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Publicado el 12 de julio, 2019

Diputados «al límite» de la norma constitucional al intervenir en conflictos laborales

Autor:

Bastián Garcés

En medio de la huelga de trabajadores de Walmart, representantes del Frente Amplio, del Partido Socialista y del Comunista hicieron un llamado a no realizar compras en los establecimientos de la multinacional. A esto se suma, el respaldo público que el FA entregó al paro de profesores, con quienes se comprometieron a «colaborar activamente» con su «estrategia política». Para los expertos, estas acciones entran en pugna con la Constitución, que prohíbe que los legisladores tomen parte en este tipo de situaciones.

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Bastián Garcés

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«Tenemos la obligación de solidarizar con los y las trabajadores, para que esta herramienta fundamental sirva. No compre en Walmart que hoy comenzó su huelga con un 91% de aprobación«, escribió el miércoles 10 de julio el diputado de Convergencia Social, Gonzalo Winter, en su cuenta de Twitter tomando una postura respecto a la movilización que comenzó ese día el sindicato de trabajadores de la multinacional.

Un llamado que no solo realizó el legislador del Frente Amplio. El representante del Partido Comunista por el distrito 5, Daniel Núñez, subió a sus redes sociales durante esa jornada un video en el que afirmaba: «Mi deber como diputado de la región es apoyar a todos los trabajadores de Walmart que hoy día van a empezar esta huelga y quiero pedirle que el día que empiece la huelga dejen de comprar». En el registro se aprecia cómo que el diputado da un pequeño discurso, micrófono en mano, dentro de local de la empresa estadounidense. De hecho, al momento de hacer el llamado a no preferir la franquicia, Núñez es aplaudido por los trabajadores que se estaban movilizando.

El diputado del Partido Socialista, Marcelo Díaz, también hizo eco del apoyo a los trabajadores en huelga y, en su cuenta de Twitter escribió: «El llamado es a no comprar productos de la multinacional mientras ésta dure».

Sin embargo, eso según expertos chocaría con el orden constitucional. El asesor legislativo de la Fundación Jaime Guzmán, Emiliano García, explica a El Líbero que este tipo de conductas «pugna con el ordenamiento constitucional en la medida que vulnera o transgrede el artículo 60, número 5 de la Constitución, el que además señala expresamente que cesarán en el cargo el parlamentario que de palabra o por escrito incite a la alteración del orden público«.

El texto legal, al que hace referencia el abogado señala que «cesará en su cargo el diputado o senador que actúe como abogado o mandatario en cualquier clase de juicio, que ejercite cualquier influencia ante las autoridades administrativas o judiciales en favor o representación del empleador o de los trabajadores en negociaciones o conflictos laborales, sean del sector público o privado, o que intervengan en ellos ante cualquiera de las partes».

No le hace bien a la institucionalidad que autoridades administrativas o legislativas intervengan en conflictos laborales, no solo por la norma en la Constitución sino que porque distorsiona el sentido de una negociación colectiva y su huelga», sostiene el constitucionalista Arturo Fermandois.

Para el abogado constitucionalista y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, Arturo Fermandois, esta prohibición establecida en la Constitución busca «evitar que se use el poder que se les ha otorgado para desempeñarse en el Ejecutivo o en el Legislativo con fines particulares que tienen otro tratamiento«. Incluso, señala que «no le hace bien a la institucionalidad que autoridades administrativas o legislativas intervengan en conflictos laborales, no solo por la norma en la Constitución sino que porque distorsiona el sentido de una negociación colectiva y su huelga«.

El apoyo a la huelga no es el único hecho de este tipo que ha ocurrido en el último tiempo. El pasado 4 de julio, la bancada del Frente Amplio emitió un comunicado entregando su apoyo al paro de profesores. «Como parte de la oposición, y particularmente como Frente Amplio no podemos hacer otro cosas que apoyar, colaborar activamente y ponernos a disposición no solo de las demandas, sino también de la estrategia política que han planteado«, se lee en el texto realizado por el conglomerado de izquierda.

Tres años antes, a fines de noviembre de 2016, los diputados Gabriel Boric y Camila Vallejo (PC), apoyaron expresamente el paro de trabajadores de Homecenter. «El grupo Solari debe entender que su riqueza la generan los trabajadores y que por tanto su expansión internacional y patrón de acumulación no pueden ser a costa de ellos», escribió Facebook el dirigente frenteamplista junto a una foto en la que aparecía con empleados de la cadena en medio de una manifestación.

Este respaldo, generó las críticas de Confederación para la Producción y el Comercio (CPC), que en ese momento se encontraba en proceso de elección de presidente. Los dos candidatos para liderar la agrupación mostraron su molestia frente a este hecho.

«La Constitución dice muy claramente que cesa en el cargo el parlamentario que intervenga de cualquier forma en los conflictos laborales. Los parlamentarios no tienen nada que hacer en una negociación colectiva o en una huelga y ya es hora que respeten la ley«, señaló Hernán von Mühlenbrock. Mientras que Ricardo Mewes, afirmó que «no es el rol de los parlamentarios participar en las huelgas, ya que se desvirtúa y politiza el movimiento sindical, dejando de lado los legítimos intereses de los trabajadores, siendo reemplazados por motivaciones políticas».

Pese a esto, Boric aseguró:  «Es verdad que la Constitución dice que como parlamentarios no podemos ni intervenir en conflictos ni laborales ni estudiantiles. Es cierto también que no lo vamos a respetar».

Este tipo de hechos es, para Fermandois, lo que busca impedir el artículo 60 de la Carta Magna. El abogado señala que «la tarea de los legisladores incluye conocer y debatir los problemas de la sociedad para fijar las reglas legislativas que promuevan el bien común, incluyendo las leyes laborales» y enfatiza que los congresistas no deben «tomar parte o partido en negociaciones particulares y ponerse a uno u otro lado se la mesa. Ese es el punto que prohíbe la Constitución».

En la misma línea, García sostiene que «la razón de ser de esta norma es distinguir la actividad parlamentaria de otro tipo de actividades sociales, económicas y de obviamente, aquellas que tienen cierto carácter político». El asesor legislativo de la Fundación Jaime Guzmán añade que esta normativa «busca sancionar a quienes tuvieran este tipo de conductas, excediendo el patrón democrático y de respeto a la institucionalidad que deben tener los parlamentarios en cuanto a representantes de la voluntad soberana«.

Si bien la sanción de cesación del cargo se encuentra estipulada en la Constitución, el último intento formal en contra de un congresista fue hace más de 10 años. El 29 de agosto de 2007, el senador Alejandro Navarro -quien entonces militaba en el PS-, participó de una marcha organizada por la Central Unitaria de Trabajadores y protagonizó un altercado con un carabinero, en el que ambos intercambiaron golpes.

Esta situación generó que el diputado Alberto Cardemil (RN) presentara, el 27 de septiembre de ese año, un recurso ante el Tribunal Constitucional para inhabilitar al legislador por haber violado el artículo 60 de la Constitución. No obstante, el TC resolvió, a fines de octubre de 2008, que los argumentos entregados por el conglomerado de centroderecha no eran suficientes para configurar la causal de cesación en el cargo.

Al respecto, Fermandois señala que «el Tribunal Constitucional ha sido muy deferente con las autoridades parlamentarias cuando se las ha acusado de haber caído en esta conducta».

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