El 31 de agosto, Michelle Bachelet dejará de ser la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Tras cuatro años en el cargo, la ex Presidenta aseguró que no repostulará. Pero antes de irse, dejó instalada una fuerte polémica internacional.
Las fuertes críticas a Bachelet por China
Ello, luego de recibir críticas de diversas ONGs como Amnistía Internacional, HRW, Hong Kong Watch, y la prensa internacional por su viaje a China. Se le acusó de ser condescendiente con el régimen comunista.
“La negativa de Bachelet a denunciar los crímenes de lesa humanidad del gobierno chino ha traicionado a incontables víctimas y sobrevivientes”; afirmó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
El director ejecutivo de la ONG Human Rights Watch, Kenneth Roth, consideró «desastrosa» la visita a China. “No pudo ir mejor para el Gobierno chino en su esfuerzo por ocultar las detenciones masivas y los abusos en Xinjiang», afirmó.
“Michelle Bachelet encubrió los crímenes del Partido Comunista Chino (PCCh) contra las minorías étnicas en Xinjiang», afirmó una columna publicada en Foreign Policy.
«En una conferencia de prensa posterior a la visita, Bachelet reveló sus verdaderos colores. Repitió el lenguaje de Beijing sobre ‘contraterrorismo’ y ‘desradicalización’; elogió el papel de China en el ‘multilateralismo’, y pregonó los logros del PCCh en la erradicación de la pobreza. Se ha convertido en la clásica idiota útil, interpretada hábilmente por el presidente chino Xi Jinping», señaló el mismo medio.
El Washington Post aseguró que Bachelet «enfrentó su prueba más importante, y fracasó miserablemente”.
El informe de 25 ONGs que contradice a Bachelet sobre Venezuela
Al igual que en China, el último informe de la ex Mandataria socialista sobre el régimen de Nicolas Maduro en Venezuela está generando polémica.
En 2019, Bachelet condenó fuertemente al gobierno venezolano por las graves violaciones a los DD.HH. Pero ahora aseguró que ha habido una serie de “mejoras”. Con ello aludió a menos detenciones arbitrarias y menos muertes en operaciones de seguridad que en años pasados. Así como la disolución de las Fuerzas de Acción Especial (FAES) de la policía, entre otras medidas.
Sin embargo, más de veinte de organizaciones no gubernamentales de Venezuela criticaron este documento de Bachelet. En respuesta, emitieron un contundente informe denunciando los incumplimientos del régimen de Maduro. Incluso, denuncian “francos retrocesos” en libertad individual y en independencia del poder judicial.
«La Oficina ha dejado de lado en varias ocasiones el examen de cumplimiento de sus propias recomendaciones por parte del Estado», dice el informe.
También afirma que a más de dos años de la visita de Bachelet a Venezuela, «se ha evidenciado una profundización de la emergencia humanitaria. Pese a ello, la actualizacion oral incurre en cierta benevolencia y obvia una serie de aspectos que merecían una referencia especial; a fin de ser cónsonos con las necesidades y padecimientos de las victimas en Venezuela».
«Se evidencia que entre 2019, 2020 y 2021 la Alta Comisionada ha emitido un total de 43 recomendaciones. El Estado venezolano no ha dado cumplimiento integral a ninguna de ellas, mostrando, en un total de 33 recomendaciones, un franco retroceso. En especial, a detenciones arbitrarias, separacion de poderes, situación del arco minero y derechos económicos, sociales y culturales«, señala el documento.
«El margen de tolerancia al incumplimiento del Estado, dado por la ACNUDH; ha debilitado sus recomendaciones. Lo ha llevado a replantearlas en términos menos contundentes. El Estado venezolano ha marcado con comodidad el ritmo en la implementacion de las recomendaciones».
Parte de los firmantes son Amnistía Internacional, Acceso a la Justicia, Alerta Venezuela, Provea, CDH UCAB, Civilis, Funcamama, Cepaz y Prepara Familia. A los que se suman CODHEZ, Crisis en Venezuela, Excubitus, Dale Letra, Hearts on Venezuela, Observatorio de DDHH ULA y CDH Unimet. Tambien lo validan la Unión Afirmativa, Sinergia, Funda Redes, Caleidoscopio Humano, entre otras entidades venezolanas.
Foro Penal: «Las detenciones arbitrarias, las torturas, las desapariciones forzadas y en general las violaciones a los Derechos Humanos continúan»
En entrevista con El Líbero desde Caracas, Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la ONG Foro Penal de Venezuela, aborda el informe de Bachelet.
-¿Qué le parece en términos generales el informe de la Alta Comisionada sobre los DD.HH. en Venezuela?
-En términos generales el informe destaca algunos avances, que yo denominaría “avances cosméticos”. Ello, en cuanto a los cambios legislativos en Venezuela; desde que en noviembre del año pasado se anunció la apertura formal de una investigación ante el TPI. Pese a que al lenguaje excesivamente diplomático del informe trata de mantener un equilibrio. También destaca que estos cambios legislativos, por sí mismos, no han sido suficientes. Dado que se expresa con claridad que, la gran mayoría de las recomendaciones previas; no han sido escuchadas. 43 de las recomendaciones previas de la Alta Comisionada al Estado venezolano han sido ignoradas. Y las detenciones arbitrarias, las torturas, las desapariciones forzadas y en general las violaciones a los Derechos Humanos continúan.
-¿Qué avances y retrocesos tiene respecto del último informe?
-Se hicieron algunas modificaciones a la legislación penal procesal dirigida a disminuir el uso arbitrario de la detención preventiva; como fórmula de “sanción anticipada”. Sin embargo, 114 presos políticos tienen más que cumplido el lapso máximo permitido de detención preventiva y siguen presos, algunos de ellos sin que siquiera haya comenzado su juicio.
La disolución “formal” de las FAES es un paso importante; más no suficiente (y esto lo destaca el informe); para acabar con las ejecuciones extrajudiciales. Por último, sigue reinando la impunidad en las violaciones a las Derechos Humanos. Los pocos avances (condenas) que se han visto se limitan a los ejecutores materiales de tales actos. Pero no se evalúa la responsabilidad de quienes están en la cadena de mando.
-En su opinión, cuál es la situación actual de los DD.HH. en Venezuela?
-Seguimos muy mal. Evidentemente hay un esfuerzo del poder para mostrar algunos avances, pero una cosa es “parecer” y otra muy distinta es “ser”. Aún nos queda mucho trecho por recorrer.
-En el informe se afirma que “las enmiendas legales establecieron que los civiles que cometan actos sancionados por el Código Orgánico de Justicia Militar, serán procesados por tribunales ordinarios. Y que los juicios en curso de civiles por tribunales militares deben ser transferidos a tribunales ordinarios”. ¿Qué opina de ello?
-Impedir que los civiles sean juzgados por tribunales militares es un avance significativo. Sin embargo, dicho avance debe estar acompañado de actos concretos que materialicen en la realidad lo pautado en las leyes. El informe destaca que dicho cambio, aunque positivo, se ha traducido en más demoras procesales. Esto demuestra que el cambio legislativo, por sí mismo, no es suficiente para acabar con las irregularidades procesales.
– El informe sostiene que hicieron coordinaciones para que se notificara a tiempo la detención de un familiar; y se garantizará la asistencia de su abogado. El cambio “se implementó institucionalmente a través de la transferencia oficial de la administración de los centros de detención del SEBIN y DGCIM en Caracas al Ministerio de Servicios Penitenciarios”. ¿Cuál es su análisis?
-Este avance, de nuevo, es un “avance cosmético”. Tanto en el SEBIN como en la DGCIM siguen existiendo presos políticos. Formalmente en el SEBIN la administración de la institución pasó a manos del Ministerio Penitenciario. En la práctica, siguen siendo los funcionarios del servicio de inteligencia los que la controlan.
-Qué impacto ha tenido la gestión de Bachelet en los DD.HH. en Venezuela?
-Pese a las críticas que puedan formularse, especialmente derivadas de una clara intención de no ser asertiva; al punto de poner en riesgo las relaciones de la oficina de la Alta Comisionada con el Poder, en general no se ha dejado de registrar lo sustancial. En Venezuela se violan sistemáticamente los Derechos Humanos, y esta realidad ha quedado claramente descrita en los informes de Bachelet. Eso es muy importante y ha sido positivo.