A 50 días de instalada la Convención Constitucional, con bochorno inicial y algunos tropiezos, el debate en el pleno, comisiones y subcomisiones del órgano llamado a proponer a la ciudadanía el texto de una nueva Constitución, se aprecia tenso y crispado.

Es natural -y podría justificarse en una primera etapa- por tratarse de un órgano tan singular –paritario, con representación reservada a pueblos originarios y un número significativo de independientes-, donde ninguna fuerza política domina decisivamente, e integrado, en mayor número, por quienes no provienen del mundo de los partidos políticos –que disciplinan- y muchos de ellos sin experiencia en la deliberación pública. 

Sin embargo, nada de ello puede justificar declaraciones que desbordan el marco institucional al que está sometida la Convención: liberar a los denominados “presos de la revuelta”, asumir una actitud pasiva frente a la denostación de los emblemas nacionales, no condenar con convicción la violencia -el narcoterrorismo- o dar pábulo a propuestas tan audaces, como inconstitucionales como eliminar el concepto “República de Chile” del Reglamento de la Convención. Menos aún admitir el veto a un convencional democráticamente electo de participar en las audiencias públicas de una comisión, o de anunciar, anticipadamente, que no recibirán la opinión de determinadas entidades bajo el pretexto de atribuirles, sin más, el carácter de “negacionistas”, ello, con la complicidad silenciosa de la mesa, decisión esta última que afortunadamente fue revertida ante la crítica transversal.

Improcedente resulta además el intento de definir anticipadamente –con el pretexto de la discusión reglamentaria- cuestiones que apuntan al fondo del debate constitucional, asentando, por ejemplo, el concepto de plurinacionalidad sin antes haber precisado su sentido y alcance, como los efectos de una determinación tal. O asumir que el nuevo texto debe ser redactado con lenguaje inclusivo, no sexista, cuando en verdad en esta etapa quizás debiera promoverse la iniciativa de evaluar la conveniencia de contar con una asesoría de la Real Académica de la Lengua Española para la armónica redacción del nuevo texto.  

En fin, la negativa valoración que la ciudadanía tiene hasta ahora del desempeño de la Convención no se revertirá si continúan las escaramuzas internas, la polarización, las discusiones de trincheras, o si se siguen formulando propuestas que claramente traspasan los límites del mandato conferido: proponer una nueva Constitución al pueblo -al cuerpo electoral que con voto obligatorio tendrá que aprobarla o rechazarla en un plebiscito de salida.

Pero lamentablemente por momentos parecen ausentes y silenciados los convencionales que están llamados a levantar su voz para incentivar un diálogo de buena fe y la búsqueda de acuerdos en torno al objetivo institucional más trascendente que la República de Chile enfrentará en la primera mitad del siglo XXI.

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