No caben las medias tintas frente a la cuestión venezolana y hay que aceptar que se trata de una dictadura lisa y llana. El diálogo es algo del pasado, porque fue en su momento distorsionado y abusado por el régimen chavista para ganar tiempo, por lo que una oposición engañada no volverá a la mesa de negociaciones mientras los presos políticos no sean liberados, no se respete la independencia del Parlamento y el Gobierno no llame a elecciones libres.
Publicado el 11.04.2017
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La dramática crisis que se vive en Venezuela comprende el colapso económico, el desabastecimiento (hambre y la falta de medicamentos) y el caos político, generado tras el autogolpe y sus secuelas de protesta y represión. Es cierto que, facilitado por la fiscal general Luisa Ortega, Nicolás Maduro dejó sin efecto las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (aliado del Ejecutivo) que cercenaban las facultades de la Asamblea Nacional (último bastión de la oposición), pero -dos pasos adelante y uno atrás- el golpe de Estado continúa ese país.

En el nuevo arranque dictatorial está la inhabilitación política por 15 años del actual gobernador y ex candidato presidencial Henrique Capriles, así como la fuerte represión de las manifestaciones contra el Gobierno. Para el desenlace de la crisis hay que tener presente los siguientes elementos:

 

El modelo cubano

La conducta del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela se ajusta a lo que podríamos llamar el ‘modelo cubano’. No solo Nicolás Maduro fue formado en la Escuela de Cuadros del Partido Comunista de Cuba y propuesto por Fidel Castro a Hugo Chávez como su segundo y sucesor, sino que la inteligencia cubana se encuentra bien incrustada en los aparatos de seguridad venezolanos.

La cabeza del Socialismo del Siglo XXI está, por tanto, en La Habana. A su vez, Maduro ha sido bien explícito en que la ‘revolución’ no se entregará, porque seguirá “gobernando con el pueblo, en alianza con los militares, y en la calle”. O sea, no habrá más elecciones en ese país (ante el temor de que gane la oposición) y quienes se opongan al proceso serán encarcelados. Es por eso que Venezuela considera que no hay presos políticos ni violaciones a los derechos humanos en el país, solo ‘golpistas’ e ‘imperialistas’ que quieren derribar la revolución.

 

La “huída hacia adelante” del chavismo

Como dos de los pilares que sostenían el régimen venezolano ya no existen (el carisma de Chávez y los petrodólares), Maduro ha optado por una dictadura cívico-militar. Frente a las protestas populares y la creciente oposición, su Gobierno no está dispuesto a negociar una salida. Al revés, busca profundizar el proceso revolucionario. El autogolpe se gestó con el robo del revocatorio, luego al sentirse acorralado por las protestas, el Gobierno jugó al diálogo con la oposición y los intermediarios (ex Presidentes, Unasur, El Vaticano), engañándolos a todos, pero interrumpiendo durante un tiempo las movilizaciones populares.

Después vinieron las restricciones a la Asamblea Nacional, la contraorden y lo de Capriles. En fin, el chavismo cuenta con el respaldo incondicional de las Fuerzas Armadas (son chavistas o temen no saber lo que vendrá después) y del Poder Judicial (autores del autogolpe); solo falta hacerle un jaque mate a las instituciones democráticas anulando el Legislativo y reprimiendo a los cuadros opositores.

 

Tardía reacción en la región

Desde hace un tiempo a esta parte, el secretario general de la OEA Luis Almagro ha tratado de aplicar la Carta Democrática Interamericana a Venezuela, pero los países miembros han sido remolones. Recién ahora, frente a la última asonada del Tribunal Supremo de Justicia, una mayoría de ellos ha condenado el atentado contra el orden constitucional.

Sin embargo, todos -unos más y otros menos- han tenido ya sea algún compromiso con el chavismo, o bien, inhibiciones internas: Petrocaribe aún pesa en los estados-islas; Bolivia y Nicaragua son los ‘tontos útiles’ de Caracas; Ecuador se desmarcó ahora con un tibio llamado al diálogo; y la postura de Chile es todo un rompecabezas: se ve que el canciller Muñoz está firme contra una ruptura del orden constitucional; la Presidenta Bachelet, si bien “condena cualquier situación que altere el orden democrático”, se diluye ofreciendo colaboración “para buscar los caminos que permitan que en Venezuela se pueda retomar el diálogo”; y los comunistas chilenos cierran filas con la dictadura venezolana.

 

El retiro venezolano de la OEA

No caben las medias tintas frente a la cuestión venezolana y hay que aceptar que se trata de una dictadura lisa y llana. El diálogo es algo del pasado, porque fue en su momento distorsionado y abusado por el régimen chavista para ganar tiempo, por lo que una oposición engañada no volverá a la mesa de negociaciones mientras los presos políticos no sean liberados, no se respete la independencia del Parlamento y el Gobierno no llame a elecciones libres.

Lo que se espera es que la OEA, salvo los pocos miembros populistas que quedan, con el concurso de la cláusula democrática (CDI), mantenga la presión a favor de la redemocratización de Venezuela. Ya está dicho que Maduro no entregará el poder y que, ante un callejón sin salida, preferirá inmolarse. No sería extraño, entonces, que con en ese predicamento Venezuela se retire de la OEA y opte por el aislacionismo puro.

 

La victimización como salida

Esta situación aparentemente sin solución es muy propia de la izquierda marxista. Con ello, amenazan a sus adversarios con el conflicto y la violencia. En el caso del socialismo bolivariano, el régimen no hará concesiones ni aceptará el fracaso; más bien, se encuentra empeñado en un autogolpe permanente. Preferirá ser derrocado y quedar en la memoria histórica como la víctima del imperialismo, el capitalismo y la oligarquía local.

Más arriba decíamos que las Fuerzas Armadas venezolanas son incondicionales del régimen y, por lo tanto, no darán un golpe de Estado. Sin embargo, llegado el momento extremo de un desplome del Gobierno, harán lo que Maduro ha evitado hacer: llamar a elecciones. El tema es a qué costo.

 

Juan Salazar Sparks, director ejecutivo de CEPERI

 

 

FOTO: MARIO DAVILA/AGENCIAUNO