El gobierno endurece su posición. En lugar de retroceder frente al fallo del Tribunal Constitucional, arranca hacia adelante, extremando su proyecto, vetando la adaptabilidad laboral y otras normas que no fueron cuestionadas por el TC.
Publicado el 12.05.2016
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A raíz del fallo del Tribunal Constitucional que declaró la inconstitucionalidad de algunas de las disposiciones aprobadas en la reforma laboral, el gobierno ha hecho uso de la facultad que le entrega la Constitución para vetar un proyecto de ley. No se trata de un veto absoluto –que pretendería sepultar un proyecto de ley-, sino suspensivo, inherente a toda democracia. Hay tres tipos de veto en nuestra legislación, el supresivo, que elimina una parte del proyecto de ley; el aditivo, que agrega un artículo o capítulo; y el sustitutivo, que reemplaza una frase o artículo del proyecto.

El gobierno está en su derecho al enviar un veto, pero lo extraño es que las materias que son objeto de veto: normas sobre adaptabilidad laboral y una sobre quórum para la constitución de sindicatos, no tienen relación alguna con las materias que objetó el Tribunal Constitucional.

Como el fallo del tribunal hace que la ley sea inaplicable en algunas de sus partes, en este caso la llamada titularidad sindical, se suponía que el gobierno presentaría un nuevo proyecto de ley, ley corta, que subsanara los vicios de constitucionalidad del anterior. Así, podría lograr los objetivos de su iniciativa original solo parcialmente, pues esta ley corta no podría tener contenidos idénticos a los textos objetados, pero sí lograría que la legislación fuera coherente y no quedaran vacíos legales que hicieran inaplicable la reforma.

Por eso extrañó el pronto anuncio de la ministra Ximena Rincón apenas se conoció el veredicto del Tribunal: el gobierno haría uso del veto.

Técnicamente, lo que está haciendo el Gobierno es un veto supresivo, que elimina algunas disposiciones del proyecto.

Pero la sorpresa viene cuando constatamos que el veto se refiere a materias completamente distintas. La principal de ellas es la adaptabilidad laboral.

¿En qué consiste la adaptabilidad laboral?

La principal innovación es que la ley aprobada permitía que el sindicato y el empleador pactaran una jornada laboral distinta a la que permite la ley, para hacerse caso de situaciones especiales que recogieran la naturaleza diferente de algunas actividades o el lugar geográfico en que éstas se realizan. La flexibilidad no era absoluta, sino que estaba sujeta también a límites, sólo que éstos eran distintos a los generales.

Esta adaptabilidad pactada requería la aprobación del sindicato, sin su consentimiento era imposible aplicarla. Tenía que ser, por lo tanto, un cambio que por definición favorecía a ambas partes. El proyecto consideraba, además, que este pacto debía ser fuera del marco de la negociación colectiva.

Pues bien, el gobierno hizo uso de su facultad  y presentó un veto que elimina esta parte de la ley.

Este veto, que técnicamente es un veto supresivo, parece ser de verdad un veto vengativo o veto revancha, como lo han denominado algunos políticos de la Nueva Mayoría.

¿Cómo se entiende si no que la materia vetada no tenga relación con las objeciones del Tribunal Constitucional?

Se ha intentado justificar esto señalando que con el fallo del tribunal se cae la titularidad sindical, vale decir la facultad del sindicato de ser el único que participa en el proceso de negociación colectiva. Sin titularidad sindical entonces, se afirma, la norma que requiere que el sindicato acuerde la adaptabilidad de jornada con el empleador podría caerse.

Pero el Tribunal no ha dicho eso. No ha objetado la posibilidad de pactar jornadas distintas entre el sindicato y el empleador. Es más, la ley dice explícitamente que la adaptabilidad laboral debe acordarse fuera del marco de la negociación colectiva, que es el ámbito en el cual se ha objetado el concepto de titularidad sindical.

El gobierno entonces veta la adaptabilidad laboral y también la norma que permitía por un tiempo que el límite mínimo para constituir un sindicato (8 trabajadores) fuera reemplazado por un porcentaje mínimo de los trabajadores de la empresa.

El gobierno endurece su posición. En lugar de retroceder frente al fallo del Tribunal, arranca hacia adelante, extremando su proyecto. Como lo señaló el senador Zaldívar, es inexplicable que el gobierno vete un artículo que él mismo presentó.

Hay dos comentarios más que nos merece este veto. El primero es que el gobierno de Michelle Bachelet muestra poco respeto por las instituciones. El veto es un mecanismo destinado a resolver una controversia entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, y aquí se está usando como una forma de negociar.

El segundo, es que este veto incide en materias especialmente sensibles para la productividad. Las agendas de productividad anunciadas con tanta fanfarria por las autoridades económicas parecen un chiste cuando se conoce esta decisión.

La retroexcavadora está de vuelta. Una vez más se imponen en el gobierno de Michelle Bachelet las posiciones más duras.

 

Luis Larraín, Foro Líbero.

 

 

FOTO:SEBASTIÁN RODRÍGUEZ/AGENCIAUNO

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