Uno de los hechos que marcó el debate político y comunicacional la semana recién pasada fue la controvertida Declaración de la Convención Constitucional sobre “la prisión política en Chile y la militarización del Wallmapu”, del 8 de julio pasado. Sobre sus alcances ya se han dicho muchas cosas quedando la inconfortable sensación del desborde de la tarea confiada a la Convención y de lo que pareciera ser una inevitable mezcla con la política contingente difícil de aislar. 

El documento se dirige a los Poderes Constituidos e indica, en uno de sus párrafos, que “la violencia que acompañó los hechos de octubre fue consecuencia de que los poderes constituidos fueron incapaces de abrirnos una oportunidad para crear una nueva Constitución”. La alusión a los “poderes constituidos” pareciera indicar que no debe confundirse a la Convención Constitucional con aquellos. 

La falsedad de esta afirmación radica en que la Convención Constitucional es tan “poder constituido” como aquellos de los que pretende diferenciarse. ¿Por qué? Porque como sostiene el jurista argentino Carlos Fayt, se denomina poder “constituido o instituido” el que se ejercita con arreglo a la Constitución, y con el objeto de reformar parcial o totalmente la norma fundamental de organización (Fayt 1995, p. 29). Luego, si la Convención Constitucional emana su existencia de la reforma constitucional de 24 de diciembre de 2019 (Ley N° 21.200), está actuando con arreglo a la Carta vigente para reformarla totalmente y, en ese contexto, es uno más de los poderes constituidos que existen en nuestro país. 

Cosa distinta es que la Convención, al estar encargada de redactar una propuesta de nueva Constitución, ejerza una función constituyente. Pero no debe confundirse su naturaleza con su función.

Además, no cabe entender que la Convención Constitucional ejercita monopólicamente el poder de reformar la Carta Fundamental. En efecto, el Congreso Nacional no ha sido privado de su potestad de aprobar reformas constitucionales -aunque parciales- conforme a las disposiciones originales del Capítulo XV de la misma Carta.

Por otra parte, sostener que los poderes “constituidos” fueron incapaces de abrir la posibilidad de avanzar hacia una nueva Constitución es otra falsedad que debe ser denunciada. 

En rigor, esa posibilidad nunca se planteó institucionalmente hasta que los partidos políticos con representación parlamentaria la sugirieron como forma de canalizar las demandas ciudadanas visibilizadas a partir del estallido social en el famoso Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, de noviembre de 2019. A no ser que creamos que el salto original de los torniquetes del Metro tenía que ver realmente con reemplazar la Constitución existente reformada en más de 52 ocasiones. Ni siquiera durante el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet se llegó tan lejos, siendo ella la cabeza de un poder “constituido”, pues el proyecto que presentó al Congreso era una reforma a la Carta de 1980, pero, en ningún caso, una nueva Constitución.

Aún más, el citado Acuerdo del año 2019 se vertió en la reforma constitucional de diciembre de ese año. Es decir, fue un poder “constituido” el que favoreció la posibilidad de que hoy se haya instalado la Convención por decisión libre de la mayoría de las chilenas y chilenos. ¿Cómo puede decirse, entonces, que los poderes constituidos han impedido avanzar hacia una nueva Constitución?

Saque usted sus propias conclusiones, pero no confundamos al país con tecnicismos que están muy lejos de reflejar la realidad que hemos vivido en los últimos años.

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