Un ejercicio saludable es pensar cómo, desde la política urbana, se puede avanzar en mejorar las condiciones para una comunidad sólida e integrada. Esta lógica supera el paradigma que fija el problema de los niveles de desigualdad en un asunto estrictamente de distribución de riqueza.
Publicado el 20.06.2016
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En la actualidad, hablar de desigualdad parece ser monopolio exclusivo de cierto sector político. Muchos de la oposición se complican cuando alguien se refiere a la desigualdad como un problema. No hay que hacerle el juego a la izquierda, dirá más de alguno.

Es cierto que muchas veces se ha usado el pretexto de la desigualdad para avanzar en políticas que son abusivas, ineficaces y hasta contraproducentes. Su fundamento está en el conflicto y no en la justicia. Por eso, no culpo a aquellos que aún tienen miedo de hablar de desigualdad. Sin embargo, hay que entender que mientras no exista un discurso alternativo que empatice y dé solución con los indiscutibles altos niveles de desigualdad que hoy aquejan a nuestro país, no es de extrañarse que el gobierno, bajo el fundamento de avanzar hacia una sociedad igualitaria, profundice  en una política que, en los hechos, deteriora el panorama político, social y económico “bajando de los patines”, sin ser capaz de mostrar un impacto significativo en la disminución de las brechas sociales. ¿O es que alguien cree que la desigualdad disminuirá?

Generalmente el rechazo a conceder el punto sobre los altos niveles de desigualdad se fundamenta en una supuesta tensión entre pobreza y desigualdad. No pocas veces se ven aireadas discusiones para definir dónde debería estar la prioridad; foco en eliminar la pobreza o en desigualdad, como si poner una que otra prioridades afectaría causalmente a la otra. La evidencia nos muestra que esta tensión se puede superar si se realizan las políticas correctas. Basta ver las mejoras en pobreza e igualdad que se observan entre la CASEN 2011 y su versión 2013, hecho que tiene relación con el pleno empleo y el aumento de los ingresos autónomos en los primeros quintiles.

Esta supuesta tensión sirve para evadir la discusión sobre qué hacer con los altos niveles de desigualdad territorial, económica, social que, indiscutiblemente, se observan. Aunque es cierto que las mejoras materiales y la lucha contra la pobreza son un hecho que sorprende en nuestro país –por ejemplo en 1990 sólo un 52% de los hogares tenía acceso a un refrigerador o sólo un 3% del primer quintil accedía a la educación superior–, este orgullo no puede llevarnos a quedarnos en las glorias del pasado y a no dar una lectura a los desafíos que hoy presenta nuestro país. El punto está en pensar políticas que logren conciliar estos dos objetivos.

Cuando se pierde el sentido crítico y se es incapaz de hacer una lectura adecuada a los efectos que trae esta rápida expansión de posibilidades y cómo cambian las dinámicas sociales cuando se masifica el acceso a bienes que en un minuto fueron solo para algunos privilegiados, se deja de manos atadas la posibilidad de dar una respuesta política que encause la situación. ¿No habrá por aquí una causa que explique el malestar? ¿Dónde están los frutos de la masificación de la educación superior? ¿Dónde están los efectos de la expansión del PIB? Son dudas legítimas que requieren una explicación.

Rechazar empatizar con esta realidad deja a la deriva, genera distancia con los problemas de la ciudadanía y es una negligencia desde la actividad de la política, la cual está llamada a hacerse cargo de las condiciones de posibilidad y a generar los arreglos institucionales necesarios para cambiarles la vida a las personas. No puede sernos indiferente que hoy en día un patrón de desarrollo afecte la armonía de las ciudades, y con ello las posibilidades de desarrollos de los ciudadanos.

Si se observan los distintos rostros de la desigualdad se verá cómo se distribuyen inequitativamente bienes que deberían ser del goce de todos los miembros de la ciudad. Si vemos la distribución de áreas verdes, el acceso a establecimientos educacionales de calidad, la posibilidad de atenderse a tiempo con un médico con especialidad o acceder a una vivienda digna y adecuada, veremos que todos estos rostros siguen el mismo patrón: se concentran en una zona de la ciudad que coincidentemente es también la que goza de mejores niveles de vida.

¿Qué hacer para abandonar esta incapacidad política y ofrecer a la ciudadanía una propuesta alternativa? Si no se entiende el problema, es difícil que se pueda avanzar en propuestas políticas que logren encauzar satisfactoriamente el malestar.

Un ejercicio saludable es pensar cómo, desde la política urbana, se puede avanzar en mejorar las condiciones para una comunidad sólida e integrada. Esta lógica supera el paradigma que fija el problema de los niveles de desigualdad en un asunto estrictamente de distribución de riqueza. Acá incorporar el criterio de solidaridad nos permite iluminar la política urbana y así lograr concretar proyectos específicos, que desde la noción de entender que el bien de la sociedad se juega en el bien de todos sus miembros, se hagan cargo de lograr una verdadera igualdad en la geografía de oportunidades dando acceso a los bienes que son fundamentales para el desarrollo de las familias y la sociedad civil.

 

Cristóbal Ruiz-Tagle C., Director de Estudios IdeaPaís.

 

 

 

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/ AGENCIAUNO