Publicado el 5 marzo, 2021

Detrás de la sonrisa de Bachelet: las críticas de los defensores de DD.HH. en Venezuela

Autor:

Maolis Castro

El rol de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos es cuestionado tras aparecer sonriente en un encuentro telemático con Nicolás Maduro. “Esto es un mensaje muy malo para las víctimas”, dice el director de Provea, Rafael Uzcátegui, a El Líbero. Para Ali Daniels, jefe de Acceso a la Justicia, el problema no está en un trato cordial, sino en la “afectividad” mostrada por la ex Presidenta. Lexys Rendón, directora de Laboratorio de Paz, cree que el régimen logró su intencionalidad de “decir que las relaciones son las mejores” con la Oficina.

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Maolis Castro

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La sonrisa de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en una reunión telemática con el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, desencadenó una serie de críticas contra la ex Presidenta. Sobre la imagen, difundida por el canciller venezolano Jorge Arreaza y el propio Maduro en Twitter, defensores de DD.HH. en Caracas indican a El Líbero que es una mala señal para las víctimas de crímenes cometidos por el régimen. “Esto es un mensaje muy malo para las víctimas. El Gobierno busca, precisamente, este tipo de reacciones, que exista desconfianza en el trabajo de la Oficina, y también mostrar al mundo que existe un acuerdo cordial“, dice Rafael Uzcátegui, director de la ONG Provea.

Para el líder del régimen chavista, es un trofeo en medio de la presión internacional por un retorno a la democracia en el país. Maduro calificó como “una excelente videoconferencia” el encuentro y señaló que se abordaron “los efectos negativos de las sanciones contra Venezuela” y la política de atención a la pandemia de Covid-19. Su canciller agregó que en la “cordial reunión” abordaron “el avance en la cooperación” con la instancia.

La reacción de Uzcátegui, y otros activistas, fue inmediata en redes sociales. “Es indignante las risas en una ‘reunión técnica’ con quien está siendo acusado de crímenes contra la humanidad. Toda una bofetada a las víctimas. ¿Hubiera cordializado la Alta Comisionada en un encuentro con el señor Augusto Pinochet?“, escribió en Twitter.

El gesto de Bachelet tampoco fue interpretado con agrado por Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia. Considera que el canciller Arreaza usó la imagen con una sola intención: “Que se viera lo bueno que se llevan con la alta comisionada de la ONU“.

Señala que, aunque la oficina denuncia vulneraciones cometidas por el sucesor de Hugo Chávez, preocupa la “indelicadeza” y no “manejar las formas de una manera más adecuada” del alto cargo. “No es solamente denunciar las violaciones a los derechos humanos, sino comportarse como tales denuncias exigen. Si yo digo que hay organismos paramilitares en Venezuela o un cuerpo policial como FAES está cometiendo ejecuciones extrajudiciales y luego tengo una reunión cordial con quienes son los responsables de esos delitos. En líneas generales, la ética tiene que venir acompañada de una estética. Y, en este caso, a pesar de que se cumple con las denuncias o con la ética, la estética no la acompaña”, explica Daniels.

Para la directora de la ONG Laboratorio de Paz, Lexys Rendón, se trató de una fotografía “lamentable”. Coincide con Daniels en que es común que el régimen use estas imágenes con fines políticos, especialmente en los casos de Bachelet y de António Guterres, secretario general de Naciones Unidas. “Esto es intencional. Y, precisamente, la intencionalidad es decir que las relaciones son las mejores y que están cooperando en los mejores términos y están cumpliendo con la garantía y promoción de derechos humanos, y compromisos. También tiene una intención de meter la duda frente a las víctimas y las organizaciones, al tratar de transmitir el mensaje de que Bachelet es cercana al Gobierno. Eso es parte del juego al que recurren Estados como el nuestro, autoritario, y el canciller (Arreaza) ha hecho muy bien ese papel”, precisó.

De acuerdo con Rendón se logró la intencionalidad de que la autoridad pareciera cercana al régimen, lo cual puede ser resentido por las víctimas de crímenes cometidos por el Estado venezolano. Rescata que en los informes de 2019 y 2020 haya evidenciado las denuncias de crímenes contra la humanidad en el país. Sin embargo, Uzcátegui advierte una modificación de la percepción hacia el equipo de investigadores. “Nosotros teníamos muchas expectativas por la presencia del Alto Comisionado de la ONU en Venezuela, y de hecho su visita fue un triunfo de la sociedad democrática. Pero progresivamente hemos empezado a tener un mal sabor en la boca los defensores de derechos humanos, porque hemos visto que hay un cambio de tono de los informes, y se está priorizando la cooperación técnica sobre la protección”.

Coloca énfasis en las últimas actualizaciones orales, que aprecia con un “tono” menos contundente a partir de las actualizaciones orales de la oficina del año pasado. “Sabemos que existen dos tipos de actualizaciones, una que cuenta toda la cooperación técnica y otra sobre los derechos humanos. La Oficina del Alto Comisionado de pretende ser muy diplomática, tanto que a veces hace afirmaciones que no son reales, porque en una de las actualizaciones sobre derechos humanos se decía que había medidas de bioseguridad en las cárceles venezolanas, y no es así”, explica. 

Su temor está en que el interés del organismo por crear un despacho oficial en Caracas conlleve a un compromiso con el Gobierno: “No se puede crear una oficina formal a cualquier precio, que sea funcional para los violadores de derechos humanos y no para las víctimas”. 

Una “oportunidad” para Maduro

La figura de la ex Presidenta es percibida como una “oportunidad” para Maduro, según el director de Provea. Con el anterior alto comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein, había una relación áspera. “Cuando nombran a Michelle Bachelet como Alta Comisionada, el Gobierno identificó una oportunidad para usarla como muleta, para simular que tiene voluntad para respetar los Derechos Humanos en Venezuela”.

El régimen trabajó para fortalecer ese proceso de simulación de respeto a los derechos. El sucesor de Hugo Chávez exigió sustituir a las personas más profesionales en el equipo de trabajo de Naciones Unidas sobre Venezuela. En 2019, el Gobierno y la oficina establecieron un acuerdo de cooperación en materia de DD.HH., denominado “Memorando de Entendimiento”, que consta de 9 puntos que hasta ahora son “secretos” para las organizaciones de DD.HH. Uzcátegui detecta que el organismo se enfocó en la capacitación técnica, lo cual es uno de sus mandatos; pero entretanto dejó “por debajo” la asistencia a las víctimas. “Los gobiernos autoritarios siempre van a privilegiar la asistencia técnica sobre el rol de protección”, explica.

Esta intención del Gobierno, en mostrar un “proceso de colaboración” a la comunidad internacional, tendría como fin evitar el avance de otros mecanismos más contundentes. Un ejemplo es la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, la cual tiene un rol más “incisivo” y con informes más robustos respecto a los efectuados por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. “Son dos instancias con tonos completamente diferentes”, agrega Uzcátegui.

Al cóctel se suma otro ingrediente: el examen preliminar sobre el Caso Venezuela I en la Corte Penal Internacional. Dicha instancia tiene un nuevo fiscal, Karin Kham, que asumirá en junio, y sobre quien existen expectativas respecto a su rol más activo respecto a las denuncias de crímenes de lesa humanidad. Y, por último, las presiones internacionales contra Maduro y sus aliados que, recientemente, encontraron sanciones más severas por parte de la Unión Europea.

El director de Provea opina que, en el caso de Bachelet, influye “una tensión permanente entre su afinidad ideológica y su rol como defensora de derechos humanos”. Acota que “sus primeras actuaciones sobre Venezuela fueron muy solventes como Alta Comisionada para los DD.HH., pero eso tenía que ver porque contaba con un equipo de trabajo muy bueno, que venía desde hace años haciendo seguimiento al tema venezolano”.

La “deferencia” a la Fiscalía venezolana

Las ONG perciben un acercamiento de Bachelet a la Fiscalía venezolana, controlada por Maduro, que afectaría la robustez de los informes. Tarek William Saab, fiscal designado por el régimen en agosto de 2017, está vinculado al chavismo desde sus inicios políticos. Fue gobernador del estado oriental de Anzoátegui (2004-2012), miembro de la asamblea que redactó la actual Constitución de Venezuela, amigo del ex Presidente Chávez, militante durante años de movimientos de extrema izquierda y sancionado por Estados Unidos por socavar “la democracia” y tener “responsabilidad” en actos de violencia o corrupción, motivo que le valió una condecoración del propio Maduro.

“Reconocimiento en el reciente informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Bachelet, a la labor emprendida por el Ministerio Público de Venezuela en la defensa de los Derechos Humanos”, escribió Saab, a finales de febrero, y aludiendo a un video de la ex Mandataria.

Estas interacciones causan recelo. “Esto nos preocupa porque, justamente, para nosotros la Fiscalía es parte del aparato represivo, y no ha cambiado en sus maneras. Todo lo contrario, sigue actuando de la misma manera que en épocas anteriores”, asegura Daniels.

Su preocupación se centra en que el discurso de Bachelet pueda ser menos crítico, incluso se refiere a la actualización oral de la Alta Comisionada sobre la cooperación entre su oficina y Venezuela presentada el 26 de febrero ante el Consejo de DD.HH., que a su juicio carece de solidez respecto a otros anteriores, y en dar por ciertos los datos y afirmaciones consignadas por el Ministerio Público. “Sobre todo nos preocupa que se tenga tanta deferencia con la Fiscalía”, acota.

Pese al trabajo de la Oficina, todavía no es notoria una mejoría en el país. Lejos de eso, muchos indican un empeoramiento de la situación, y denuncian que no cesaron los crímenes. Al contrario, suman a los desmanes una serie de persecuciones contra ONG, especialmente centradas en la ayuda humanitaria, en el país. “Nosotros aspiramos que el 10 de marzo, cuando tenga la presentación de los avances en materia de derechos humanos, el informe diga mucho de lo que ha ocurrido este año, sobre todo en el caso de la pandemia de Covid y el Estado de Alarma, donde los primeros meses fue brutal la represión contra las personas que protestaron por servicios públicos”, concluye Rendón.

  1. Eugenio Lagos Baquedano dice:

    Como siempre los organismos internacionales capturados por operadores políticos de izquierda. ¿Que otra cosa se podría haber esperado de la Comandante Claudia?

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