Hasta ahora son 577 las iniciativas populares de norma que han sido admitidas por la Convención Constitucional y cuyos textos completos están en línea. Algunas de estas propuestas podrían terminar formando parte de la nueva Constitución.

El Líbero consultó a 13 especialistas pertenecientes a la academia, Centros de Pensamiento, el mundo empresarial y la sociedad civil. A cada uno de ellos se le preguntó cuáles de las propuestas ciudadanas que figuran en la página del órgano constituyente les resultan más relevantes y por qué. Los resultados son los que se presentan a continuación y que arrojaron una lista de 15 iniciativas que, conforme al criterio de nuestros entrevistados, serían las más importantes.

Derecho a la vida, decidir libremente sobre los fondos previsionales, la libertad de expresión, educación, de culto, entre otros, son algunos de los temas a los que están referidas las propuestas en cuestión.

Eso sí, no es que todas se incluirán en un nuevo hipotético texto constitucional. Solo las que alcancen un mínimo de 15.000 firmas serán discutidas y votadas por los convencionales y, de ser aprobadas, se incluirán en el borrador de texto constitucional por el que la ciudadanía finalmente votará en un plebiscito dirimente.

La abogada constitucionalista Marisol Peña advierte que del total de propuestas que hasta ahora figuran en la página no todas abordan temas que tienen carácter constitucional. «Hay algunas que me parece que son materia de ley, como el derecho a tener gimnasios o baños públicos cerca de las plazas. Realmente en ese sentido es poco lo que uno le pueda ver de perfil constitucional», señala.

Coincide con Peña, el profesor de Derecho, Sebastián Zárate, quien afirma que “muchas de las propuestas confunden el rol que tiene una norma constitucional, por una parte, y el que tiene la ley, por la otra. La Constitución es una norma más general, que fija principios y límites para que el legislador los implemente”.

Prioridades desde la academia: Derecho a la vida y a la educación

La iniciativa popular de norma titulada ‘Derecho a la Vida’ ya cuenta con más de 16.000 firmas, por lo que su pase a ser discutida y votada por los convencionales ya está garantizado. Esto se condice con el criterio que, por separado, expresaron los académicos consultados por El Líbero, según los cuales este proyecto es de los más relevantes: Marisol Peña, ministra del Tribunal Constitucional entre 2006 y 2018; Roberto Astaburuaga, abogado de Comunidad y Justicia; Catalina Salem, investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo; y José Ignacio Martínez, investigador del Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes.

«Para mí la primera iniciativa popular de norma relevante es la que tiene que ver con el derecho a la vida de la persona desde la concepción, que es una tesis que, por lo demás, yo sustenté cuando escribí en el Tribunal Constitucional el fallo de la píldora del día después en el año 2007 y luego en la despenalización del aborto en tres causales», explica la ex presidenta del Tribunal Constitucional.

«Garantizar el derecho a la vida desde la concepción me parece absolutamente trascendente, dado que es un derecho básico con fundamento en todos los otros derechos fundamentales», agrega la jurista.

Al respecto también se refiere Astaburuaga desde Comunidad y Justicia: “Si bien sólo existen dos iniciativas sobre el tema del aborto, una, la N° 4138, propone reconocer el derecho a la vida desde el inicio de su existencia natural, mientras que la segunda, la N° 5938, propone consagrar el derecho al aborto sin límites ni causales”.

La primera llevaba hasta la semana pasada 17.267 firmas y la segunda ya había sobrepasado las firmas requeridas para su discusión, con más de 23.000 adhesiones.

Salem se refiere precisamente en la relevancia de que ambas propuestas hayan garantizado su pase a la Convención. “Éstas son las más importantes porque ambas tienen contenidos que son contradictorios y que dividen profundamente a distintos grupos dentro de nuestra sociedad civil y la Convención Constitucional va a tener que hacerse cargo de ese tema que en nuestra Constitución vigente ha quedado consagrado de una manera un tanto ambigua. De esta forma, que la Convención discuta desde qué momento se es persona va a ser muy relevante y debe tener algún tipo de consagración en el nuevo texto constitucional”, señala la jurista.

Desde el Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes, el investigador José Ignacio Martínez, plantea que «la protección de la vida humana sin distinciones es una exigencia de la dignidad inherente a todo ser humano, que adquiere especial relevancia tratándose de los más débiles y desamparados».

La propuestas referidas a educación también forman parte de la lista de iniciativas relevantes desde la perspectivas de los académicos ya mencionados, así como del constitucionalista Sebastián Zárate. «Se trata de una materia sobre la cual se corre el riesgo que la norma constitucional le otorgue un rol al Estado preponderante respecto de decisiones que afectan a las familias», advierte.

«La propuesta (sobre libertad de enseñanza) me parece bien redactada, abierta a las posibilidades de políticas públicas en materia educacional y que asume la idea básica que el Estado contribuye a la educación, pero que permite la existencia de diversos proyectos educativos en los que pueda participar la comunidad», dice Zárate con respecto a la iniciativa.

En criterio de Peña «es muy relevante porque tiene que ver con garantizar un concepto amplio de la educación, donde se recoge el derecho fundamental de los padres a elegir por la educación de sus hijos. Esto es de la esencia de una sociedad libre».

Para Astaburuaga, las propuestas en materia de educación «se dividen en aquellas que promueven un sistema educacional público que termine con el lucro y otras que abogan por la diversidad de proyectos educativos y el derecho de los padres a escoger el establecimiento educacional para su hijo”.

El abogado de Comunidad y Justicia advierte que en ambas posturas existe una dispersión de propuestas y de firmas. No obstante, considera probable que las iniciativas 34, 38 y 4102 alcancen las 15.000 firmas. Hasta la semana pasada llevaban 16.085, 7.387 y 15.741 firmas, respectivamente.

Las propuestas sobre libertad de culto también estuvieron entre las prioridades de algunos de estos académicos (Astaburuaga, Zárate y Martínez), las de libertad de emprendimiento (Peña), así como las referidas a descentralización y regionalización, y a la creación de la figura del Defensor del Pueblo (Zárate).

Para los representantes de la sociedad civil las más relevantes son las iniciativas sobre educación

Precisamente la propuesta ‘Derecho a la educación, derecho y deber preferente de los padres y libertad de enseñanza’, estuvo de primera entre los consultados por la sociedad civil: José Francisco Lagos, presidente de Res Publica; Tomás Bengolea, presidente de la fundación Chile Siempre; Claudio Salinas, director ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, y Juan Jaime Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Prensa (ANP).

La iniciativa, que fue ingresada por la fundación Acción Educar, la semana pasada ya contaba con 15.873 firmas.

“No fueron pocos los constituyentes que se mostraron, en principio, contrarios a la libertad de enseñanza. Por consiguiente, valoro esta iniciativa que aborda el derecho a la educación, en conjunto con la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, derechos que considero esenciales para alcanzar una sociedad realmente pluralista que sea un fiel reflejo a la diversidad de pensamiento y visiones que existen en nuestro país”, señala Lagos.

Bengolea no solo prioriza la propuesta en cuestión, sino además la ‘Iniciativa Popular por una educación Libre y diversa’. A su juicio son importantes “todas las iniciativas que contribuyan a que la eventual nueva Constitución sea respetuosa de los elementos centrales de una sociedad justa, libre y respetuosa de la dignidad humana”.

En tanto, Salinas, desde la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, uno de los movimientos que impulsa la iniciativa por una Educación Libre y Diversa, lo considera relevante no solo porque busca consagrar la libertad de enseñanza y porque prevé que sean las familias y no el Estado quienes decidan dónde se deben educar sus hijos, sino además porque apunta a potenciar la diversidad de proyectos educativos.

En su criterio, esta propuesta es prioritaria porque “exige eliminar la actual discriminación de recursos que existe con la familias y niños que van a establecimientos de la sociedad civil”.

Desde la ANP, Juan Jaime Díaz indica que «hay dos caminos importantes para disminuir la brecha de la desigualdad: con buena información y con buena educación”.

Estos representantes de la sociedad civil también incluyeron en la lista de propuestas prioritarias las referidas al derecho a la vida (Lagos y Bengolea), la titulada ‘Con mi plata no’ (Lagos, Salinas y Díaz), ‘Tu vida, tu derecho’ (Salinas) y ‘Juntos sumamos más’  y ‘Libertad religiosa y de consciencia’ (Lagos).

«Con mi plata no» es relevante para los Centros de Pensamiento

Bernardita Valdés, integrante del Programa Legislativo del Centro de estudios e Investigación Libertad y Desarrollo, coincidió con Luis Eugenio García-Huidobro, investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), en que una de las propuestas populares de norma más importantes es la titulada ‘Con mi plata no’, que versa sobre los ahorros previsionales.

“Independientemente de que esta iniciativa ya haya alcanzado las 15 mil firmas, y por lo tanto cumple los requisitos necesarios para iniciar su tramitación, constituye una señal política importante para que la ciudadanía manifieste su intención de proteger constitucionalmente el dinero recaudado para su jubilación”, señala Valdés.

Para la especialista, la seguridad social ha sido una constante en el debate público y las posiciones surgidas en torno a ella en el marco del proceso constituyente son de la más variada índole. «Por esto, la garantía de la libertad y la protección de la propiedad en las mismas es una materia fundamental donde el apoyo nunca podrá ser considerado excesivo”, dice.

García-Huidobro también plantea la relevancia de la propuesta ‘Con mi plata no’ con base en que su contenido es opuesto a las ideas que al respecto planteó el Presidente electo, Gabriel Boric, durante la campaña.

«Uno podría pensar que como la coalición del Presidente electo no tiene los votos suficientes en el Congreso para promover una reforma previsional, podría tratar de promover una propuesta similar a la planteada, pero en la Convención. Por eso mismo es interesante que una de las propuestas más populares vaya precisamente en una línea no digamos antagónica, pero sí muy distinta a la que se está promoviendo en la coalición gobernante», explica.

Para los integrantes de Centros Pensamientos, también estarían en la lista de los proyectos prioritarios los que sirven para organizar el Estado, como aquellos que separan los cargos políticos de los que debieran trascender al ciclo electoral y las iniciativas que buscan que los representantes parlamentarios vivan en los lugares que representan (García-Huidobro), así como aquellas referidas al Derecho a la Educación (Valdés).

Empresarios apuntan a la libertad de emprender

Tanto Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), como Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional de Emprendedores coinciden en que la nueva Carta Magna debe incluir la libertad de emprender.

Para Sutil, “la libertad de emprender es fuente de dignidad para las personas y las familias, así como de mejores oportunidades para todos; es necesaria para el desarrollo personal y colectivo; es esencial para el desarrollo sostenible de las regiones y sus territorios; y promueve la innovación, la productividad, el empleo y el bienestar de las personas”.

De esta manera, explica que el emprendimiento “se hace cargo de la reducción de la pobreza, las desigualdades y crea opciones para la inclusión, entrega libertad para que cada persona desarrolle sus habilidades, generando capacidad para producir el sustento para sí mismo y para los demás, siendo una fuente de autorrealización personal”.

“La norma más relevante es la nuestra, que defiende la libertad de emprendimiento, el derecho de propiedad y el amparo económico”, indica Juan Pablo Swett, frente a la iniciativa que presentaron en esta materia el pasado lunes. “Asegura la competencia y resguarda las normas medioambientales”, dice el representante del sector.

En todo caso, en materia de emprendimiento son tres las propuestas que han sido admitidas por la Convención y que están en línea.

Por otro lado, desde la perspectiva del líder de la CPC, también es relevante la propuesta ingresada por la Libre sustentable República de Chile que alude al Libre Acceso al Agua para toda la población.


“El agua debiera ser considerada como un bien nacional de uso público con derechos de aprovechamiento que debieran priorizar el consumo humano. En línea con Constituciones de otros países, debiera también consagrarse el derecho al agua para consumo y saneamiento como un derecho fundamental, lo que es un aspecto reconocido jurisprudencialmente en nuestro país”, afirma Sutil.

Cuánto pesa que una propuesta popular logre mas adhesiones

Cada persona, siempre que cuente con clave única, puede votar hasta por un máximo de siete iniciativas populares de norma.

Ya son varias los textos populares que superan las 15 mil firmas, y que serán parte del debate de contenidos. Pese a que algunas ya consiguieron el número establecido como mínimo, hay algunas que siguen sumando adhesión.

Ante esta situación surge la disyuntiva: ¿entre más firmas mayor posibilidad de que formen parte de la nueva Constitución? Constitucionalista y convencionales responden.

El abogado y profesor de Derecho Constitucional Universidad de Chile, Víctor Manuel Avilés, advierte: “Técnicamente no debería tener relevancia. Tampoco la debería tener comunicacionalmente si entendemos que quienes promueven un proyecto en base a las reglas conocidas deberían terminar la búsqueda de apoyos al cumplir la norma. Sin embargo, políticamente es probable que si una iniciativa adquiere un apoyo muy masivo tenga mayor impacto”.

En este punto, coincide el convencional del Colectivo del Apruebo, Luis Barceló. “Desde el punto de vista técnico, a mi juicio, ninguno. Pero, por ejemplo, si alguna iniciativa logra juntar 40.000 firmas su peso político para ser aprobada es mayor, pero tampoco la asegura”.

Con respecto a la iniciativa que lidera el número de firmas (más de 27 mil), “Con mi Plata no”, el convencional Bernardo Fontaine (Independiente – RN), afirma que ésta es clave para garantizar los ahorros previsionales de los trabajadores.

Otro punto a considerar, lo da la convencional Patricia Labra (RN) que alude a que, al menos, en la arista reglamentaria tener más firmas no tendría injerencia: “Lo que establece el reglamento es que para que una iniciativa popular de norma ingrese, como si fuera la de un convencional, debe juntar las 15 mil firmas de 4 regiones distintas. Entonces, todas entran en la misma condición, en cuanto a lo legal y de procedimiento. No importa si se trata de una iniciativa con 15 mil o con 90 mil firmas». 

No obstante, puntualiza que ve iniciativas que siguen en campaña para aumentar y pasar las 15 mil firmas. Además, cree que una que logre más firmas, en la práctica y al momento del debate será distinto. “Pienso que de acuerdo al criterio de los convencionales, va a incidir cómo se elaboran los argumentos para votar a favor o en contra de una iniciativa que viene con un respaldo ampliamente popular”, concluye.

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