Dos días después de que el Presidente Sebastián Piñera diera a conocer el plan para generar cinco acuerdos nacionales a través de comisiones de trabajo, el ex candidato presidencial de la Nueva Mayoría, Alejandro Guillier, acudió a Contraloría, para que esta se pronunciara sobre la legalidad de los equipos convocados por el Ejecutivo. En concreto, el senador por Antofagasta apuntó a las mesas de Infancia y de Seguridad.
El legislador fue representado por los abogados Gabriel Osorio –uno de los juristas que asesora a la mesa del PS, liderada por Álvaro Elizalde, y que ha patrocinado diversos recursos en contra de ministros del Gobierno-, y William García.
En el texto planteaban que el Gobierno debía «formalizar, mediante un decreto supremo, la existencia de los grupos de trabajo», y apuntaba que las comisiones no podrían crearse de «forma arbitraria ni puede integrarse por miembros de otros poderes del Estado u órganos autónomos».
Contraloría: «No se observan irregularidades»
Pero, contrario a lo que pensaba Guillier, la Contraloría dio luz verde a las mesas de trabajo presidenciales. Fue a mediados de esta semana que el organismo fiscalizador se pronunció sobre el tema.
En el texto, la Contraloría cita lo que informó la Secretaría General de la Presidencia sobre los cuestionamientos del senador: «Los grupos o mesas de trabajo de que se trata no tienen las características ni atributos especiales de una comisión asesora, sino que constituyen espacios de diálogo que buscan recabar opiniones» de distintos representantes del mundo político y civil, para poder alcanzar acuerdos nacionales en temas prioritarios «para la ciudadanía, como lo son la infancia y la seguridad«.
A raíz de esto, el ente fiscalizador argumenta que, según el inciso final del primer artículo de la Constitución, es deber del Estado resguardar estas áreas y promover la integración armónica de todo el país. Por otra parte, señala que la Ley Orgánica de Administración del Estado indica que es el Presidente quien puede colaborar con los «órganos que establezcan la Constitución y las leyes» para lograr este objetivo.
La institución utiliza dictámenes anteriores en los que había señalado que «pueden constituirse mesas de trabajo políticas que tengan por objeto abordar temas de interés» siempre y cuando las recomendaciones «no resulten vinculantes para la autoridad respectiva». Lo que ratifica en este nuevo documento.
La Contraloría concluye, además, que «no se advierte arbitrariedad en la convocatoria a conformar espacios de diálogos entre autoridades de gobierno y las personas que aparecen invitadas».
Y concluye: «En consecuencia, no se observan irregularidades en la conformación de los grupos denominados ‘Acuerdo Nacional por la Infancia’ y ‘Acuerdo Nacional por la Seguridad’, debiendo desestimarse el requerimiento planteado a su respecto».
En el último párrafo, el organismo se refiere a otro aspecto del texto de Guillier. En concreto, al poder que el legislador le entregó a los abogados Vargas y García para presentar el requerimiento. La Contraloría indica que «no da cumplimiento» a la ley 19.880 que «exige que el poder conste en escritura pública o documento privado suscrito ante notario, condiciones que no reúne el requerimiento en análisis».
Texto completo del dictamen de Contraloría