La porfía de Nicolás Maduro para no reconocer la gravísima crisis ni tomar medidas concretas para paliar la situación no hace más que confirmar su adicción al poder y reforzar las brutales conductas dictatoriales. El aparato institucional está resquebrajado. Quienes tenemos acceso a una prensa que procura entregar información verídica, imparcial y libre de censura, vemos lo irrisorio de que el Presidente aún llame democracia a su Gobierno.
Publicado el 22.05.2017
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La situación que vive Venezuela en el ámbito económico, social, político, humanitario y moral es peligrosa. Apremia la solución a este conflicto con repercusiones gravísimas para el pueblo, y la explosión de manifestantes que a diario se lanzan a las calles es elocuente al respecto: ¡Justicia ya! ¡Democracia ahora!

La escala de violencia va en constante aumento y da cuenta de una fuerte represión de la policía contra los manifestantes desde que comenzaron las movilizaciones opositoras el 1 abril. Durante los más de 50 días de protestas, el saldo de personas fallecidas alcanza también 50, que se suman a las más de 800 heridas y casi 2 mil detenidas. Respecto a este último caso, preocupa el hecho de que 14 personas hayan sido presentadas para ser juzgadas por Tribunales Militares, como era habitual en la época de las dictaduras militares en América Latina en los 70. Casi 50 años después, pero esta vez en “democracia”, la historia se repite; y pese a que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es clara en su artículo N° 49, al señalar que todos deben ser juzgados por su juez natural -en este caso, civiles-, una vez más se violará la Carta Fundamental y estos detenidos serán procesados por la justicia militar acusados del grave delito de protestar por sus derechos.

Pero los abusos de poder y el pisoteo a la Constitución no terminan acá. Otra de las (malas) decisiones tomadas por el Gobierno de Nicolás Maduro recientemente dice relación con el despido de la ministra de Salud, Antonieta Caporale, apenas tres días después de que su repartición presentara un informe en donde se registra un incremento considerable en la mortalidad infantil, mortalidad materna y epidemias entre 2012 y 2015. Sin duda el documento representa una mala publicidad para el Gobierno, pues según la prensa oficialista no existe tal crisis sanitaria, política ni social, por lo que resulta “lógico” querer neutralizar voces que digan lo contrario.

Por si fuera poco, acaban de salir a la luz pública antecedentes que vinculan a Nicolás Maduro, en su época de ministro del Interior, con el pago de 11 millones de dólares en negro para la campaña del entonces candidato presidencial Hugo Chávez, en 2012. Según fuentes policiales, este pago se habría efectuado a una famosa pareja de publicistas brasileños, Mônica Moura y João Santana, involucrados en el escándalo de corrupción Odebrecht. De esta forma, con dinero de la llamada “caja 2” (no declarado), Maduro habría hecho un aporte sustancial al triunfo y posterior continuidad del chavismo que hoy tiene al país al borde del caos.

Lo anterior, sumado al anuncio del retiro de Venezuela de la OEA y la convocatoria a una Asamblea Constituyente hecha a un sector eternamente agradecido por las ayudas de un Gobierno clientelar, ha hecho encender aún más las alarmas internacionales. Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un enérgico llamado a garantizar la vida e integridad de los manifestantes. Instó al Gobierno de Maduro a cumplir con sus “obligaciones internacionales” y a facilitar las protestas garantizando la vida e integridad de los manifestantes. A este llamado de atención también se ha sumado el de la Unión Europea, que hace exactamente un año hacía ver la importancia de llegar a un consenso interno para evitar una escala en el conflicto político de aquel entonces. Los 28 pidieron que “todos los agentes políticos y las instituciones de Venezuela trabajen de forma constructiva en pro de una solución a la crisis, basada en el respeto de los derechos humanos y la separación de poderes, así como acordar un calendario electoral para que el pueblo de Venezuela pueda expresar su voluntad de manera democrática”.

El actual es un complejo proceso de cambio. Hasta el momento nadie sabe si para bien o para mal, ya que la porfía de Maduro para no reconocer la gravísima crisis ni tomar medidas concretas para paliar la situación no hace más que confirmar su adicción al poder y reforzar las brutales conductas dictatoriales. El aparato institucional está resquebrajado. Quienes tenemos acceso a una prensa que procura entregar información verídica, imparcial y libre de cualquier censura, vemos lo irrisorio de que el Presidente aún llame democracia a su Gobierno, a pesar de que en la realidad ha suprimido la separación de poderes y es el principal responsable del hambre, la violencia y la inagotable represión a su pueblo.

La historia tiene memoria de poeta, y Maduro se está plasmando día a día en ella como el Comandante de una oligarquía que no solo ha destruido Venezuela, sino que además lo incluirá en un nuevo capítulo de las dictaduras latinoamericanas.

 

Natalia Farías, investigadora Centro de Estudios Bicentenario