El Estado tiene un primer y fundamental rol: promover, facilitar y fortalecer la institucionalidad respecto de las circunstancias del voto extraterritorial. Y en esto ya se han podido identificar varias trabas.
Publicado el 03.12.2017
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Sobre la base de la experiencia que hasta el momento dejan los dos procesos eleccionarios en los que el voto de los chilenos en el extranjero ha debutado, y ad portas de un tercero el 17 de diciembre próximo, resulta interesante intentar una primera evaluación sobre el desempeño de esta herramienta de participación política, con el objetivo de plantear sus aspectos positivos y aquellos otros que presentan desafíos hacia el futuro.

Desde una perspectiva liberal, la incorporación de los chilenos que residen en el extranjero a la responsabilidad de elegir a nuestras autoridades es, por cierto y en primer lugar, un paso hacia el fortalecimiento de nuestra democracia. Al mismo tiempo que un instrumento de participación política coherente con los avances tecnológicos modernos que, a través de la integración digital universal, son claves para una participación informada de los ciudadanos, generando además proximidad e interés en participar.

Sin embargo, no basta con establecer el derecho de los chilenos a votar en el exterior. Tras garantizar y hacer realidad aquella facultad, nos toca sumar a la responsabilidad que ya tenemos como Estado, partidos políticos y sociedad civil de incentivar y convocar a los ciudadanos a participar en las elecciones, la de hacerlo también respecto de los chilenos que viven fuera del país.

Hasta la fecha hemos sido testigos de dos procesos de voto en el extranjero: las primarias de Chile Vamos y del Frente Amplio el 2 de julio, y la primera vuelta presidencial hace dos semanas. Para el primero de esos ejercicios, el Servicio Electoral consolidó un padrón electoral de 21.270 personas, registro que aumentó sustantivamente para las elecciones presidenciales (primera y segunda vuelta) a 39.170 inscritos. Sin embargo, de acuerdo con los datos oficiales informados por Cancillería a partir de un censo efectuado en los años 2003 y 2004, la población fuera de Chile en edad de votar asciende a 456.000 personas aproximadamente.

Basta una rápida mirada a esos números para concluir la bajísima participación electoral en el extranjero; en los comicios presidenciales de este año sólo un 8,5% de los chilenos en el exterior que pueden hacerlo se inscribieron para votar. Aquella es una situación que debemos tratar de corregir. Importa que nuestros compatriotas sientan que tienen vínculos concretos con nuestro país, que son actores relevantes, y que sus preferencias electorales pueden tener un impacto concreto, especialmente considerando que muchos de ellos volverán a desarrollar sus proyectos de vida en Chile, o bien, tienen familia y seres queridos en el país.

Por ello, el Estado tiene un primer y fundamental rol: promover, facilitar y fortalecer la institucionalidad respecto de las circunstancias del voto extraterritorial. En esta línea, se han podido identificar varias trabas.

En primer lugar, se constata escasa relación entre la cantidad y ubicación de los recintos de votación habilitados en el extranjero, y las ciudades en que los chilenos efectivamente viven, imponiendo a muchos un alto costo económico y de tiempo, tanto para inscribirse como para ejercer su derecho a voto. Para actualizar los datos electorales, en el diseño actual la ley obliga a la presencia personal del ciudadano chileno, en circunstancias que la misma norma entrega la facultad al Servel para “disponer de otras formas para solicitar el cambio de domicilio electoral, ya sea a distancia o por medios electrónicos, siempre que éstas garanticen la confiabilidad en la identidad del elector y la seguridad de sus datos” (artículo 25°, Ley Nº 18556). Por ello, resulta urgente impulsar el uso de alternativas tecnológicas modernas que coadyuvarían a este proceso, con el objeto de incorporar a un sector de nuestra población en el exterior que hasta ahora no ha ejercido su derecho a voto.

En segundo término, debemos pensar en la posibilidad de ejercer el derecho a voto en el extranjero por correspondencia. Un factor determinante a la hora de ir a votar es el costo que eso tiene, por tanto, debemos avanzar con miras a reducir la carga desigual entre nuestros connacionales para el ejercicio del voto, el que para muchos supone grandes esfuerzos personales y económicos. El mecanismo del voto por correspondencia es utilizado en diversos países del mundo con buenos resultados, pues logra una mayor participación electoral y da cuenta de la voluntad del Estado por fortalecer los mecanismos de participación democrática.

Por otra parte, a los partidos políticos también les corresponde una responsabilidad en esta reforma política. Junto con los avances que ha supuesto la nueva ley de partidos en términos de derechos y deberes, altas exigencias de transparencia y el rol público en la promoción de la democracia, los partidos políticos tienen el enorme desafío de informar, apelar y convocar a los chilenos que viven fuera del territorio del Estado. En política comparada son cientos los ejemplos que podemos revisar para inspirarnos y replicar buenas prácticas en ese sentido.

Nos queda por delante, en los próximos años, el enorme desafío de continuar abriendo la cancha a todos nuestros compatriotas, esta vez también desde el extranjero. Por ahora, en lo inmediato, sólo nos queda esperar que los altos niveles de competitividad de las elecciones de segunda vuelta presidencial sean la variable que aumente el número de votantes en el exterior.

 

Paulina Monti, Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa de Horizontal

 

 

FOTO: CRISTOBAL ESCOBAR/AGENCIAUNO