Los que no tengan opción de pagar su educación superior por sus propios medios, deberán elegir exclusivamente entre los proyectos gratuitos: se enfrentarán a una oferta homogénea de instituciones conducidas directa o indirectamente por el Estado, cuyos vacantes dependerán del precio del cobre.
Publicado el 25.07.2016
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Hace tres semanas que se presentó el proyecto de ley de educación superior y ya podemos hacer un análisis más profundo de su contenido, así como también observar patrones y adelantar algunas consecuencias. Una de las tendencias más fáciles de identificar es el aumento de control estatal sobre el sistema de educación superior, en desmedro de la sociedad civil y las instituciones.

Para hacer un resumen rápido: a las universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales se les quitaron facultades tan propias de su autonomía como fijar aranceles, fijar vacantes y determinar el sistema de admisión, entre otras. Todas estas funciones las detentará una nueva subsecretaría. Para abrir sedes o abrir carreras se debe informar o pedir autorización a la Superintendencia. Incluso en las universidades estatales aumentará el control estatal: el Presidente de la República tendrá más representantes en sus consejos directivos y su conducción sobre ellas será mayor.

Por otra parte, la sociedad disminuye su posibilidad de contar con proyectos educativos diversos. El proyecto de ley obliga a todas las instituciones a acreditarse según criterios únicos que involucran desde la gestión hasta la investigación y que refieren no solamente a qué tan bien los logran, sino también cómo los logran y si cuentan con recursos para lograrlos. Esos criterios, que finalmente serán los que decidan qué instituciones podrán existir y cuáles no, serán fijados por un organismo estatal cuyo directorio es nombrado por el Presidente de la República, denominado el Consejo para la Calidad.

Todo lo anterior afectará indirectamente la posibilidad de elegir de los estudiantes, en particular a los más vulnerables. Los que no tengan opción de pagar su educación superior por sus propios medios, deberán elegir exclusivamente entre los proyectos gratuitos: se enfrentarán a una oferta homogénea de instituciones conducidas directa o indirectamente por el Estado, cuyos vacantes dependerán del precio del cobre. Habrá becas para quienes elijan proyectos diferentes, pero los cupos serán limitados… por el Estado. Cuando se alcance la gratuidad universal, ya no existirá ni siquiera esa posibilidad.

Así, este aumento de control parece funcionar como un “reflejo involuntario”, ante cualquier problema (real o no tanto) la reacción es siempre la misma: mayor control estatal. Nunca la respuesta es darle a las instituciones o a las personas mayor influencia o conducción sobre lo que quieren o los fines que persiguen. Para solucionar los problemas, la respuesta parecer ser siempre nombrar consejos, establecer subsecretarías, nombrar funcionarios, generar burocracia. ¿Hasta qué punto esta “fórmula” puede hacerse cargo de las deficiencias del sistema?

 

Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar.

 

 

 

FOTO: RAÚL ZAMORA/AGENCIAUNO