Es razonable que el Estado tome los recaudos necesarios para que las mujeres que desean ejercer su derecho a abortar, en conformidad a lo que establece la ley, puedan hacerlo. No lo es obligar a personas a violentar su conciencia ni a instituciones desviarse de su plan institucional, especialmente si ellas están dispuestas a facilitar el ejercicio de sus derechos a esas mujeres en otras instituciones.
Publicado el 05.07.2018
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La ex Presidenta Bachelet logró aprobar en el Congreso el proyecto de ley que rotuló como “Despenalización de la interrupción del embarazo en tres causales”. Como puede apreciarse a simple vista por la discusión que tenemos hoy día, el título del proyecto era engañoso, pues fue mucho más allá de la despenalización; en la práctica consagró un derecho al aborto para las mujeres que se encontraban en algunas de las causales. Se trataba de un tema que dividía a los chilenos y en definitiva primaron las mayorías en el Congreso, como corresponde en una democracia.

Una vez que asumió el nuevo gobierno, el Ministerio de Salud modificó el protocolo, eliminando la obligación de practicar los abortos, pero estableciendo la obligación de procurar la atención de las mujeres que los demandaban en otras instituciones que no hubieren declarado objeción de conciencia.

El Tribunal Constitucional, no obstante, observó el proyecto en el sentido que, si bien reconoció ese derecho, contrariando la petición de parlamentarios de derecha, estableció que personas e instituciones tenían también derecho a la objeción de conciencia si sus creencias o proyecto institucional eran violentados por la realización de abortos. El Ministerio de Salud, aún durante el gobierno de Bachelet, elaboró un protocolo para hacer operativa la ley que no respetaba la objeción de conciencia institucional, ya que obligaba a las instituciones privadas que recibían recursos del Estado por convenios que hubieren celebrado con éste a practicar los abortos. Una vez que asumió el nuevo gobierno, el Ministerio de Salud modificó el protocolo, eliminando la obligación de practicar los abortos, pero estableciendo la obligación de procurar la atención de las mujeres que los demandaban en otras instituciones que no hubieren declarado objeción de conciencia. A mi juicio este procedimiento cautelaba debidamente los derechos de las mujeres que requerían estos servicios sin violentar la conciencia de personas ni los proyectos institucionales de los prestadores de salud. Era una interpretación razonable en ese sentido y, en cambio, no lo era obligar a una institución como la Pontificia Universidad Católica, con una larga y exitosa tradición en la salud, a realizar abortos o a cortar toda relación con el sistema público de salud.

Este nuevo protocolo del Ministerio de Salud fue también observado, esta vez por la Contraloría General de la República. El organismo contralor dictaminó que, en lugar de un protocolo, esto debía reglamentarse por un decreto supremo y, en lo que ya es una cuestión de fondo, que las instituciones privadas que tuviesen convenios con el Estado para realizar prestaciones ginecológicas y obstétricas no podían invocar objeción de conciencia para negarse a realizar los abortos.

Podríamos llegar al absurdo que durante una hospitalización por patología no ginecológica, no pueda brindársele una atención integral en otras áreas de la medicina.

Sin embargo, como lo ha señalado la doctora Sofía Salas, especialista en Bioética, esta solución dista de proteger los derechos de las mujeres. Aquellos establecimientos que por su ideario valórico opten por no realizar abortos deberán derivar a otros servicios de salud a todas las mujeres que requieran de prestaciones ginecológicas, no sólo aquellas relacionadas con la atención del embarazo, parto o puerperio sino que también por patologías ginecológicas (control del climaterio, miomas, tratamiento oncológico, etc.). Por lo tanto serán muchas más las afectadas que no podrán tener continuidad de tratamiento en ese servicio. Incluso podríamos llegar al absurdo que durante una hospitalización por patología no ginecológica, no pueda brindársele una atención integral en otras áreas de la medicina. Tal como propone la doctora Salas, sería del caso revisar los convenios y modificarlos para evitar desproteger a muchos usuarios de servicios de salud privados que han suscrito convenios con el Estado.

Desgraciadamente, en este caso la Contraloría ha adoptado una posición altamente discutible y cargada ideológicamente, que supone que los establecimientos privados que reciben recursos del Estado deben sujetarse a los criterios ideológicos que éste les imponga. Es similar a la política adoptada en materia de educación, donde las leyes propuestas por la Presidenta Bachelet condicionaron subvenciones y aportes a eliminar el lucro, prohibir el copago, adoptar determinadas normas de gobierno universitario y someterse en definitiva a una suerte de tutela estatal que afecta gravemente su autonomía.

Con tal de lograr esa pequeña victoria ideológica, están dispuestos a perjudicar a un número mucho mayor de mujeres que hoy día reciben a satisfacción servicios de salud de instituciones objetoras de lo que quedarían privadas en el futuro.

Es razonable que el Estado tome los recaudos necesarios para que las mujeres que desean ejercer su derecho a abortar, en conformidad a lo que establece la ley, puedan hacerlo. No lo es obligar a personas a violentar su conciencia ni a instituciones desviarse de su plan institucional, especialmente si ellas están dispuestas a facilitar el ejercicio de sus derechos a esas mujeres en otras instituciones. Se trata de una medida odiosa, en que los partidarios del aborto han optado por vencer en lugar de convencer y respetar a quienes piensan distinto a ellos. Adicionalmente, con tal de lograr esa pequeña victoria ideológica, están dispuestos a perjudicar a un número mucho mayor de mujeres que hoy día reciben a satisfacción servicios de salud de instituciones objetoras de lo que quedarían privadas en el futuro.

Luis Larraín, #ForoLíbero

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