Si durante una década la OEA fue timorata a la hora de exigir a Venezuela respeto por la democracia, no fue por falta de herramientas -bajo Insulza fueron casi letra muerta tanto la Carta Democrática como la Convención Interamericana de DD.HH.-, sino por decisión de su secretario general.
Publicado el 21.11.2015
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En una carta que sorprendió a medio mundo, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) explicó en duros términos a la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano por qué lamenta que Caracas se niegue a permitir observadores extranjeros en la próxima elección legislativa. Tras detallar una larga lista de problemas, el uruguayo Luis Almagro concluye que: “Existen razones para creer que las condiciones en las que el pueblo va a ir a votar el 6 de diciembre no están en estos momentos garantizadas al nivel de transparencia y justicia electoral que (el CNE) debería garantizar”.

Las críticas de Almagro no tienen mucho de nuevo, ya que son las mismas que organismos de la propia OEA -en concreto, la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)- vienen haciendo prácticamente desde los albores de la revolución bolivariana. No sólo a propósito de los procesos electorales celebrados en el período, sino también de la democracia chavista, de la parcialidad de su sistema de justicia y de su poco respeto por los Derechos Humanos.

Pero que lo diga el jefe, eso sí que es novedoso. Porque durante los 10 años en que la OEA estuvo al mando de José Miguel Insulza la tónica fue más bien hacer la vista gorda para evitarse problemas. Es precisamente el contraste con la actitud hacia Venezuela de su antecesor lo que resulta llamativo en los juicios de Almagro. Al revés del chileno, que siempre sostuvo que no podía pronunciarse sobre la crisis de la democracia venezolana sin un mandato expreso de los miembros de la OEA, el uruguayo parece creer que la defensa de los principios democráticos en la región es su principal deber.

Insulza se instaló en la OEA en 2005, el mismo año en que la CIDH incluyó por primera vez a Venezuela en el grupo de naciones donde ocurren “violaciones masivas, graves y sistemáticas de los Derechos Humanos”. Ya desde 2002 arreciaban los cuestionamientos al régimen chavista por su deriva autoritaria, pero fue durante la gestión de Insulza que el régimen se convirtió en lo que es hoy en día, sin que la OEA adoptara una línea política coherente con sus valores democráticos, incluso cuando Venezuela decidió abandonar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en 2013.

Los demócratas de todas las latitudes le pidieron insistentemente al ex ministro chileno que utilizara la Secretaría General como la legítima tribuna de influencia política que puede ser, pero nunca obtuvieron la respuesta que esperaban. En lugar de eso recibieron de la OEA inexplicables silencios o, a lo más, discutibles justificaciones para su estrategia de “no injerencia”. Ni la evidencia de irregularidades electorales y de prácticas antidemocráticas, ni las pruebas de corrupción y violaciones a los Derechos Humanos disuadieron a Insulza de su idea de que mientras los países de la OEA no dieran su visto bueno, él nada podía hacer para presionar al chavismo a enmendar el rumbo. Tampoco lo consiguió el casi unánime repudio internacional ante la sangrienta represión de las protestas de 2014 y los procesos judiciales viciados contra Leopoldo López y otros líderes opositores. Ni siquiera las reiteradas críticas de un nutrido coro de voces mundiales hicieron mella en la pasividad complaciente del titular de la OEA, parapetado tras su exigencia de consensos regionales.

Es por esto que la carta de Almagro al CNE debe resultarle muy incómoda a Insulza. En especial las líneas que echan por tierra el argumento de que la institucionalidad de la OEA es una camisa de fuerza que impide a su titular ejercer un liderazgo proactivo. Todo lo contrario, dice el actual secretario general, quien considera “ilegítimo que se me pida que no me refiera a estos asuntos que hacen a la esencia de un buen funcionario del sistema democrático. Si yo no prestara atención o callara ante los hechos respecto a los cuales hice referencia en la presente, me deslegitimaría, especialmente ante la esencia de los principios en que creo y espero nunca abandonar de defensa de la democracia y firmeza en la promoción de los Derechos Humanos”.

En otras palabras, si durante una década la OEA fue timorata a la hora de exigir a Venezuela respeto por la democracia, no fue por falta de herramientas -bajo Insulza fueron casi letra muerta tanto la Carta Democrática como la Convención Interamericana de DD.HH.-, sino por decisión de su secretario general.

Un potente recordatorio de que las instituciones funcionan bien cuando están bien dirigidas.

 

Marcel Oppliger, periodista y autor de “La revolución fallida: Un viaje a la Venezuela de Hugo Chávez.

 

FOTO: AFKA/AGENCIAUNO