En el marco de la discusión del Presupuesto, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, llegó hasta el Congreso este martes para defender la partida de esa cartera.
En la cuarta subcomisión mixta, el ministro y su equipo llegaron con un objetivo claro: pedir al Congreso y la Dipres apoyo para el plan de industrialización de viviendas sociales, con que el gobierno busca acelerar el Plan de Emergencia Habitacional que contempla entregar 260 mil viviendas en el mandato del Presidente Gabriel Boric.
Fuentes del oficialismo y del mundo ligado a la construcción sostienen que las casas industrializadas se han convertido en la gran apuesta del Ejecutivo y el ministerio para cumplir con el ambicioso plan. Según han anunciado desde la cartera, de hecho, se pretenden sacar adelante 20 mil viviendas de este tipo en un año, para ser incluidas en los subsidios para viviendas sociales.
Montes: «Esto no se hacía desde el gobierno del Presidente Allende»
«Vamos a licitar 20 mil (casas industrializadas). Queremos hacerlo el próximo año de todas maneras», dijo el ministro Montes ante la comisión.
Y agregó: «Necesitamos el apoyo de la Dirección de Presupuesto que no lo consideró. Esto es un cambio en la manera de licitar, porque gradualmente va favoreciendo regiones donde no hay fábricas… en fin, hay un con junto de diseños que estamos discutiendo con las empresas. Pediríamos que la comisión lo reflexionara porque esto es algo importante, esto va a ampliar la capacidad productiva, la oferta, aquí debería entrar Corfo».
Montes explicó que este sistema va a permitir llegar con viviendas a más lugares, contexto en el que aprovechó de enviar un mensaje a los parlamentarios de su sector y a la propia Dipres: «Esto tiene un proceso, una cierta gradualidad, esto no se hacía desde el gobierno del Presidente Allende, desde esa época que no había vivienda industrializada para sectores de ingresos medios e ingresos bajos y tenemos que reponerlo«.
La apuesta del gobierno por las viviendas industrializadas
Para implementar el Plan de Emergencia Habitacional, el Minvu anunció a mediados de 2022 una agenda de impulso de la construcción industrializada, la cual fue sometida a consulta pública entre junio y julio de este año para estandarizar criterios entre empresas constructoras y otros proveedores.
La idea es poder ponerle el acelerador a la construcción con viviendas prefabricadas, método que ya usó el gobierno del ex Presidente Salvador Allende en 1971. Ese año, la zona central del país fue azotada por un destructivo terremoto y la Unión Soviética donó a Chile la planta KPD (acrónimo en ruso para «Edificación con Grandes Paneles»), que fabricaba paneles de hormigón por donde iban los circuitos eléctricos y cañerías.
Esta se instaló en el sector El Belloto de Quilpué (Región de Valparaíso), y logró levantar 153 bloques de departamentos de entre 60 m2 y 70 m2. La particularidad radicaba en que un bloque se podía construir en un lapso de 16 días a un mes, en Viña del Mar, Valparaíso y Santiago.
Después del golpe de 1973, la planta quedó a cargo de la Armada, que la cerró en 1979.
Las viviendas prefabricadas o industrializadas ya comenzaron a ser usadas por este gobierno, pues el 10 de marzo de este año se entregó la primera casa de este tipo en Rancagua a una mujer que perdió su casa en 2012 producto de un incendio y que desde entonces vivía en una vivienda de emergencia. La casa de dos pisos, 50 m2 de superficie, dos dormitorios, cocina, living-comedor y baño, demoró dos meses en ser levantada.
Días antes, los ministros Carlos Montes y la vocera Camila Vallejo visitaron la planta de viviendas industrializadas “E2E”, desde donde anunciaron el uso de esas construcciones para reponer las viviendas que se quemaron en los incendios de Valparaíso, centro y sur del país.
Competencia desleal
Según el Minvu, este tipo de construcción es 40% más rápida que la tradicional y al ser estandarizada disminuye el margen de fallas y de residuos. Sin embargo, la propuesta de usar viviendas industrializadas le ha costado varias críticas a Montes y entre los expertos no convence la idea de que este tipo de viviendas sea la respuesta para solucionar el problema habitacional en Chile.
«La vivienda industrializada en todo el mundo ha probado no ser el camino más eficiente para responder al problema de vivienda, porque tiene dificultades técnicas. En EE.UU., un país altamente industrializado, se construyen menos de 200 mil viviendas industrializadas al año. Si el ministro pretende llegar al 10% de la capacidad de EE.UU. en un año, es imposible», explica a El Líbero el decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo, Pablo Allard.
Allard agrega que el ministro tiene una tarea difícil y está con dificultades, «por lo que buscaron, como vía de escape, hacer un llamado y poner incentivos para promover las casas industrializadas, y tengo la impresión que si no se logra cumplir con el plan, le van a echar la culpa a los privados».
Otro foco de críticas ha estado en que el llamado del gobierno podría provocar una competencia desleal.
El activista de temas urbanos, Patricio Herman, denunció ante Contraloría una presunta actuación irregular del Ministerio Secretaría General de la Presidencia en el contexto de la tramitación de la Ley de Presupuesto del año 2023, porque a través de una glosa presupuestaria se estaría modificando la Ley General de Urbanismo y Construcción (LGUC). En concreto, permitiría que las empresas de casas prefabricadas aprobadas por la División Técnica de Estudio (Ditec) y Fomento Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, pudieran construir sin necesidad de tener permiso de edificación ni recepción municipal. Esto podría generar una competencia desleal al favorecer a un tipo de empresa sobre otra.
El jefe de la Ditec, Ricardo Carvajal, desestimó esto en una reunión que sostuvo en enero con el Consejo de la Construcción Industrializada. Afirmó que estas viviendas deben ajustarse a las normas técnicas, a la Ordenanza General y al Plan Regulador respectivo, y que no es cierto que promuevan una competencia desleal porque “más empresas se pueden inscribir para ser industrializadoras”.
Hasta enero de 2023, había seis empresas aprobadas por la Ditec: Tecnofast, E2E, Patagual, Santa Magdalena, Baumax e EasyWood.
Qué manera de ser cantinflas y chueca la aproximación, «no hay competencia desleal ya que más empresas se pueden adherir a ESA forma de construccion» …… el resto …. seguimos con la del «pillo»….