amenaza a funcionarios del Gobierno Bolivariano, incluyendo recompensas por su captura; hasta la presentación de un adefesio de acuerdo para la instalación de un supuesto gobierno de transición inconstitucional”, agregan. 

Por su parte, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos consideró el planteamiento de EE.UU. como una “válida solución para salir de la dictadura usurpadora y recobrar la democracia en el país”. Brasil, entre otras naciones, también respaldó el plan. 

El mismo 31 de marzo, el militar retirado venezolano Cliver Antonio Alcalá Cordones, uno de los 14 acusados por el Gobierno de EE.UU de narcotráfico, se declaró «no culpable» de los cargos ante un juez federal en Nueva York, en una audiencia realizada por Skype. Alcalá Cordones se entregó en Colombia a agentes de la DEA, un día después de que presentaran cargos en su contra. La próxima audiencia quedó fijada para el 26 de junio. 

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