Es escalofriante lo mal que funciona el sistema, y más escalofriantes son los dineros que comprometió Michelle Bachelet para mejorarlo: $2.500 millones adicionales de aquí a fin de año. ¿Le suena una cifra elevada? Sólo un ejemplo. Los 47 nuevos parlamentarios que van a debutar el próximo año en nuestro país le constarán al Estado $15.000 millones anuales. Leyó bien.
Publicado el 30.10.2016
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En los últimos días ha habido una fiebre mediática en torno a las elecciones municipales 2016 y es entendible, en vista de todos los bochornos que han ocurrido (padrón electoral en el top one). Ahora que los comicios ya pasaron y dejaron muchas lecciones que sacar, volvamos a lo urgente, a lo de vida o muerte, al Sename.

Dos simples preguntas eran las que tenía. Me metí a la página web del organismo estatal, que está muy bien diagramada. Podría decir que es amigable y bonita. Fui a los datos y ahí comenzaron los problemas. No es fácil sacar conclusiones de las estadísticas que ellos presentan como tan positivas. Por lo mismo me comuniqué con el organismo —vía teléfono y mail— para plantear dos dudas:

Si el Sename atiende a 234.292 niños y adolescentes, y si existen 2.800 funcionarios que trabajan directamente con los pupilos, se concluye que hay un funcionario promedio por 84 niños. ¿Puede confirmar, por favor?

Entre los 62 centros directos del Sename, más los 376 organismos colaboradores, suman 438 centros. Si lo dividimos por el total de niños atendidos (234.292), se concluye que, en promedio, hay 535 niños en cada centro. ¿Puede confirmar, por favor?

Mi intención, entenderá el lector, era saber el nivel de atención que existía para estos niños vulnerables. La respuesta no se dejó esperar y me aclararon que estaba sacando mal los cálculos, porque la cifra de 234.292 no son niños, sino que prestaciones (cuestión que no queda clara en la página web). Pero el punto (ya voy a llegar al final, paciencia, señor lector) es que en un intercambio de mails, contra-preguntando para aclarar exactamente los datos, estuve dos semanas y, lo que es peor, incluso así no fueron capaces de entregarme datos duros.

La respuesta final, y con mucha paciencia por la espera, fue: “Los educadores de trato directo no trabajan todos simultáneamente… hay turnos… cantidad de funcionarios con licencia médica… por eso es demasiado complejo sacar cálculos absolutos”.

No lo podía creer. Si del 100% de funcionarios, un 30% se dedica a labores administrativas, ¿no sería lo mínimo, ¡mínimo!, exigirles a estos empleados sacar los cálculos de cómo se está atendiendo a los menores?

¿Cómo se puede realizar un diagnóstico decente sin tener claros esos datos? ¿Cómo sabemos si falta o sobra personal? ¿Si los niños están hacinados? Con este caso vino a calzarme por qué recién el 3 de octubre supimos de la muerte de 210 menores en centros del servicio y de 406 en recintos privados que funcionan como colaboradores, a lo largo de 11 años.

Es escalofriante lo mal que funciona el sistema y más escalofriantes son los dineros que comprometió Michelle Bachelet para mejorarlo: $2.500 millones adicionales de aquí a fin de año. ¿Le suena una cifra elevada? Sólo un ejemplo. Los 47 nuevos parlamentarios que van a debutar el próximo año en nuestro país le constarán al Estado (o sea a usted, a mí), según un informe del propio Congreso, $15.000 millones anuales. Leyó bien. Anuales. Y los 2.500 millones anunciados para los niños, que no votan, son por una sola vez.

En esta realidad que produce desazón se pueden comprender las palabras de la dirigente de funcionarios del Sename Alicia del Basto, con quien pude conversar largo. Sin duda, concuerda en que la proporción entre funcionarios y menores es muy insuficiente (¿Puede una auxiliar darles leche a seis guaguas al mismo tiempo?). Me comentó, además, que sin duda el Sename se ha transformado en un lugar de formación del delito, en donde se mezclan niños con adolescentes (cosa que no debiera ocurrir), y donde le ha tocado ver a jóvenes de hasta 26 años, siendo que los centros son para personas de hasta 18 años. Así suma y sigue.

¿Y quiere usted saber cuál es el principal objetivo estratégico de la institución?: “Restituir y/o reparar los derechos de los niños/as y adolescentes vulnerados en sus derechos por medio de prestaciones de protección”. Pobres niños. Pobres prioridades.

De esta manera, si seguimos con reformas que hay que mirar con lupa por lo pequeñas, y si no se rehace totalmente el sistema de protección a los menores y adolescentes de Chile (porque aquí sí que hay que pasar la retroexcavadora), no nos asombremos de que sigamos sabiendo de niños muertos que son una clara violación a los Derechos Humanos en plena democracia.

 

Rosario Moreno C., periodista y licenciada en Historia UC