Esta semana la Ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública cumple 12 años desde su entrada en vigencia. Es por eso que el Consejo para la Transparencia y Chile Transparente han generado una serie de charlas y propuestas para avanzar en dicha materia.

Alberto Precht, director ejecutivo del capítulo chileno de Transparencia Internacional aborda, en conversación con El Líbero, cómo la transparencia y el acceso a la información inciden en la discusión parlamentaria, el proceso constituyente y cómo la libertad de expresión está implicada en estas materias.

En esta línea, Precht sostiene que abusar de este derecho, para emitir mensajes «odiosos» o insultarse entre sí durante las discusiones legislativas en el Congreso terminar por generar prácticas antidemocráticas. «Claramente cuando hay un ataque a un derecho tan fundamental como es la libertad de expresión esto se transforma en antidemocrático porque al final son estos discursos que son los más extremos, los más odiosos o grandilocuentes los que terminan tomándose la pauta», subraya.

El abogado también plantea cuál es la posición de Chile Transparente en cuanto a la discusión que se dará en la Convención Constitucional. Asegura que si bien deben existir espacios de reserva en la instancia, de igual forma se deben crear mecanismos de revisión posteriores. «Lo que no se puede creer es que andemos con un dedo encima de cada convencional, cualquier conversación requiere espacios de convencimiento», agrega.

-¿Cómo evalúa la forma en que se dan las discusiones en el Congreso donde muchas veces ocurren intercambios de insultos entre parlamentarios?

-Sin duda acá tenemos que equilibrar varios derechos, pero el principal derecho que deberíamos tener todos los chilenos es que tengamos una legislatura de calidad y eso requiere que exista amistad cívica y respeto el uno por el otro. El aprovecharse del fuero parlamentario, por ejemplo, para poder denostar a otro compañero de bancada o a otra persona es claramente un abuso de esa normativa, que está hecha para proteger la libertad de expresión, pero no para abusar de ella y aquí es donde vemos el déficit que tienen las Comisiones de Ética, que no han sido capaces de ser efectivas en la regulación de esta conducta parlamentaria que debiese ser de altura y con el cuidado de la amistad cívica que se requiere en un parlamento que es de personas diversas, y eso está muy bien, pero que tiene que llegar a acuerdos que sean los mejores para todos nosotros.

–¿Podrían estas mismas conductas ser, en algún punto, antidemocráticas?

-El abuso de cualquier derecho termina siendo un contrasentido. Es decir, si yo ocupo la libertad de expresión para insultar, para fomentar el odio, atacar a otro, claramente lo que yo estoy haciendo es abusando de esa misma libertad de expresión y, por tanto, dañándose. Y claramente cuando hay un ataque a un derecho tan fundamental como es la libertad de expresión esto se transforma en antidemocrático porque al final son estos discursos que son los más extremos, los más odiosos o grandilocuentes los que terminan tomándose la pauta. De hecho, si uno ve, la semana pasada ¿de qué hablamos? Hablamos de la diputada Jiles y cómo insultó al diputado Schalper y de cómo el diputado Schalper insultó a la diputada Hertz y claramente nos perdemos del fondo. En este momento deberíamos estar concentrados en qué están haciendo nuestros parlamentarios en los temas de Covid-19, con el estallido social, con las crisis que tenemos en el país y cómo finalmente están legislando.

Vemos el déficit que tienen las Comisiones de Ética, que no han sido capaces de ser efectivas en la regulación de esta conducta parlamentaria».

-¿Estos insultos que se suelen dar en el Congreso pueden caer en la definición de discurso de odio?

-No. Hay que distinguir entre lenguaje de odio versus lenguaje odioso. El lenguaje de odio es algo muy específico que tiene que ver con incentivos al ataque a la dignidad de una comunidad. Lo otro son más bien declaraciones odiosas u ofensivas. El problema es que si hay una persona que ofende a otra, las personas pueden recurrir a la justicia por el delito de injuria y, cuando se insulta imputando un delito, por el delito de calumnia, en esta caso como hay inmunidad parlamentaria finalmente estos dichos no quedan en nada y los diputados que son ofendidos o aludidos en el hemiciclo, la verdad es que están de brazos cruzados y tienen que esperar que la Comisión de Ética haga algo y la verdad es que han demostrado ser bastante ineficientes en este control. 

“No podemos andar con un dedo encima de cada convencional”

-Respecto al proceso constituyente, ¿cómo se podría equilibrar esta mayor necesidad de transparencia con un posible «miedo» de los constituyente de que sus propuestas o votaciones sean polémicas? 

-La transparencia tiene que ser la regla general, ese es el principio del derecho chileno desde 2005, y en eso no debe haber ninguna discusión. Pero la transparencia no es sinónimo de exhibicionismo, no es sinónimo de desnudez total. La transparencia es una herramienta para generar buenas decisiones democráticas. Y las buenas decisiones democráticas también requieren un cuidado de lo que se denomina privilegio deliberativo, es decir, que las autoridades, en este caso los constituyentes, puedan entre ellos debatir, tener espacios más reservados para poder llegar a determinados acuerdos y determinadas materias a hacerlas con alguna reserva. ¿Quién tiene que determinar cuándo vamos a estar en este caso excepcional de protección del privilegio deliberativo? Es la misma convención constitucional, que es absolutamente soberana y autónoma en cuanto a su reglamento. Lo que uno esperaría es que este privilegio deliberativo tampoco signifique un sesgo total, sino a lo más una postergación del derecho a saber, es decir, la decisión se toma con algunas normas de reserva, pero finalmente hay un acta, una trazabilidad o una vez que la decisión se toma queda todo el proceso publicado. Actualmente nosotros no conocemos los anteproyectos de ley y conocemos los textos cuando ya han llegado al Congreso y después podemos pedir todos aquellos materiales cuando la ley ya es aprobada. 

El principal derecho que deberíamos tener todos los chilenos es que tengamos una legislatura de calidad y eso requiere que exista amistad cívica y respeto el uno por el otro».

-¿Entonces algunas discusiones deberían ser reservadas?

-Nosotros creemos que la regla general tiene que ser la transparencia, pero puede haber reserva en algunos casos para la misma protección del buen funcionamiento y la toma de decisiones. Espacios más reservados, cuando se tratan materias muy sensibles. Lo que no se puede creer es que andemos con un dedo encima de cada convencional, cualquier conversación requiere espacios de convencimiento. Lo importante es que al final nosotros después sepamos y podamos hacerle una trazabilidad a la toma de decisiones. Las herramientas pueden ser diversas, desde la transmisión en vivo hasta que sea por actas, que haya espacios reservados y después se libere esa reserva, pueden haber muchas formas que después lleguen al mismo objetivo. 

–¿Cuál sería la distinción de regulación de plataformas y censura previa?

-No veo cómo podría haber una censura previa. Evidentemente acá lo que tiene que haber es una convención donde tienen que estar representadas todas las voces de una sociedad muy diversa, que todas las voces puedan expresarse sin ningún tipo de temor y, evidentemente, hacerlo de manera abierta y que finalmente se llegue a los consensos según el mismo acuerdo constitucional ha señalado: con 2/3 de los constituyentes.

Lo que no se puede creer es que andemos con un dedo encima de cada convencional, cualquier conversación requiere espacios de convencimiento».

-¿Cuál es la propuesta que ustedes hacen para que se incluyan en el reglamento de la Convención Constitucional estándares de transparencia? 

-En Chile Transparente valoramos las propuestas del Consejo para la Transparencia. También las que están en el mismo acuerdo que dio inicio al proceso constituyente, es decir, que se apliquen las normas de la Ley de Lobby, que se apliquen las normas relativas a declaraciones de patrimonio e interés, que las compras se hagan bajo el sistema de Chilecompra para tratar de evitar adquisiciones a dedo, que las contrataciones sean por mérito y no por cercanía, que esto sea lo más profesional posible y que evidentemente se trate de evitar cualquier posibilidad que vaya a manchar el proceso constituyente.

–¿Se debería incluir más normativa sobre transparencia en este proceso?

-La misma constituyente va a tener que hacer este trabajo a través de su reglamento y efectivamente es muy posible que se cree un portal de transparencia o se utilice el portal de transparencia del Estado, que se creen mecanismos de resolución de conflictos, órganos al interior de la constituyente que resuelvan los problemas que puedan existir. Recordemos que la constituyente no puede ser fiscalizada ni por la Contraloría General de la República ni por el Consejo para la Transparencia, por lo cual, la información que se divulgue para que los ciudadanos podamos hacer control, así como aquellos mecanismos de control interno van a ser muy, muy útiles.

Nosotros, en general, somos contrarios a cualquier intervención del Estado en la libertad de expresión. Las parodias, incluso, aunque sean ofensivas y molestas, son parte de la línea editorial del canal».

-Y en la Constitución, ¿qué se debería mantener y agregar en materia de transparencia?

-Creemos que en el nuevo cuerpo constitucional debiera mantenerse el principio de publicidad, el de probidad, debe consagrarse el derecho al acceso a la información y también consagrarse la obligación del Estado de luchar contra la corrupción y la protección de los denunciantes de corrupción también.

–Respecto a la polémica donde se hacía una parodia del Ejército, ¿qué sucede con la libertad de expresión? 

-Pasan varias cosas. Acá no se puede hacer censura previa y las parodias son parodias, se trata de un género humorístico y ahí claramente puede molestar como no puede molestar. Los que se sienten afectados hoy día tienen posibilidades de poder recurrir, por ejemplo, al Consejo Nacional de Televisión. Lo que no corresponde, a nuestro juicio, es que las ramas de las Fuerzas Armadas saquen una declaración pública, cada una autónomamente y no lo haya hecho la autoridad civil; en vez de cada una de ellas más la autoridad civil. Si la autoridad considera que hay algún procedimiento que no se esté cumpliendo por parte del canal de televisión tiene los medios para poder hacerlo. Nosotros, en general, somos contrarios a cualquier intervención del Estado en la libertad de expresión. Las parodias, incluso, aunque sean ofensivas y molestas, son parte de la línea editorial del canal y se ven permitidas esas decisiones editoriales, sin duda.

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