¿Es necesario que un joven carabinero quede ciego, para que las autoridades vean lo que está pasando?
Publicado el 05.10.2014
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Las informaciones diarias sobre la violencia en la Araucanía y, ahora también en la Región del Bio-Bio, no dejan lugar a dudas sobre el agravamiento del problema.  La desfachatez con que actúan los violentistas, el armamento que utilizan y la evidente pretensión de legitimidad que los anima en sus ataques, dan cuenta del fracaso de las autoridades, las que sin embargo no lo asumen e insisten en un diagnóstico y soluciones claramente equivocadas.

Que el problema de los pueblos originarios es complejo no cabe duda, pero tampoco debiera caber duda que su solución pasa por un esfuerzo de integración en que los miembros de las etnias tienen que asumir que están insertos en la sociedad occidental y que sólo se puede vivir en ella compartiendo ciertos principios, fuera de los cuales no hay entendimiento posible.

Menciono tres de estos principios: el estado de derecho como forma de resolución de los conflictos; la democracia como mecanismo para zanjar las diferencias políticas; y la soberanía como única fuente legítima en el uso de la fuerza.  Es verdad que ninguno de estos tres principios formaban parte de las culturas precolombinas, pero tampoco lo eran el uso de los antibióticos o del cálculo para definir la resistencia de los materiales en cualquier construcción.

La pretensión de que, por pertenecer a un pueblo originario, se tiene derecho a comportarse como nacional de un país invadido y reivindicar un supuesto estado de guerra para usar la violencia, negando la validez de principios como los mencionados, pretendiendo que son ajenos a su cultura y que son una suerte de imposición cultural del Estado invasor (Chile), ha llevado las cosas al punto en el que estamos y conducirá a un agravamiento mayor del conflicto.

Sistemáticamente las autoridades se han mostrado débiles en la defensa de estos principios, validando el uso de la violencia como un mecanismo legítimo de presión.  ¿Cuántas veces se han comprado campos tomados para entregárselos a los invasores? ¿Cuántos campos permanecen hoy ocupados por la fuerza, sin que las autoridades cumplan con el deber de restablecer el imperio de la ley?

Una cosa es que se instruya a Carabineros para que actúe con máxima prudencia y evite todo lo posible el uso de la fuerza y otra muy distinta es que se le quiten sus armas de servicio y se les deje como verdaderos vigilantes privados, premunidos de una radio para que avisen cuando hay un ataque.  Se ha llegado al absurdo que uno escucha de ataques en que agresores y víctimas se trenzan en una balacera, con armas de fuego por ambos lados, mientras los carabineros observan y llaman pidiendo ayuda.  Todos armados, menos los policías. Ni en el oeste americano, hace dos siglos atrás.

La imagen escalofriante de un carabinero con ambos ojos sangrantes, producto de los perdigones recibidos, debiera estremecer la conciencia de todos.  ¿Es necesario que un joven carabinero quede ciego, para que las autoridades vean lo que está pasando?

La paradoja política en todo esto es que el socialismo estatista, siempre tan activo para imponer la presencia del Estado y el sometimiento a él en los más diversos ámbitos, no lo es cuando tiene que defender el imperio de la ley frente a la delincuencia.

La razón es que se trata de una manera de entender la sociedad, y los procesos que se dan en ella, que parte siempre de la premisa que el orden social existente es injusto, pues deriva de la imposición de los que tienen o han tenido el poder.  Entonces, para el socialismo, hacer cumplir la ley no es justo y hay una simpatía imposible de disimular por la situación del que la viola.  Cuando esta manera de pensar además contamina el razonamiento judicial, se pierde toda posibilidad de verdadera justicia.

Así, uno de los principios fundantes del Estado liberal, como es el del llamado gobierno de la ley es, en el fondo, incompatible con el socialismo estatista y por eso la amenaza que esta forma de pensar implica para la libertad individual no deriva sólo de su proyecto económico; sino de algo mucho más profundo, que es su pretensión de imponer una visión de lo justo que, en el extremo, está por sobre la ley, los derechos e, incluso, la voluntad de la mayoría si ello es necesario. Eso es lo que el siglo XX vio y vivió con los llamados socialismos reales o totalitarios.

Así, los habitantes del sur de nuestro país están sufriendo la paradoja del estatismo. Mientras el Estado crece cada día en materia económico social y reivindica los llamados derechos sociales, es cada día más débil para restablecer la paz y garantizarles a ellos el ejercicio de sus derechos más básicos: la vida, la seguridad personal y la propiedad.

 

Gonzalo Cordero,  Foro Líbero.

 

FOTO: DAVID CORTES SEREY/AGENCIAUNO

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