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Publicado el 23 de abril, 2019

Diez filtraciones que hoy les estallan en la cara a los fiscales

Autor:

Bastián Garcés

Penta, Caval, SQM y el caso Bombas han sido algunas de las causas en las que la fiscalía ha estado cuestionada por divulgar información respecto a sus investigaciones. Se trata de una práctica que se ha transformado en un verdadero dolor de cabeza para el Ministerio Público y para los imputados. La misma «estrategia» hoy estaría siendo utilizada por los persecutores en la crisis que se vive la VI Región, que tiene enfrentados a los fiscales Sergio Moya y Emiliano Arias.

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Bastián Garcés

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«Filtraciones». Esa parece ser la palabra de moda durante los últimos días al interior del Ministerio Público. Esto, luego de que el persecutor de Rancagua, Sergio Moya, acusara a su superior, el fiscal regional Emiliano Arias, de obstrucción a la investigación, tráficos de influencias, ocultamiento de información y… filtración de datos, violando así, el secreto de las indagaciones. Moya, sobre este último punto, denunció a su jefe de ordenar la extracción de documentos de la base de datos de la Fiscalía regional que terminaron en manos de una persona en Puerto Montt.

Aunque no es la única filtración que involucra a los fiscales. En la arista de tráfico de influencias, Moya afirmó que Arias tomó la decisión de ofrecer una salida judicial alternativa al síndico Herman Chadwick -acusado de delitos tributarios en la compra y venta de terrenos en el caso Caval-, para evitar dañar la imagen del gobierno. Sin embargo, esta acusación fue rechazada por el fiscal regional de Rancagua quien afirmó el domingo en Mesa Central de Canal 13 que las decisiones se tomaban en equipo y que «esas negociaciones, todas y lo podrán decir los abogados querellantes y defensores, las llevaba Sergio Moya». Horas después, esta versión quedó entre dicho luego de que ayer Biobío publicó un correo electrónico -filtrado- en donde Arias informaba a su equipo cómo se distribuirían los roles en el caso Caval.

En el e-mail, con fecha lunes 30 de octubre de 2017 y con el asunto «Caval y Estafa», se lee: «En cuanto a las negociaciones de eventuales abreviados u otras salidas en los delitos de la Ley de Quiebras y tributarios asociados el responsable soy yo», escribió Arias.

Con ello, la crítica que por años ha recibido los fiscales, sobre que filtra antecedentes de las causas a la prensa, hoy la viven en carne propia. De hecho, el mismo Arias, al ser consultado por el mail, dijo en Cooperativa: «Ustedes van a empezar a ver la filtración de este tipo de antecedentes que lo único que hacen es dar cuenta del actuar concertado y que esto es un asunto meramente comunicacional».

Esto es un ingrediente más en la crisis que vive el Poder Judicial en la VI Región, la que estalló luego que tres ministros de la Corte de Apelaciones fueran apartados de sus funciones para ser investigados por posible tráfico de influencias y pagos indebidos. El llamado «desastre de Rancagua» se profundizó tras la denuncia de Moya contra Arias. Tanto así que el fiscal nacional, Jorge Abbott realizará hoy un consejo de fiscales para analizar la situación y decidir acciones, aunque ya tomó la primera medida: designó al persecutor de Antofagasta, Alberto Ayala, para encabezar la investigación al fiscal de O’Higgins.

El mail fue la segunda filtración a la prensa que se dio en menos de 24 horas. La primera, apareció en el cuerpo de Reportajes de La Tercera el domingo pasado y se trató de la declaración del ex arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz, en el marco de la investigación llevada por el supuesto encubrimiento de delitos sexuales cometidos por sacerdotes. No era una información cualquiera, sino que se trataba del interrogatorio de 12 horas que enfrentó el clérigo en donde debió responder 261 preguntas formuladas por el fiscal de alta complejidad Jorge Escobar.

Al menos 10 filtraciones en 5 años

A las dos filtraciones que ocurrieron este fin de semana, se suman al menos ocho más. Una de las más recientes ocurrió en septiembre del año pasado, cuando el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, se vio involucrado en investigaciones sobre posibles filtraciones de información. El persecutor a cargo de pesquisar la arista Ascar, por el caso de la muerte de niños al interior de residencias de la red del Servicio Nacional de Menores, fue denunciado por los ex ministros de Justicia José Antonio Gómez y Javiera Blanco, investigados en la causa. Los ex secretarios de Estado acusaron de «enterarse por la prensa» de los avances de la indagación. A raíz de esto, Abbott designó al persecutor de La Araucanía, Cristián Paredes, para que investigara a Emilfork.

Seis meses antes, fue el turno de la dupla Arias-Moya. Sebastián Dávalos -el hijo de la ex Presidenta Michelle Bachelet-, y su esposa Natalia Compagnon se querellaron en contra de los fiscales de Rancagua a quienes acusaron de haber violado el secreto de la investigación al filtrar antecedentes que los habrían perjudicado en las pesquisas del caso Caval. Esta vez, el Fiscal Nacional designó al persecutor de Antofagasta, Alberto Ayala, para encabezar las indagaciones.

En 2017 fue el caso Penta el que protagonizó la ventilación de información. En abril de ese año, 18 abogados defensores de los imputados por la causa presentaron una denuncia al Fiscal Nacional. En el texto se leía que «la filtración de antecedentes reservados de la investigación ha sido una constante a lo largo de toda la investigación de este caso y constituye un hecho de la mayor gravedad». Los dardos apuntaban directamente al interior de la institución, ya que los defensores señalaba que «la divulgación de antecedentes reservados por parte de funcionarios del Ministerio Público es un hecho constitutivo de delito». En el texto, los abogados hacían alusión a que los detalles de la acusación contra 39 personas fueron revelados por un medio de comunicación antes de que fueran presentados formalmente, en una investigación que encabezaba el fiscal regional Oriente, Manuel Guerra.

Aunque el peor año para el Ministerio Público fue 2016. Ese año Abbott debió lidiar con tres dolores de cabeza y dos de ellos se concentraron en noviembre. El primero se relacionó nuevamente con Penta y su «derivado» SQM. Se apuntó al equipo liderado por Guerra, integrado entonces por Carlos Gajardo y Pablo Norambuena. El miércoles 30 de ese mes, se inició una investigación a cargo del fiscal de la zona Centro Norte Andrés Montes, a raíz de la denuncia que presentó el abogado de Jorge Rosenblut, Gabriel Zaliasnik, por la filtración del testimonio de Giorgio Martelli. En la petición, Zaliasnik afirmó que la declaración del recaudador de la campaña de Bachelet se publicó «a tan solo horas de haberse realizado la diligencia investigativa». De hecho, la pesquisa fue llevada a cabo en la ocasión por Gajardo en conjunto con un funcionario policial.

Seis días antes, el ex ministro de la Secretaría General de la Presidencia Jorge Insunza se querelló por las filtraciones publicadas en distintos medios de comunicación sobre la investigación llevada a cabo por la fiscalía en su contra por presuntos delitos de cohecho, negociación incompatible y delitos tributarios. Sobre los secretos legales de las indagatorias, lideradas por Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, el texto señalaba que «fueron consciente y deliberadamente violados por funcionarios públicos, cuya identidad debe ser determinada por la investigación que se lleva a cabo».

En agosto de ese año, los focos se centraron en Emiliano Arias. Según una publicación de El Mercurio las miradas de la fiscalía apuntaban al persecutor de Rancagua por las filtraciones de las diligencias del caso Corpesca. Un episodio de esto ocurrió el 31 de julio, cuando el Ministerio Público elaboró una minuta en donde se definía que no se avanzaría en los casos sin querellas del SII. A este documento tuvieron acceso pocas personas -solo 3 fiscales-, razón por la cual las miradas se dirigieron a Arias. El 4 de agosto se publicó que el fiscal de Rancagua había decidido abrir nuevas aristas, esta vez por Fipes (Industrias Pesqueras del Sur Austral). Una semana después se conocieron más aspectos de la investigación. Esto, sumado a una entrevista que Arias dio a un medio, sin comunicar a su jefe, motivaron que Abbott optara por reasignar el caso Corpesca al fiscal regional del Biobío, Julio Contardo, e instruir un sumario a cargo del jefe de la fiscalía regional Metropolitana Centro Norte, Andrés Montes.

Ya en 2015, el actual jefe de la institución Jorge Abbott debió hacer frente a estas prácticas. «Me parece de especial gravedad la existencia de este tipo de filtraciones que significa la constitución de delitos penados en el Código Procesal«, afirmó la máxima autoridad del Ministerio Público a principios de diciembre de ese año. Esto, luego de que se publicara un correo de agosto de 2009, escrito por la hermana de la senadora Ena von Baer y dirigido al entonces gerente de SQM, Patricio Contesse, para solicitar apoyo para financiar la campaña electoral de la dirigente de la UDI.

Ese mismo año, el entonces fiscal de la zona metropolitana Oriente, Alberto Ayala -que ahora investigará a Arias-, fue acusado de entregar información de la investigación del caso SQM al ministerio del Interior. En ese entonces, Guerra -que debió indagar esta acusación- citó a declarar tanto a Ayala como al fiscal Carlos Gajardo. Al respecto, el entonces Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, afirmó que «la filtración en una investigación es un delito y hay que investigarlo». Si bien finalmente Ayala fue sobreseído, se trató de uno de los capítulos más complejos del caso, luego de que el ex director del SII, Michel Jorratt afirmara que había «un fiscal» que alertaba al ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, sobre todas las acciones que tomaba o no el organismo respecto a la causa.

No era la primera vez que Chahuán debía enfrentar este tipo de polémicas. En septiembre de 2014, el entonces líder del Ministerio Público pidió un informe a su organismo para ver la responsabilidad de la filtración de diligencias que dieron con el paradero de tres imputados por el caso Bombas -en el que se investigó las explosiones ocurridas en el Metro Los Dominicos, el SubCentro de Escuela Militar y los ataques a la 1ª y 39ª Comisarías de Carabineros-. En esa ocasión estaba en entredicho el equipo de la Fiscalía Metropolitana Sur, liderada por Raúl Guzmán, pues La Moneda sospechaba que de él provenía la información a la prensa. Guzmán fue electo la semana pasada como secretario general del Senado.

Chahuán afirmó en esa oportunidad que «como Fiscalía Nacional, como una norma para todo el país, hemos instruido que, si hay filtraciones, deben tratar de reprimirse y eventualmente iniciarse acciones penales por esos hechos, porque pueden perjudicar investigaciones».

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