Publicado el 07 de abril, 2021

Cristóbal Orrego: El paradigma de los derechos humanos

Autor:

Pía Orellana

El proceso constituyente corre el riesgo de reforzar la inflación de los derechos humanos, en lugar de aprovechar la oportunidad de equilibrar la situación a favor de los deberes esenciales.

Autor:

Pía Orellana

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Una Constitución realmente nueva, aunque tenga en cuenta nuestra tradición jurídica y retenga lo mejor de la Constitución de 1980, no puede limitarse a transmitir al siglo XXI los paradigmas obsoletos que arrastramos desde el siglo XVIII. Uno de ellos es el de los “derechos naturales” o “derechos humanos”, concebidos como exigencias progresivamente ampliadas, de marcado carácter individualista y, en contextos de violencia política (como la sufrida por nuestra patria), prácticamente capturados por grupos de izquierda (bien representados en el Instituto Nacional de Derechos Humanos).

El paradigma de los derechos naturales se fue revelando como insuficiente a medida que los llamados “derechos de primera generación” (vida, libertad, propiedad, etc.) han debido ampliarse hacia los de “segunda generación” (económicos, sociales y culturales, como educación, salud, trabajo, etc.) y los de “tercera generación” (paz, desarrollo, ecología, etc.). Estas expansiones tienen la ventaja de corregir la unilateralidad de la concepción liberal de los derechos; pero lo hacen a costa de un gran inconveniente: reforzar la idea dominante de que el bien humano, individual y social, se construye sobre la base de las meras exigencias de los individuos y los grupos. Ese “pecado original” da origen a lo que Mary Ann Glendon denominó “el empobrecimiento del discurso político” por el predominio casi absoluto del lenguaje de los derechos, con casi olvido de la solidaridad y del lenguaje de los deberes, del cuidado de las comunidades, etc.

La Constitución de 1980, con la sabiduría que caracterizó a sus autores, tituló su tercer capítulo con conciencia del deber: “De los derechos y deberes constitucionales”. Al hilo de los derechos, menciona algunos deberes y prohibiciones; pero solo el Artículo 22 se refiere claramente a unos mínimos deberes constitucionales, sobre todo de patriotismo (como el servicio militar o respetar la tradición chilena: supongo que esto incluye el rodeo…). Nada de lo cual contrapesa adecuadamente el veneno del individualismo demandante, que ya es una enfermedad nacional que se ha intentado sanar no con el verdadero remedio —exigir deberes a los que solo quieren derechos— sino con la continua y demagógica concesión de dádivas y la exacerbada creación de organismos públicos para satisfacer demandas ciudadanas.

El proceso constituyente corre el riesgo de reforzar la inflación de los derechos humanos, en lugar de aprovechar la oportunidad de equilibrar la situación a favor de los deberes esenciales. Hasta hay que soportar el espectáculo de gente que quiere otorgar derechos sin saber quiénes tienen los respectivos deberes de satisfacerlos (implícita aquí la fe laica en el Estado Providencia, ese dios que vendría a proveer todo tipo de derechos nuevos).

Sin deberes, de todos y no solo del Estado, no hay derechos: solo demandas, gritos, moralismo de izquierda. Propongo, por consiguiente, omitir por completo la tabla de derechos constitucionales, mediante un breve artículo que se remita a una posterior Carta Magna de deberes y derechos fundamentales (una Ley Orgánica Constitucional), con exigencias de nivel constitucional realmente esenciales, universales y permanentes (por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948).

Una alternativa, si los constituyentes no quieren algo tan radical como prescindir de una declaración de derechos en la Constitución, es contar con dos tablas constitucionales: una de derechos fundamentales y otra de deberes constitucionales. Los derechos deberían enumerarse de la manera más sucinta posible, incluyendo en cada numerando los deberes estrictamente vinculados (por ejemplo, el deber de los padres de educar a sus hijos, como hace la actual Carta Fundamental; pero también el deber de los estudiantes de estudiar…). Los deberes constitucionales deberían seguir una lógica distinta: uno de ellos, genérico, podrá ser el deber de respetar y satisfacer los derechos naturales de los demás; pero deberíamos consignar muchos otros deberes que no son simplemente la otra cara de la medalla de los derechos, como, por ejemplo, los deberes de actual Artículo 22, el deber de respetar a las autoridades, el de promover el bien común y su concreción en otros bienes colectivos, obedecer las leyes justas, pagar los impuestos justos, participar en los procesos cívicos de manera respetuosa y un largo etcétera.

Más deberes, menos derechos, en una Constitución que rompa los viejos paradigmas.

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