El artículo 133 de la Constitución, que regula el funcionamiento de la Convención Constitucional, en su inciso cuarto dispone que La Convención deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio

La disposición es clara y no admite excepciones en su aplicación, ni tampoco contempla procedimientos alternativos en caso que no se alcanzare esa mayoría de dos tercios de convencionales en ejercicio. El reglamento de la Convención no puede eludir esa exigencia constitucional que está obligada a respetar y que se ha puesto a discusión la semana pasada.

Todos sabemos, además, que la mayoría de dos tercios para aprobar las normas de la nueva Constitución fue pieza central en el acuerdo que se llegó en noviembre de 2019 entre los partidos políticos y que plasmó, luego, en la Reforma Constitucional de la Ley Nº 21.200, que incorporó al texto de la Constitución un procedimiento para elaborar una Nueva Constitución Política de la República. El quórum de dos tercios no es, entonces, algo circunstancial, sino medular, en el acuerdo político y en la normativa aplicable para aprobar la nueva Carta Fundamental.

Frente a esta exigencia al reglamento de la Convención no le queda sino acatarla en su integridad. No debiera, siquiera, haber sido sometido a votación el quórum para aprobar las normas de la nueva Constitución, pues esta exigencia no deriva de lo que la Convención decida al aprobar su reglamento sino de lo que prescribe la normativa constitucional que regula su funcionamiento. Y al respecto no debe olvidarse lo que dispone el artículo 133 de la Constitución, en su inciso quinto que ahora cito: La Convención no podrá alterar los quórum ni procedimientos para su funcionamiento y para la adopción de acuerdos.

No corresponde, entonces, frente a votaciones de la Convención en que no se alcance el quórum de dos tercios de los miembros en ejercicio, convocar a un plebiscito en que la ciudadanía decida la aprobación de la norma que no fue aprobada por la Convención. Y tampoco le es permitido a esta introducir mecanismos para reducir el número de convencionales que se considerarán en ejercicio de su cargo y facilitar de esta forma alcanzar la mayoría de dos tercios.

Medidas tales como suspender a algunos convencionales en el ejercicio de su cargo durante algunos días por estimar que han tenido un comportamiento ético reprochable y excluirlos, así, de participar en algunas votaciones, o bien, estimar que las abstenciones en una votación no se tienen en cuenta para resolver si se alcanzó el quórum de aprobación de los dos tercios, no son sino burdas maniobras a través de las cuales se pretende eludir la exigencia que vincula a la Convención de aprobar toda norma de la futura Constitución por los dos tercios de sus miembros en ejercicio.

¿Y quién, siendo convencional, no estaría en ejercicio de su cargo? No parece que sean otros que los convencionales desaforados por los tribunales competentes -Cortes de Apelaciones y Corte Suprema-, pues así lo dispone el artículo 134 de la Constitución. En este único caso disminuiría el número de convencionales en ejercicio y quizá bajara, según el número de desaforados, el quórum de dos tercios que deben aprobar las normas de la Constitución.

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