Frente a este asalto a la democracia hay dos opciones: la condena o la complicidad. La comunidad internacional, incluyendo Chile, se convierte en cómplice de la acción dictatorial de Maduro y su Gobierno si no condena enérgicamente la asonada golpista de la izquierda venezolana. Chile debe solicitar a la OEA la aplicación de la cláusula democrática, dada la ruptura del orden constitucional que afecta gravemente la democracia en Venezuela.
Publicado el 01.04.2017
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Las cosas por su nombre: Venezuela es hoy víctima de una asonada golpista antidemocrática. Como en los peores tiempos latinoamericanos, hemos vuelto a la época en la que la tiranía y el golpismo se imponen. La acción desarrollada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano no es otra cosa sino un Golpe de Estado. Así, con todas sus letras.

Estamos acostumbrados a suponer que la única forma en que se dan los golpes es la ocurrida en Chile en 1973, cuando los militares se hicieron del poder de forma violenta, y por eso obviamos denominar igual a otras asonadas de esta especie. Por definición, sin embargo, una acción golpista es cualquier forma de toma del poder repentina y violenta, que vulnere la institucionalidad y altere la normal sucesión en el mismo, atentando contra la legitimidad constitucional.

El TSJ venezolano decidió asumir unilateralmente las competencias del Parlamento, de mayoría opositora, al considerar que los legisladores están en desacato. Eso ya sería suficiente como para calificar de golpista la acción de la izquierda venezolana. Pero este no es el único signo, sino sólo el más grave, el más descarado, el más evidente: la función estatal que representa verdaderamente al soberano, el Legislativo, ha sido anulada, y por ende también lo ha sido la expresión del pueblo.

La democracia ha sido borrada también por un sinnúmero de actuaciones del Ejecutivo en abierta violación de los derechos fundamentales del pueblo venezolano que se han extendido por casi dos décadas. Nuestro compatriota Braulio Jatar es un ejemplo de esto.

El respeto a los derechos humanos sólo es posible en una democracia, porque sólo en democracia se pueden ejercer y exigir. Los venezolanos saben, lamentablemente, de aquello. El Gobierno suspendió el referéndum revocatorio y las elecciones de gobernadores, tiene más de un centenar de presos políticos, y se han constatado apremios ilegítimos a opositores y manifestantes. Por esta razón, Venezuela optó por desconocer la jurisdicción de la Corte Interamericana. Durante años, miles de venezolanos han sufrido violaciones a sus derechos esenciales, han visto cómo la democracia es arruinada por el grupo en el poder, han sido testigos y víctimas de una depauperación económica sin precedentes en el país más rico de América Latina.

La decisión del TSJ, cuyos integrantes han sido todos designados por el Gobierno, no viene sino a confirmar que en Venezuela ya no existe separación entre los poderes del Estado, pues Maduro –parafraseando a C.S. Lewis- ha montado un sistema autoritario que es como el Cielo, porque todo lo cubre. Frente a este asalto a la democracia hay dos opciones: la condena o la complicidad. La comunidad internacional, incluyendo Chile, se convierte en cómplice de la acción dictatorial de Maduro y su Gobierno si no condena enérgicamente la asonada golpista de la izquierda venezolana. Chile debe solicitar a la OEA la aplicación de la cláusula democrática, dada la ruptura del orden constitucional que afecta gravemente la democracia en Venezuela.

En pleno siglo XXI, una dictadura debe ser condenada y sancionada por todas las democracias de América Latina. No queremos, ni debemos permitir, una nueva Cuba entre las naciones democráticas.

 

Mijail Bonito Lovio, abogado