Lo más preocupante es que la autoridad no está queriendo ver el verdadero problema tras las cifras del desempleo, ya que el aumento es más estructural que transitorio.
Publicado el 28.04.2016
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Imposible abstraerse de comentar la última cifra de desempleo en el gran Santiago, 9,4% según la encuesta de Empleo que hace la Universidad de Chile, porque marcó un importante aumento respecto del mismo mes del año pasado cuando fue de 6,8%.

Incluso tampoco se pueden hacer oídos sordos a los comentarios de la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, cuando culpa al ajuste fiscal de febrero 2016 por este incremento del desempleo, ya que es indicativo de un desconocimiento bastante profundo de cómo funciona la economía.

En particular, la ministra se equivoca porque el ajuste (rebaja del presupuesto) de 1% que instruyó el titular de Hacienda, Rodrigo Valdés, es bastante poco dentro del gasto total del Fisco, pero además en realidad no es una rebaja del gasto, porque es una reducción en el crecimiento. Si el gasto inicial es 100 y se autoriza un aumento de 10%, el gasto autorizado es de 110, por lo tanto si se rebaja 1%, el gasto pasa a 108,9, es decir un 8,9% de aumento, lo que no se puede atribuir como una razón del aumento del desempleo.

Pero lo más preocupante es que la autoridad no está queriendo ver el verdadero problema tras las cifras del desempleo, ya que el aumento es mas estructural que transitorio. 

Las señales que ha dado el gobierno en materia laboral han sido tremendamente perjudiciales y solo buscan generar derechos que van contrasentido de cómo debieran funcionar las cosas. Me refiero a los énfasis de la última reforma laboral. Ayer, en su trámite en el Tribunal Constitucional, éste rechazó uno de los artículos que solo dañaban a los trabajadores y que tratan, por vía de la ley, generar asimetrías importantes en el mercado del trabajo. Me refiero a la de titularidad sindical y la obligación de afiliarse a un sindicato si se quiere tener los beneficios de una negociación colectiva y, lo segundo, es la negociación interempresas.

Respecto de la obligación de afiliarse para tener los beneficios de una negociación parece razonable, ya que es difícil entender un beneficio sin los costos, pero la realidad no es así. El triunfo de la libertad para los trabajadores logró evitar la aberración de eliminar la posibilidad de que un trabajador negocie en forma individual o a través de los grupos de negociación, con lo que se cercenaba la libertad de afiliación y con ello un atropello a la libertad individual, curiosamente de quienes dicen defender este principio.

Además hay que considerar que si la tasa de afiliación a un sindicato es baja, hay que partir por una autocrítica sindical porque no están representando adecuadamente los intereses de los trabajadores, cosa que no cambia por ley.

Lo segundo es la negociación interempresas. Cuando en una industria coexisten distintas empresas, normalmente sus estructuras de costo son diferentes y las cantidades de personas que trabajan en ellas también. Esto tiene una implicancia relevante porque cualquier ajuste de remuneraciones que se aplique a la industria termina perjudicando a las más pequeñas y arriesga la fuente laboral de muchos trabajadores, porque si los costos suben más de lo que los precios se pueden ajustar, se termina por despedir personas.

En definitiva, el gobierno no quiere ver la viga en el ojo propio, porque las consecuencias de su obstinación de dar derechos legales atropellando la libertad tiene consecuencias profundas, ya que de ahora en adelante veremos aumentos sostenidos en el desempleo y miles de familias sin tener sustento en su hogar. Mala noticia.

 

William Díaz R., economista y director ejecutivo Experior Consultores.

 

 

FOTO: PEDRO CERDA/AGENCIAUNO