Actualidad informativa es presentado por:
Publicado el 11 de junio, 2019

Cómo la red internacional que defiende a Lula celebró en Chile, Cuba, Argentina y Brasil la filtración de diálogos del juez de Lava Jato

Autor:

Emily Avendaño

Representantes del PS, del PC y dirigentes que firmaron la carta de apoyo al ex Presidente de Brasil -que lideró Michelle Bachelet- hoy reiteran su llamado “Lula libre” luego de que el periodista Glenn Greenwald develara una serie de conversaciones entre el ex juez Sergio Moro y el fiscal a cargo del caso, situación prohibida por la legislación brasileña. Esto ha sido utilizado para exigir la nulidad del juicio a Da Silva, quien tiene nueve procesos penales abiertos por hechos vinculados a corrupción y lavado de dinero.

Autor:

Emily Avendaño

Recibe en tu correo Lo mejor de la prensa
Suscribirse

Después de sostener una reunión privada en la residencia oficial del Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, éste y el ministro de Justicia, Sergio Moro -y ex juez del caco Lava Jato- se embarcaron juntos en una lancha, atravesaron el lago Paranoá de Brasilia, para asistir a una ceremonia en la que Moro sería condecorado. La reputación de quien fuera el juez que condenó a prisión al ex Mandatario Luiz Inácio Lula da Silva está en entredicho y fue de esa forma que el actual Jefe de Estado le entregó su respaldo.

El pasado domingo el diario The Intercept publicó mensajes intercambiados, vía Telegram (un sistema de mensajería encriptado), entre el entonces juez Moro y el fiscal coordinador de la Operación Lava Jato, Deltan Dallagnol.

Lava Jato consistía en la petición de sobornos a empresas de ingeniería y construcción para favorecerlos en los procesos de licitación. Luego, el dinero se cargaba al costo final del proyecto y se reintroducía en el sistema para blanquearlo a través de hoteles, lavanderías y estaciones de gasolina. Más tarde el dinero se transfería al extranjero a través de empresas fachada. El volumen de coimas manejado dentro de este esquema supera los 3.000 millones de dólares. Tal fue la popularidad que alcanzó Moro por su papel para desbaratar este esquema que fue nombrado Secretario de Estado al asumir Bolsonaro.

Los mensajes llegaron a The Intercept gracias a un «hacker» anónimo que intervino los teléfonos de Moro y algunos fiscales. Los textos sugieren que el entonces magistrado habría orientado las investigaciones para acelerar las condenas, lo cual violaría el Código de Proceso Penal de Brasil que prohíbe a los jueces aconsejar a cualquiera de las partes en un caso.

La difusión de esta noticia ha dado impulso a la defensa del ex Presidente y al Partido de los Trabajadores (PT), dirigido por Lula desde la cárcel donde cumple una condena de ocho años y diez meses. Desde la colectividad han denunciado que el proceso contra él fue resultado de una «persecución política» y que el juicio estaba «viciado» y debía ser declarado nulo.

Cristiano Zanin Martins, uno de los abogados del ex Jefe de Estado declaró, tras visitarlo en la sede de la Policía Federal de Curitiba, que la defensa utilizará las conversaciones para «reforzar la nulidad del proceso y la inocencia» de Lula, condenado por Moro en 2017 y preso desde abril de 2018. En este caso se le acusaba de recibir un departamento de tres pisos en la ciudad costera de Guarujá a cambio de favorecer a la constructora OAS en contratos de la petrolera estatal Petrobras.

La sentencia de Moro fue ratificada por un tribunal de segunda instancia en enero de 2018, que amplió la pena hasta los 12 años y un mes de cárcel. Decisión que fue rebajada por el Tribunal Superior de Justicia, a ocho años y diez meses en abril pasado.

Además, este no es el único proceso en su contra. El 6 de junio se hizo público que el magistrado Vallisney de Oliveira, de una corte de primera instancia en Brasilia, aceptó una nueva denuncia contra Lula Da Silva, en otra causa relacionada con el presunto pago de sobornos de la constructora Odebrecht a cambio de favores políticos. La Fiscalía indica que él y dos ex ministros habrían aceptado en 2010 sobornos por 40 millones de dólares, a cambio de aumentar la línea de crédito del banco de fomento brasileño para financiar proyectos en Angola, en beneficio de Odebrecht.

Esta es la décima acusación que enfrenta desde el año 2016. En una fue absuelto, y ha sido condenado en dos de los nueve procesos penales que le quedan abiertos por corrupción pasiva y lavado de dinero. La otra condena, de 12 años y 11 meses, ha sido decretada solo en primera instancia, y solo puede empezar a cumplirse tras una condena en segundo grado.

La izquierda alineada a favor de Lula

Pese a las evidencias en su contra, la izquierda latinoamericana se ha alineado en su defensa, comenzando por su partido político. La diputada Gleisi Hoffmann, presidenta del PT, pidió a través de sus redes sociales la anulación del proceso; y ha cuestionado el actuar de Moro en un seguidilla de tuits desde el 10 de enero.

En 2018, a la legisladora también se le vinculó a las denuncias por lavado de dinero del caso Odebrecht y estuvo en Chile, a la cabeza de un homenaje que la Alianza Progresista -que reúne a colectividades ligadas al socialismo-  le realizó a Michelle Bachelet en mayo de 2018.

“La divulgación de los mensajes intercambiados entre el ex juez Sergio Moro y los fiscales del Grupo de Trabajo de la Lava Jato confirman toda prueba, que PT y defensa Lula siempre denunció: Moro, Dallagnol y sus socios actuaron en combinación para crear un simulacro de proceso, la creación de cargos con el objetivo político de la prevención de la victoria de Lula y el PT en las elecciones presidenciales”, dice un comunicado del PT.

Dilma Rousseff, separada de la Presidencia de Brasil por un impeachment acusada por el Senado de su país del «maquillaje de cuentas fiscales», también se pronunció a favor de Lula en su web. “Los diálogos revelados por el reportaje muestran que el juez instruyó, orientó, aconsejó y hasta reprendió a los fiscales, ejerciendo dominio e influencia sobre ellos. Esta relación de proximidad y ascendencia caracteriza una conspiración y descalifica las decisiones tomadas a lo largo del proceso”, escribió en el texto que tituló “¡Lula libre ya!”. Hashtag que replicó en sus redes sociales.

Ese tuit a su vez fue replicado por Jorge Arreaza, ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela. En ese país no se ha investigado por las autoridades la trama de corrupción de Odebrecht ligada a Nicolás Maduro, pese a que es el segundo país -después de Brasil- donde la constructora admite haber pagado más sobornos.

Miguel Díaz-Canel, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, también emitió un tuit llamando a la libertad de Lula, argumentando que el objetivo de su presidio era que no se pudiera presentar en las elecciones brasileñas, en las que resultó electo Bolsonaro.

Otra de las aliadas regionales de Lula, en los tiempos en que coincidieron en cargos de poder en el Ejecutivo, es Cristina Fernández de Kirchner, también investigada por millonarios sobornos para adjudicar contratos de obra pública, quien además tiene otros cinco procesos judiciales por supuesto enriquecimiento ilícito y por encubrimiento. Ella, al igual que Da Silva, alega que todo se trata de una «persecución política».

Cada uno de estos mandatarios latinoamericanos contribuyó a fortalecer el Foro de Sao Paulo, una coalición de partidos y grupos de izquierda, fuertemente impulsada por el ex Presidente de Brasil. La agrupación también se pronunció en conjunto a través de su Secretaría Ejecutiva, reafirmando el discurso de que se trató de una componenda en contra del brasileño, develada por el reportaje de The Intercept.

“La difusión de los mensajes intercambiados entre el ex juez Sergio Moro y los fiscales de la Fuerza-Tarea de la Lava Jato confirman, a toda prueba, lo que el PT y la defensa de Lula siempre han denunciado: el juez Moro, el fiscal Dallagnol y la Fuerza Tarea de la Operación Lava Jato actuaron de forma combinada para crear una farsa judicial, forjando acusaciones con el objetivo político de impedir la victoria de Lula y del PT en las elecciones presidenciales”, insisten.

Del otro lado del océano, Pablo Iglesias, dirigente de Podemos, también se refirió a “las sombras” que hubo en la investigación al ex mandatario.

En Chile, dirigentes que firmaron la carta de apoyo al ex Presidente reiteran el llamado “Lula libre”

En julio de 2018 la ex Mandataria Bachelet firmó una carta de apoyo a Lula da Silva, para que pudiera inscribir su candidatura a la Presidencia estando ya en prisión. “Se trata, sin duda, de la figura política más relevante y popular del país», argumentaba la petición.

«Apelamos al Poder Judicial del Brasil para que garantice el pleno respeto a la Constitución, permitiendo la inscripción de Lula como candidato presidencial. Lo exige la democracia brasileña. Lo demandamos también los demócratas chilenos», concluía el texto firmado por más de 40 políticos entre ellos Sergio Bitar, Carlos Ominami, Adriana Delpiano, Carlos Montes, Isabel Allende, Maya Fernández, Álvaro Elizalde, Juan Pablo Letelier, Juan Gabriel Valdés, José Miguel Insulza, Gabriel Boric, Pablo Vidal y Miguel Crispi.

En esta oportunidad los diputados por el Partido Comunista Hugo Gutiérrez, Laurato Carmona y Daniel Núñez también se pronunciaron a favor de Lula, y denunciando el supuesto complot contra su candidatura.

Lo mismo hicieron desde el Partido Socialista. La senadora Isabel Allende escribió en la red social: «Al parecer reconocen la veracidad de las coordinaciones entre juez y fiscales para dejar Lula fuera de la carrera y en la cárcel lo que es muy grave». Y la diputada Maya Fernández retuitó varios medios con la noticia. También por el PS, el ex canciller y ex embajador de Bachelet, Juan Gabriel Valdés compartió la investigación, asegurando que lo “obvio” salió a la luz.

The Intercept y Glenn Greenwald, el hombre tras las filtraciones de Snowden

Glenn Greenwald escribía para The Guardian cuando fue contactado por el entonces analista de la CIA Edward Snowden, para revelarle los programas de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA). Esa investigación lo condujo hasta un premio Pullitzer y lo llevó a fundar en 2014 The Intercept, medio en el que prometía continuar compartiendo informaciones de la NSA. El periódico cuenta con el financiamiento del fundador de eBay, Pierre Omidyar, y apareció el 10 de febrero de 2014 por primera vez.

Se definen como un medio especializado en seguridad y defensa, con el objetivo de informar «agresivamente» de las filtraciones de Snowden sobre la NSA, según explicaron sus fundadores, Greenwald, Jeremy Scahill y Laura Poitras en un comunicado conjunto en su web.

Greenwald, estadounidense, ha residido por más de una década en Brasil, país en el que, según el diario Folha, Snowden consideró pedir asilo en 2013 (finalmente se quedó en Rusia). De hecho, en su momento se informó que Greenwald y su pareja, el brasileño David Miranda (ahora diputado del Partido Socialismo y Libertad), estaban al frente de una campaña para que Rouseff le concediera el asilo.

El periodista, si bien es afín a las corrientes de izquierda, se ha mantenido escéptico con respecto a las acusaciones de interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 que en su momento fueron destacadas como clave para que Donald Trump llegara a la presidencia de los Estados Unidos, En cambio, ha criticado el establishment de los Demócratas. En una entrevista ofrecida para The New Yorker trazó paralelismo entre lo que sucedía en EE.UU. con lo que pasaba en Brasil: «Quienes hacen eso solo usan la ley como un arma política contra Trump, de la misma forma que las élites de Brasil la usaron contra Lula».

Miranda, como diputado, representa los derechos de la comunidad LGBTI, lo cual lo ha llevado a tener fuertes discrepancias con Bolsonaro. Greenwald, por su parte, logró la primera entrevista que otorgó Rouseff luego de su destitución y también ha entrevistado a Da Silva en prisión.

Las columnas de Opinión son presentadas por:
Ver más

También te puede interesar: