En atención a la magnitud que están alcanzando los recursos públicos, es imperativo abordar con decisión una reforma de un aparato estatal que fue diseñado en base a los requerimientos y necesidades del siglo pasado. Los desafíos del siglo XXI son completamente diferentes.
Publicado el 17.10.2016
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En la discusión presupuestaria que está teniendo lugar, el debate se ha centrado en si el guarismo de 2,7% propuesto para el aumento en el gasto fiscal en 2017 es o no compatible con unas finanzas públicas que por segundo año consecutivo van a mostrar un déficit efectivo superior al 3% del PIB, en el contexto de una economía que está creciendo menos de 2% al año, y que está viendo aumentar su deuda pública a un ritmo preocupante: las proyecciones indican que las obligaciones financieras del Estado alcanzarán un monto aproximado al 30% del PIB 2020, en circunstancias de que una década atrás este guarismo era inferior al 5% del PIB. Más que los niveles de deuda, lo preocupante es la tendencia.

Centrar el debate de la ley de presupuestos en las implicancias financieras que ella acarrea es razonable y absolutamente necesario, por cuanto en el volátil contexto internacional que se enfrenta la responsabilidad fiscal es un activo que Chile debe preservar contra viento y marea, considerando su contribución a la estabilidad macroeconómica del país y al beneficio asociado a poder mantener el acceso a financiamiento en los mercados internacionales en condiciones favorables, como lo ha sido por un largo tiempo.

No obstante, más allá de la perspectiva financiera de mediano y largo plazo con la que debe evaluarse la política fiscal en la actual coyuntura del país, no debe dejarse en un segundo plano el efecto que ella está teniendo desde la perspectiva de lo que significa una tendencia sostenida al alza del gasto público. Lo que hay detrás de ello es un aumento en el tamaño del aparato estatal tanto en términos relativos como absolutos, y su efecto no es neutro sobre la capacidad de crecimiento de la economía. Cabe tener presente que el año 2006 el gasto fiscal del gobierno central expresado como proporción del PIB alcanzaba un 17,2%, y para el período 2017 las proyecciones de la Dipres indican una tasa de 24,3%. Si se incluyen en el cálculo los recursos netos gastados por las municipalidades, el guarismo se eleva a 27% aproximadamente, y si adicionalmente se contabilizara lo que gastan las empresas públicas, la cifra superaría holgadamente el 30% del PIB. Es decir, estamos llegando a un punto en que aproximadamente 1 de cada 3 pesos de la producción generada en el país es gastada por el Estado.

¿Es esto algo bueno o malo de por sí? Quienes sostenemos, basados en la evidencia, que el mayor crecimiento y dinamismo de las economías se manifiesta en contextos en los que hay condiciones para que la iniciativa privada se despliegue con todo su potencial, en respuesta a los incentivos del mercado, vemos una señal preocupante en esta tendencia alcista en el peso del Estado, por cuanto la contrapartida de ello es una mayor extracción de recursos desde el sector privado. Esto se ve agravado por un sistema tributario que en términos relativos castiga el ahorro y la inversión, y por una estructura de gasto público que privilegia el pago de sueldos y las transferencias, con lo cual la acumulación de capital –y, por ende, el potencial de crecimiento- se resiente.

Es efectivo que hay economías más desarrolladas que la chilena cuyo sector público es de mayor tamaño relativo, pero la tónica suele ser que cuando esos países tenían un nivel de desarrollo como el que Chile tiene actualmente, la presión estatal y la carga tributaria eran menos pesadas. Es decir, son países que, por ser más ricos, pueden solventar un aparato estatal de mayor tamaño, pero no es que lo sean como consecuencia del tamaño relativo que tiene el Estado en la economía.

No obstante lo ya señalado, el problema que cabe resaltar en las actuales circunstancias no se refiere únicamente al nivel que pueda estar mostrando el indicador que mide la participación del gasto fiscal como proporción del PIB, sino que muy especialmente la tendencia de crecimiento en el gasto público. Ésta está dando cuenta no sólo de un aumento paulatino en el peso relativo del Estado en la economía, sino que en términos absolutos el volumen de recursos manejado por el aparato estatal se ha visto incrementado en forma considerable durante la última década: actualmente el presupuesto público bordea los US$ 60 mil millones, el doble de lo que era hace diez años. Sin embargo, la estructura del aparato estatal sigue siendo esencialmente la misma.

¿Qué significa lo anterior en términos prácticos? La implicancia práctica es que buena parte de las instituciones públicas no están actualmente en condiciones de administrar en buena forma los recursos públicos que se les asigna. Y esto no es ideología, es una constatación real. Basta ver lo que está aconteciendo en el Sename, en el Registro Civil y en los servicios públicos de salud, por citar casos que han concentrado la atención pública en las últimas semanas, para verificar que el aparato público ya no resiste más. ¿Cree usted que si se aumentaran los recursos dispuestos para el Sename en forma importante, mejoraría la atención que se brinda a los menores y ancianos a su cargo? Definitivamente no. Sólo habría un desperdicio de recursos, porque el sistema público no está en condiciones de procesarlos en forma adecuada. Considerando que el chasis del aparato estatal chileno data del siglo pasado, urge abordar una reforma del Estado en forma integral, y cabe esperar que el sistema político se haga cargo de este problema.

Cuando se habla de la necesidad de mejorar la productividad de la economía para retomar una senda de crecimiento más alto en forma sostenida, hay una visión bastante transversal de apoyo a la postura de que el tema de la innovación y de la diversificación de la matriz productiva juegan un rol importante, y con esa perspectiva son variadas las iniciativas que están en marcha. Sin embargo, no hay suficiente conciencia en cuanto a la importancia que revestiría una cirugía a fondo del aparato estatal para mejorar la productividad global de la economía. Y detrás de esto no hay una postura ideológica, sino que simplemente un asunto de buena administración de los recursos disponibles. Sin perjuicio de las legítimas diferencias que pueda haber respecto del rol y tamaño que debería tener el Estado en la economía chilena, en lo que no debería haber posturas discrepantes es en la necesidad de que los recursos que los chilenos entregan al aparato estatal sean bien administrados. En atención a la magnitud que están alcanzando los recursos públicos, es imperativo abordar con decisión una reforma de un aparato estatal que fue diseñado en base a los requerimientos y necesidades del siglo pasado. Los desafíos del siglo XXI son completamente diferentes.

 

Hernán Cheyre V., Director Instituto de Emprendimiento Universidad del Desarrollo.

 

 

 

FOTO:CRISTOBAL ESOCBAR/AGENCIAUNO.