Publicado el 16 diciembre, 2020

El informe de la CPI que acerca cada vez más a Maduro y sus funcionarios a enfrentar un juicio por crímenes de lesa humanidad

Autor:

Emily Avendaño

El proceso de Venezuela ante la Corte Penal Internacional aún es largo, pero los activistas de DD.HH. de ese país se muestran confiados en que pasarán las fases que restan para terminar el examen preliminar iniciado en febrero de 2018 (están en la etapa 3 de 4) y se abrirá finalmente un juicio en el que se determine con nombre y apellido a los responsables. Existe el compromiso de la Fiscalía de la CPI de que para la primera parte de 2021 habrá concluido este proceso, lo que pudo verse favorecido por el hecho de que por primera vez en la historia del tribunal, un grupo de Estados Partes del Estatuto de Roma, entre los que se encuentra Chile, denunciaron a las autoridades de otro Estado Parte.

Autor:

Emily Avendaño

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¿Están los tribunales de justicia en Venezuela genuinamente investigando crímenes de lesa humanidad como el tratamiento de personas detenidas víctimas de tortura; violación y/u otras formas de violencia sexual; o la persecución de grupos fundada en motivos políticos, cometidos por autoridades o miembros de las fuerzas de seguridad del Estado? Esa es la pregunta que actualmente busca responder la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, al haber avanzado a Venezuela a la Fase 3 (de 4) del examen preliminar que ha estado realizando desde el 8 de febrero de 2018. 

La Fiscalía de la CPI “concluyó que existe fundamento razonable para creer que se cometieron crímenes de competencia de la Corte en Venezuela desde al menos abril de 2017”, de acuerdo con el Informe sobre las actividades de examen preliminar 2020 de la organización. De esta forma, confirmó lo que ya había adelantado a principios de noviembre cuando determinó que existen fundamentos razonables para creer que en Venezuela han ocurrido estos delitos.


El documento, difundido el 14 de diciembre, dice que “la Fiscalía ha concluido que la información disponible en esta etapa brinda un fundamento razonable para creer que, al menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional”.

Además, menciona como presuntamente responsables a los miembros de las fuerzas de seguridad que incluyen a: la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) y ciertas otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

La CPI, con sede en La Haya, en los Países Bajos, es un tribunal penal permanente que investiga, juzga y condena a los sujetos responsables de los crímenes más graves para la comunidad internacional y hace foco en aquellos que sean los máximos responsables por los actos cometidos, independientemente de si son funcionarios públicos.

Un aspecto clave de este tribunal es que funciona bajo el principio de la “complementariedad”, que significa que sólo se hace parte si el país en el que ocurrieron tales crímenes no lleva adelante los procesos, o lo hace de manera falsa o fingida para intentar evadir la justicia. Y justamente esa es la etapa en la que se encuentra ahora Venezuela. Ya pasó por la recepción y recopilación de información (Fase 1) y por la determinación de la existencia de delitos que son competencia de la Corte (Fase 2). 

Le resta entonces concluir la Fase 3, de admisibilidad, en términos de gravedad y complementariedad, y la 4, referida a si es en interés de la justicia o no presentar el caso ante la Corte. La propia Fiscalía se ha trazado como meta “la primera parte de 2021” para determinar si corresponde proceder a una investigación, es decir: presentar el caso ante la Sala de Cuestiones Preliminares y pedir órdenes de arresto o congelamiento de activos para los que determine la Fiscalía que son los presuntos máximos responsables por los delitos que están indagando.

Los falsos esfuerzos del régimen

El examen preliminar no es un juicio, sino la determinación de si existe uno o varios casos para que ese juicio ocurra, como explican desde la ONG Acceso a la Justicia.

Ali Daniels, director de la organización, plantea que “una vez que han determinado que son crímenes de lesa humanidad, el supuesto de la gravedad se da por sobreentendido. En cuanto a la complementariedad, la Fiscalía venezolana comenzó una estrategia según la cual quieren evidenciar que aunque se hayan cometido esos crímenes, que no aceptan, sino que simplemente dicen que son violaciones a los derechos humanos, estos han sido sancionados. Por eso han entregado un montón de expedientes a la Corte, pero no son representativos en comparación con los cientos de miles de afectados. En todo caso, solamente están juzgando a actores materiales y a personal subalterno y por eso la Corte sí es competente”, subraya.

Sobre este punto, Human Rights Watch hace una alerta, en un comunicado emitido tras conocerse el informe de la persecutora advierten: “Dado que el poder judicial de Venezuela es un apéndice del Ejecutivo, la Fiscalía debe estar alerta ante los esfuerzos del régimen por atosigarlos con información sobre supuestas investigaciones que no buscan más que dilatar la decisión de la fiscalía”.

El fiscal general de Venezuela Tarek William Saab, quien se reunió con Bensouda el 4 de noviembre, publicó un tuit ayer en el que destaca que la Fiscalía internacional en su texto se refirió a la recepción “del voluminoso informe” entregado por el Ministerio Público venezolano el 30 de noviembre y aseguró que el Gobierno de Maduro -al cual le responde- tiene la “firme intención de colaborar”. De hecho el texto de la Oficina de la Fiscal indica que las autoridades venezolanas se comprometieron a brindar el resto de la información solicitada en enero de 2021.

Para HRW, “el poder judicial (venezolano) ha dejado de actuar como una rama independiente del gobierno. Magistrados del TSJ han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes y han avalado prácticas y políticas abusivas en reiteradas oportunidades. Las investigaciones llevadas a cabo por Human Rights Watch han demostrado que el poder judicial venezolano no ha investigado las evidencias de abusos generalizados y que la gran mayoría de las violaciones de derechos humanos siguen impunes”.

Daniels lo ejemplifica con un hecho retratado en el Informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, en el que se registra la violación de un detenido en un centro de reclusión en Maracaibo (ciudad al occidente de Venezuela). En el acto estuvieron presentes varios policías y un supervisor de esos funcionarios, pero al hacer la imputación esta solo recayó sobre los uniformados de menor nivel. “Ni entre los mandos bajos se hace una asunción de responsabilidad. En el caso de los mandos altos, no hay ni siquiera hay una investigación, con lo cual el paso de la complementariedad debiese ser subsanado prontamente porque el gobierno les ha mandado información y con eso se puede cotejar cuántos juicios hay a un ministro, al director del CICPC, de la PNB, etc. No hay ninguno”. El activista destaca que el mismo informe refiere, en el párrafo 206, que la Fiscalía buscará a los “máximos responsables” de los crímenes.  

El próximo paso: la investigación

Durante el examen preliminar, la Fiscalía de la CPI determina “si existe una base razonable para iniciar una investigación”. Actualmente desarrolla 14 de estas “pre-investigaciones”, que involucran a países como Venezuela, Bolivia, Colombia, Honduras, Gabón, Guinea, Nigeria y Palestina, entre otros. En este punto aún no hay personas específicas señaladas como culpables.

Sin embargo, ya la Fiscalía anunció que concluirá el examen en la primera parte de 2021, “a fin de determinar si existe fundamento razonable para proceder a una investigación”. Es decir, sopesará si pasa a juicio, y si presenta un caso ya ante la Sala de Cuestiones Preliminares. Así como no hay un período de tiempo específico para definir cuánto debe demorar un examen preliminar, este proceso tampoco está delimitado en el tiempo. Entre que se concluye el examen y que se abra la investigación, si se abre, pueden transcurrir meses. 

Desde que se creó, en 1998, la CPI ha abierto sólo 13 investigaciones, de las cuales han surgido los 28 casos que se han presentado ante este tribunal. Se trata de una fase en la que se individualiza a los presuntos responsables y los delitos que cada uno haya cometido.

“Al llamarse fase de investigación la gente se confunde porque se pregunta qué hacía la Fiscalía antes. Ahora la fiscal está actuando sola, no hay ningún otro órgano de la CPI involucrado. En el supuesto de que se presente un caso ante la Corte actúan los dos juntos: tanto los jueces, que son tres, que van a conocer el caso y la Fiscalía. Actúan conjuntamente y pueden ampliar la investigación. Esto porque existe la figura del juez instructor que puede buscar más pruebas y ahondar en la investigación que ya previamente se hizo”, argumenta el director de Acceso a la Justicia.

En todo este proceso, el caso venezolano pudo haberse visto beneficiado por el hecho de que por primera vez en la historia del tribunal internacional, un grupo de Estados Partes del Estatuto de Roma -entre los que se encuentra Chile– denunciaron a las autoridades de otro Estado Parte. Explica en un texto Mariano de Alba, abogado venezolano especialista en derecho internacional, que “la Sala de Cuestiones Preliminares ha establecido que a pesar del silencio del Estatuto de Roma y sin importar la complejidad del caso, el examen preliminar debe ser completado dentro de un lapso razonable si la situación fue referida por un Estado Parte o el Consejo de Seguridad. Esta es otra ventaja de que haya un referimiento. De hecho, el promedio de duración de los exámenes preliminares iniciados por la Fiscalía es de casi cinco años. Pero si hay referencia de un Estado o del Consejo de Seguridad, el promedio baja a menos de ocho meses”. Emblemático en Latinoamérica es el caso de Colombia que lleva 16 años en examen preliminar, actualmente en la Fase 3, misma a la que acaba de pasar Venezuela.   

Las órdenes de captura

Cuando se avanza al siguiente nivel, “la Fiscalía comienza una investigación formal que está bajo el control de la Sala de Cuestiones Preliminares y en base a esto se determina cuáles serán los casos y se solicitan órdenes de detención para poder perseguir formalmente. El tiempo que esto dure va a depender de los recursos con lo que cuente la Fiscalía y también de la evidencia que pueda recuperar la Fiscalía”, dice la abogada Sara Fernández, oficial de incidencia del Centro de Justicia y Paz, Cepaz. 

Esta puede ser una nueva traba en este largo proceso, considerando que en Venezuela, como ha sido advertido por diversos informes, no existe separación de poderes. Thairi Moya, abogada experta en Derecho Penal Internacional y colaboradora de Cepaz, manifiesta que “la Corte tiene diversos métodos para llevar a cabo este tipo de órdenes. Todos basados en la cooperación internacional. Cada Estado Parte del Estatuto de Roma tiene la obligación de cooperar con la Corte para poder cumplir su mandato de llevar justicia. En un estado de derecho, deberían ser las autoridades nacionales quienes lleven a cabo esas órdenes que son emanadas por organismos internacionales, pero ante el escenario de que sean altos representantes de gobierno quienes están siendo investigados ha sido difícil llevarlas a cabo. Sin embargo, no es imposible. La justicia internacional tiene la virtud de que parece eterna y que puede tardar, pero finalmente sí termina alcanzando sus metas”, sostuvo en una conferencia de prensa organizada por Cepaz para explicar los alcances del informe de la Oficina de la Fiscal de la CPI.

Un ejemplo de esto es Omar al-Bashir, la única persona señalada hasta ahora por la Corte por genocidio y quien hasta abril de 2019 fue el presidente de Sudán. El llamado “carnicero de Darfur”, cuenta con una orden de arresto emanada de la CPI desde el año 2009, pero no fue detenido hasta su derrocamiento. En febrero de este año el Gobierno de transición de Sudán y los grupos rebeldes llegaron a un acuerdo para que los buscados por la Corte Penal Internacional comparezcan ante el tribunal, lo que todavía no se concreta. 

Siendo Presidente, al-Bashir nunca fue detenido porque se limitó a permanecer dentro de su país o viajar a lugares donde estaba seguro de que no lo detendrían. Cosa que desde hace algún tiempo ya vienen haciendo las máximas autoridades del régimen venezolano. 

Otro factor a considerar es que Fatou Bensouda permanecerá como fiscal hasta junio de 2021. En estos días durante la reunión de la Asamblea de Estados Parte de la CPI se está discutiendo quién la sucederá. La asamblea se lleva a cabo del 14 al 16 de diciembre en La Haya y del 17 al 23 de diciembre de 2020 en Nueva York. En esa ciudad está prevista la elección de seis jueces de la CPI, el Fiscal, seis miembros del Comité de Presupuesto y Finanzas y el nuevo Presidente de la Asamblea.

“La Fiscalía es una institución en sí misma, independientemente de quién la encabece, y además de eso gran parte del trabajo es hecho realmente por el equipo de la Fiscalía y ese se mantiene. El equipo que trabaja la situación de Venezuela no va a variar, independientemente de quién sea el Fiscal. Entonces no deberíamos ver un cambio abrupto en el enfoque que se tiene de la situación”, subraya la abogada Fernández.

Por su parte, Daniels analiza: “Pensábamos que la fiscal se iba a contentar con pasar a la fase 3 y entregarle el testigo al próximo persecutor, pero si está diciendo que va a cerrar el caso en la primera parte de 2021 y ella entrega su cargo en junio, quedaría en manos del siguiente fiscal la presentación o no del caso ante la Corte. Sí tiene influencia, pero en este caso, extrañamente, es una influencia positiva porque lo que ha hecho es acelerar el paso de la Fiscalía y en ese sentido nos alegramos que haya sido así”.

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